Con pocos días de diferencia se publicaron en los medios locales dos noticias relacionadas con la pobreza extrema que han conmovido a la opinión pública, a tiempo de interpelar a la sociedad boliviana en general y a las autoridades en particular por tratarse de un fenómeno social creado por las personas, y por tanto es responsabilidad de todos luchar para erradicarlo.
Por un lado, nos referimos al hallazgo de una mujer de 26 años que falleció la semana pasada junto con su bebé de nueve días en la localidad fronteriza de Copacabana. Según el informe forense, la joven madre sufría un cuadro de desnutrición severo que afectó varios órganos de su cuerpo. Y esta condición se habría agravado durante el parto, que tuvo lugar el 26 de junio en su propio domicilio sin ningún tipo de asistencia médica; ya que además de perder bastante sangre durante el alumbramiento habría adquirido una infección en el útero por la retención de restos de placenta, lo que finalmente acabó con su vida. Mientras que su bebé se habría asfixiado por causa de un edema pulmonar.
Pocos días después de conocida esta tragedia, los medios de comunicación informaron sobre la internación de un niño de 13 años que pesaba tan solo 10 kilogramos en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz. En un principio, el menor fue atendido en el Hospital Holandés de El Alto. Sin embargo, debido a su precaria salud (además de desnutrición severa y deshidratación, el menor presenta parálisis cerebral) fue trasladado hasta el hospital de la sede de gobierno, donde hoy lucha por su vida.
Ambos casos, tal y como ya ocurrió el año pasado con la muerte de una niña de 12 años por desnutrición crónica en el Distrito 8 de El Alto, vienen a interpelarnos a todos los bolivianos, como sociedad y como individuos, pues la pobreza extrema es un fenómeno creado por el hombre, y es también responsabilidad de cada uno de nosotros erradicarlo.
En efecto, allí donde la miseria se vive con todas sus letras los derechos humanos son vulnerados, toda vez que esta condición no solamente se manifiesta como la falta de ingresos financieros necesarios para que las familias puedan satisfacer la alimentación, vivienda y la salud de sus miembros, sino también en situaciones cotidianas de discriminación y de violencia.
Por ello, urge repensar las políticas públicas y los valores de nuestra sociedad, de tal manera que los recursos y los esfuerzos estatales se traduzcan en políticas orientadas particularmente en favor de los miembros más desfavorecidos. Pero también para que tanto las autoridades como los ciudadanos comunes y silvestres se comprometan a luchar contra la humillación y exclusión social que enfrentan cada día las personas que viven en la pobreza.