En Bolivia existen 51 recintos penitenciarios con capacidad para albergar a 5.805 reos. Sin embargo, según datos de Régimen Penitenciario, al menos 18.739 personas se encuentran recluidas en las cárceles (19) y carceletas (32) nacionales. Es decir, que la capacidad carcelaria del país se ha visto más que triplicada, con todos los males y riesgos que tal hacinamiento conlleva.
Por mencionar solamente algunos ejemplos, la cárcel de San Roque, ubicada a cinco cuadras de la plaza central de Sucre, fue construida para albergar a 80 personas, pero actualmente cobija a 450 reos, según advierte la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca. A raíz de esta situación, los mesones que en el día son utilizados para comer se convierten en la noche en camas improvisadas, donde descansan gran parte de los reos. Y lo propio ocurre en el penal de San Pedro, construido hace más de 100 años en la ciudad de La Paz para 300 reclusos. Pero hoy la población sobrepasa los 2.200 internos, muchos de los cuales, más de 200, carecen de una celda propia, lo que los obliga a vagar durante el día y a dormir en los pasillos durante la noche, siempre y cuando encuentren un sitio libre.
Además de la ausencia de celdas individuales, las cárceles cuentan con muy pocas letrinas y duchas, de allí que los reclusos deban hacer largas filas para bañarse y/o entrar al baño. En cuanto a la alimentación, el prediario de Bs 6,60 que se destina para cada uno de los internos alcanza solo para el almuerzo; situación que se refleja en los elevados índices de desnutrición y problemas de salud, especialmente entre quienes carecen de recursos y los niños que viven con sus padres tras las rejas.
Mención aparte merece la inseguridad que impera en estos recintos, al extremo de que se han registrado casos de explotación sexual de niñas dentro de las celdas, pasando por el hallazgo del cuerpo de una mujer enterrada en la celda de su exmarido, hasta rencillas entre bandas rivales que se han saldado con decenas de muertos. Todo esto en el penal cruceño de Palmasola, el más grande y más poblado del país.
De allí la importancia de insistir no solo en la necesidad de construir más y mejores penales, como ha planificado el Gobierno, sino también y sobre todo de subsanar los principales factores detrás de este insostenible hacinamiento carcelario: el uso arbitrario y excesivo de la detención preventiva; figura legal que, como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades en este mismo espacio, debería ser utilizada solamente en casos extremos, cuando exista peligro de fuga o cuando el acusado pueda entorpecer el proceso, y no como una norma, tal como hoy ocurre.
A lo que se suma una enorme carga procesal que se acumula geométricamente por la bajísima cantidad de casos resueltos (vgr., en 2013 se iniciaron 250.000 procesos penales en Bolivia, pero solo se resolvieron 611 casos); lo que revela una evidente falta de vocación entre los jueces y fiscales por la pronta justicia.