Bolivia es un país por esencia amazónico (el 65% del territorio nacional pertenece a la cuenca amazónica). La dinámica de cambios detectada desde 2000 hasta 2017 (18 años) indica que las formaciones vegetales de la Amazonia (bosque, arbustos y/o pastizales, entre otras) se han transformado en un 5%; cambio que en términos de superficie representa la pérdida de 3,6 millones de hectáreas forestales. El uso de suelos para la agricultura y la ganadería se ha incrementado en 122%, pasando de 3 millones a 6,7 millones de hectáreas. Estos datos ubican a Bolivia en el segundo país con mayor transformación de la Amazonia después de Brasil; siendo la ganadería el principal motor principal de la deforestación reciente.

En los últimos días se firmó un protocolo de requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para consolidar la exportación de carne de res boliviana al mercado chino. Mientras la industria celebra, también se disparan las alarmas para el sector ambiental. Y hay razones suficientes para disparar las alarmas. Miremos el ejemplo de Brasil que el año pasado rompió récords de exportación de carne: 1,6 billones de toneladas.

China es el mayor comprador de carne brasileña. La deforestación en el país vecino también se ha incrementado significativamente en los últimos años, y lo que preocupa es que los impactos de la destrucción de la Amazonia no están necesariamente vinculados con el desarrollo económico. De hecho, estudios recientes evidencian que la producción agrícola en los bosques amazónicos puede ser extremadamente ineficiente en términos de uso de la tierra.

Se desconoce si el mercado chino está o no comprometido con la deforestación y la cadena de producción de carne. Las alarmas no buscan que las empresas chinas o de otros países dejen de comprar este producto debido a los altos índices de deforestación, sino hacer que las empresas impulsen cambios en la cadena productiva de la carne que impidan la deforestación.

Las oportunidades para el agronegocio con la posible exportación de carne a China y Rusia deberían venir acompañadas con una serie de medidas estructurales que impulsen una producción sostenible de carne en el país. Siguen siendo tareas pendientes el fortalecimiento de las entidades encargadas del monitoreo de la deforestación, el control y la fiscalización del cumplimiento de la normativa forestal, y la promoción de una producción más eficiente. Es decir, medidas que permitan aumentar la carga animal, así como la promoción de buenas prácticas ganaderas y la construcción de un sistema de trazabilidad, entre otros temas urgentes.

* Directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Este 2019 trae consigo varios desafíos ambientales en un año electoral en Bolivia. La agenda ambiental no será el centro de atención de los candidatos, ni tampoco se constituye en una demanda ciudadana a la hora de evaluar las propuestas electorales o los programas de gobierno. A esto se suma un escenario internacional complicado. En los últimos meses, algunos ministerios de medioambiente de los países vecinos han sufrido la intromisión de los sectores agrícola, petrolero y minero. Mientras la deforestación en la región sigue en aumento, la agenda política regional propone simplificar las licencias ambientales y aligerar la carga fiscal de los productores rurales. Estas señales evidencian que la agenda política extractivista estará por encima de la agenda ambiental sustentable.

En Bolivia se prevén complicaciones por la exportación de gas, el principal ingreso económico del país. Esto podría significar una simplificación de los requisitos ambientales para poder cumplir las metas de exploración y explotación. A ello se suman las presiones de sectores fuertes como los cooperativistas mineros, quienes exigen poder operar dentro áreas protegidas y la simplificación de las licencias ambientales.

Alcanzar la meta de deforestación ilegal cero hasta 2020 sigue siendo un gran desafío. Mientras la deforestación sigue incrementándose en Bolivia, existe una evidente no-articulación intersectorial en la agenda de tierras y bosques. La lucha por preservar nuestros bosques no es tarea de una sola institución, necesita ser abordada de manera transversal e intersectorialmente por todo el Estado.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Se ha advertido incansablemente que si no se toman medidas drásticas hoy, será más difícil y mucho más costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. En Bolivia el financiamiento climático aún es bajo y la adaptación al calentamiento global se da solo a través de iniciativas puntuales; no existe una transversalización en las agendas de desarrollo local, y aún tratamos el tema como la atención a desastres.

Con el desarrollo industrial y el crecimiento demográfico, las principales ciudades del país se expanden aceleradamente, y con ello también se deteriora su calidad ambiental. La escaza cobertura vegetal y las funciones ambientales de las cuales dependen las ciudades están sujetas a una presión cada vez mayor por causa de la contaminación. Urge repensar la planificación urbana considerando los temas ambientales.

La agenda de desarrollo principalmente extractivista, la deforestación, el cambio climático y el desarrollo urbano son tan solo algunos de los desafíos ambientales que los ciudadanos deberíamos tener en la mira a la hora de tomar de decisiones en un año electoral.

* Directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Cerca del 30% de la superficie de la Tierra está cubierta de bosques, y aproximadamente 1.600 millones de personas dependen de ellos. Sin embargo, cada año se pierden 12 millones de hectáreas de áreas forestales en los trópicos, debido a su destrucción o degradación permanente. En Bolivia, los bosques abarcan aproximadamente el 44% del territorio (48,5 millones de hectáreas); y se estima que hasta 2015 fueron deforestadas al menos 6,3 millones de hectáreas.

En 2017 se consolidaron varios compromisos internacionales para la restauración de paisajes. Este proceso es entendido como la “planificación que busca recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes boscosos deforestados o degradados” (Mansourian 2005). Este avance fue posible gracias a los acuerdos asumidos por los gobiernos para cumplir metas globales (Desafío de Bonn), compromisos vinculantes como los suscritos en el Acuerdo de París, metas nacionales (Indc), e iniciativas internacionales para preservar la biodiversidad y los recursos naturales (Metas de Aichi, etc.), entre otros.

En Bolivia, la Ley de la Madre Tierra define la restauración como “el proceso planificado de modificación intencional de una zona de vida o sistema de vida alterado, con el objetivo de restablecer la diversidad de sus componentes, procesos, ciclos, relaciones e interacciones y su dinámica, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño causado”. Además, explícita metas para incrementar la cobertura boscosa en 4,5 millones de hectáreas para 2030 a través de programas de forestación y reforestación. No obstante, la puesta en práctica de estos mandatos ha sido baja, y no se percibe como una necesidad nacional. Claro ejemplo de ello es la ausencia de coberturas boscosas significativas en las tierras bajas y en los Yungas de La Paz.

Los deficiencias más evidentes en este tema incluyen la falta de claridad entre el enfoque de reforestación y el de restauración de paisajes; el desconocimiento en la sociedad respecto a los beneficios de la restauración, así como la ausencia de información y conocimiento sobre biología y propagación de las especies vegetales. El plantar millones de árboles no basta para garantizar la restauración de paisajes, cuyo fin último es el de recuperar ecosistemas y optimizar el uso de la tierra. Se necesitan investigaciones y estudios que nos permitan enfrentar los desafíos conceptuales y prácticos en el contexto de la gobernanza de los bosques.

Estamos ante un momento climático crítico, por lo que debemos buscar de manera prioritaria formas para revertir la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad y del capital natural, reduciendo la deforestación y a la vez restaurando paisajes deforestados y/o degradados.

En el siglo XVIII un economista llamado Thomas Robert Malthus expuso una teoría en la que afirma que si la población humana continuara creciendo, la producción de alimentos no podrá mantenerse al ritmo de la demanda, ya que se necesitaría más tierras cultivables, que es un recurso fijo y, por lo tanto, no habrá suficiente comida para todos. El resultado, advirtió, sería una terrible hambruna que mataría a muchas personas. En términos ecológicos, Malthus argumentaba que la población humana estaba en riesgo de superar su capacidad de carga (la cantidad de individuos que pueden ser respaldados por un hábitat específico).

Ester Boserup (1910-1999), economista danesa especialista en desarrollo de la agricultura, argumentó que la amenaza de la inanición y el desafío de alimentar cada vez más bocas motiva a las personas a mejorar sus métodos de cultivo e inventar nuevas tecnologías para producir más alimentos.

En efecto, la innovación tecnológica ha logrado resolver problemas ambientales serios, como en su momento fue la creación del automóvil para responder a los problemas que el caballo, como medio de transporte, significaba en el siglo XIX, debido a la cantidad de externalidades negativas que producía, incluyendo las emisiones contaminantes del estiércol que ponían en peligro el medio ambiente y la salud de los habitantes de grandes ciudades.

Pero en Bolivia seguimos pensando que la expansión de la frontera agrícola o la revisión de los límites de las reservas forestales van a impulsar el crecimiento de nuestro sector agropecuario. El tema de tierras y derechos de propiedad son elementos importantes de cualquier estrategia para impulsar el sector, pero necesariamente deben ir acompañados con medidas complementarias que consideren las cuestiones ambientales y el desarrollo integral y sustentable del país.

Aparte de la introducción de transgénicos, no se están tratando adecuadamente las innovaciones tecnológicas necesarias para mejorar la productividad de este sector, uno de los más bajos de Latinoamérica. Urge poner en la agenda la necesidad de fortalecer las entidades dedicadas a la investigación agropecuaria y a la articulación de los distintos dispositivos científico-técnicos dedicados a la innovación de los sistemas productivos agrícolas para mejorar el sistema de producción y productividad.

A medida que los ambientalistas, científicos y políticos modernos debaten el futuro del clima y los recursos del mundo, debemos esperar que Boserup tenga razón, al creer que los seres humanos somos capaces de un ingenio notable frente a un problema. Debemos ser capaces de garantizar la subsistencia en el planeta.

* es directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Del 6 al 7 de noviembre se llevó a cabo la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bonn, Alemania (COP23). El lunes pasado se levantaron las cortinas con el mensaje “es hora de actuar”. En la conferencia se trataron asuntos relacionados con la operatividad del Acuerdo de París, que deberá completarse hasta la COP24, prevista para 2018.

La semana pasada se caracterizó por un clima frío con muchas nubes negras. Y no solo en la ciudad de Bonn, sino también en las salas de negociaciones. Se notaron muchas divisiones en los grupos informales de las negociaciones, y lamentablemente el impulso y las acciones alentadoras tomadas a lo largo de 2017 no se han mostrado hasta ahora, y se está volviendo a la generalidad en los textos para tratar de encontrar soluciones. También se reportó cierto progreso en las reglas para que funcione el Acuerdo de París y en el diseño de las condiciones en las que se revisará la ambición de los compromisos climáticos nacionales bajo el llamado Diálogo de Talanoa, a celebrarse en 2018.

Esperemos que los discursos de algunas naciones que apuntan a reducir las ambiciones ya manifestadas o a la supuesta necesidad de poder emitir mayores niveles de gases de efecto invernadero, junto a la inminente salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, no opaquen los logros alcanzados bajo el importante paraguas multilateral; así como los esfuerzos demostrados por las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales e incluso grandes empresas también presentes en esta COP23 en la lucha contra el calentamiento global.

Los deseos de París están muy lejos de las realidades de Bonn. Instamos a las delegaciones gubernamentales a trabajar seriamente sobre la elaboración de un reglamento para llevar a la práctica los compromisos adoptados en la COP21. La suma de los esfuerzos hasta el momento no es suficiente, y es desalentador para islas como Fiyi que hoy hacen un llamado de auxilio.

Veinticinco años después de la Cumbre de la Tierra en Río, el sentido de urgencia es inminente. Los países necesitan pisar el acelerador de la acción, y pasar de las experiencias piloto y los discursos a materializarlos en acciones, encaminadas hacia un cambio real para enfrentar el cambio climático y transitar hacia un verdadero desarrollo sostenible. No podemos darnos el lujo de seguir negando la evidencia científica, y peor aún, de retroceder en cuanto a los compromisos ya alcanzados en el Acuerdo de París.