Son ya clásicas las fotos de las protestas incendiarias —y la represión policial— de la gente contra los “ajustes” promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en muchos países. La furia es genuina, ya que suele promover despidos, recortes de sueldos y la subida de impuestos; además de ser bien aprovechada por la izquierda.
Ahora bien, este organismo (multi)estatal es hipócrita al decir que los gobiernos deben reducir sus gastos mientras les facilita dinero que evita que se vean forzados a recortarlos. Por cierto, los burócratas del FMI se presentan como promotores de una economía de mercado, cuando en realidad un mercado natural no admite bancos estatales, de modo que deberían empezar por “privatizarse” ellos mismos.
Veamos el reciente caso de Argentina. Los “conservadores” que gobiernan proponen políticas que convienen al establishment, conservando privilegios: oligopolios, como el financiero; prebendas, como el crédito barato apalancado desde el Estado, etc. Debido a políticas antimercado, en particular al aumento de la presión fiscal total (es decir, de la carga impositiva), la inflación y las tasas de interés, el país sufrió semanas atrás una crisis que le hubiese forzado a virar hacia una economía de mercado de no ser por el salvataje del FMI.
Dada la crisis, el keynesiano FMI asegura que es necesario un “ajuste” que sería “doloroso”. Esto es falso, incoherente, ofende a la lógica (¿lo malo trae lo bueno?) y peligroso, porque provocaría el rechazo frontal de la sociedad, que terminaría apoyando políticas más estatistas, de izquierda o de derecha. Enarbolan la falsa idea de que los males parten del déficit fiscal. Entonces, proponen recortar el gasto estatal (recortar sueldos, empleados y los montos de las pensiones) y aumentar impuestos. Medidas que, en estas circunstancias, aumentarían el desempleo y bajarían el salario real.
Pero el problema no es el déficit fiscal en sí mismo, sino la manera cómo se lo financia. Ya que si se lo hace con exagerada emisión monetaria, con endeudamiento y/o el incremento de los impuestos, la economía cae, como ha venido sucediendo. De modo que lo que hay que reducir es el modo negativo de financiamiento estatal. Por ejemplo, eliminando gastos superfluos (cargos y sueldos políticos, obra pública, etc.), desregulando la economía de modo que se expanda, aumentando la recaudación sin subir la presión fiscal, y lo que quede del rojo fiscal puede solventarse con privatizaciones.
Para que las privatizaciones sean políticamente viables, hay que empezar por vender las innumerables propiedades estatales de bajo impacto en la opinión pública; y luego privatizar de manera “popular” al estilo de Margaret Thatcher, entregando acciones de las empresas a los empleados.
Compensado el déficit de modo genuino, al bajar la inflación y el endeudamiento estatal, el PIB crecerá. Ahora debe desregularse aún más toda actividad económica, liberando la creatividad del mercado. Y, fundamentalmente, debe desregularse la actividad sindical, quitándole la fuerza política para que los sindicatos sean mutuales de ayuda al obrero. Asimismo deben eliminarse las leyes laborales, y esto, sumado al crecimiento genuino de la economía, provocará un aumento en la demanda privada de mano de obra, absorbiendo —sin despidos— a los empleados públicos. Entonces podrá reducirse fuertemente la carga fiscal, potenciando más el crecimiento de la economía, lo que a su vez debería aprovecharse para desregular —y privatizar— el sistema de pensiones.