El 1 de abril, la Cámara Departamental de Construcción de Santa Cruz informó en una nota de prensa que entre 2007 y 2015 el 72% del monto de obras que se contratan en el país fue ejecutado por empresas extranjeras, enfatizando que las compañías nacionales no se encuentran en igualdad de condiciones para participar en los procesos de contratación licitados por las entidades públicas. Asimismo, afirmaba que si bien los procesos de contratación son adjudicados a empresas extranjeras, al final las empresas nacionales ejecutan el 90% de la obra a través de la subcontratación.
Sobre el particular, huelga aclarar que, según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el monto de obras ejecutadas por empresas extranjeras desde 2007 hasta 2015 solo representa el 20% del total. Dicho aspecto es reflejo de la normativa de contrataciones nacional, que a nivel de América Latina es la que se encuentra más orientada en apoyo del empresariado nacional.
El Estado Plurinacional de Bolivia, procurando apuntalar sus empresas nacionales y dejando de lado prácticas internacionales en materia de contratación pública, ha adoptado políticas públicas de corte horizontal y vertical en favor de los proponentes locales, los cuales muchas veces, a pesar de dichas ventajas, no está en la capacidad de responder a la demanda y los requerimientos para los grandes proyectos que viene encarando el Gobierno Nacional, aspecto que explicaría ese 20% de ejecución a cargo de empresas extranjeras.
Por otra parte, se debe enfatizar que el 19 de febrero el Gobierno suscribió un acta de entendimiento con representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), de la cual forma parte la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz). En dicha acta se acordó dar una mayor participación a las empresas nacionales en la ejecución de obras públicas a través de las siguientes medidas: modificaciones al Decreto Supremo 0181; contratación por tramos de tal manera que compañías nacionales puedan participar en contrataciones en gran envergadura; incremento del 25% al 40% del monto total del contrato orientado a la subcontratación de empresas nacionales; elegibilidad del tipo de garantía a cargo de proponentes y proveedores; sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en contratos de ejecución sucesiva por avance de obra, permitiendo a las empresas contar con flujo de efectivo para invertir en el proyecto que se encuentra ejecutando y/o encarar otros emprendimientos; pago de planillas sin demora y el uso de planillas como instrumento de crédito para financiamiento de las empresas constructoras.
Todas estas medidas se vienen gestionando ante las instancias competentes dependientes del Órgano Ejecutivo de manera adicional a las políticas de apoyo que se han impulsado desde la gestión 2006. Por lo que, desde un punto de vista meramente normativo, se puede concluir que se han generado y se vienen generando políticas públicas en favor del empresariado nacional, cuidando no afectar las inversiones extranjeras, que son resultado de la participación de empresas foráneas en los procesos de contratación.