Semanas después de que un jurado de EEUU fallara en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de su exministro Carlos Sánchez Berzaín por ocho asesinatos cometidos por miembros de las FFAA en octubre de 2003 en El Alto en el marco de una acción civil sustanciada en Florida, el juez a cargo del caso, James Cohn, dictó días atrás sentencia en firme revirtiendo el fallo de jurado y rechazando el pago de $us 10 millones de indemnización a los demandantes.
En criterio del juez estadounidense, los demandantes no deberán ser indemnizados porque no hay pruebas suficientes de que los acusados hayan sido responsables de las muertes que motivaron la demanda, y porque no vio evidencia de un “plan concebido para matar civiles”, en el marco de la “guerra del gas”. Una de las abogadas estadounidenses que impulsó la acción civil anunció que apelarán la sentencia, pues en su criterio el jurado había llegado a una conclusión correcta.
A su vez, el abogado boliviano que representó a las víctimas de octubre de 2003 lamentó la decisión del Cohn, afirmando que en todo el proceso fue evidente su interés por favorecer a los demandados, citando por ejemplo el hecho que el juez pidiese como prueba una orden escrita para la masacre, pese a los testimonios orales presentados durante el juicio. Se trata, pues, de una frustración no solo para las víctimas, sino también para toda persona que espera que el expresidente y su principal colaborador paguen sus deudas con la Justicia.