En la Bolivia de hoy, la polarización ha lanzado por la borda cualquier atisbo de información equilibrada. Cualquiera que sea el tema elegido, de inmediato emergen dos batallones escindidos por rejas electrificadas. Hace solo semanas, por ejemplo, quien mostrara simpatías futboleras por la Presidenta de Croacia era tildado de fascista por los adoradores del Gobierno. A su vez, los opositores a Evo la instalaron en el altar de la austeridad por el sublime acto de subirse a un avión comercial y pagar sus entradas a los estadios. No hay vuelta atrás, estamos instalados prematuramente en las elecciones del próximo año.
El arbitraje desfavorable para Bolivia por la expulsión de la empresa Quiborax del salar de Uyuni en 2004 no podía ser la excepción. Hay quienes cargan toda la culpa al Gobierno, y hay quienes apuntan su dedo acusador contra Carlos Mesa como único responsable de la pérdida de más de 40 millones de dólares. El interés nacional está disuelto en el ácido de los “Bolivia dijo No” y de los “Evo for ever”. Nademos mejor a contracorriente y veamos acá lo que callamos sobre el caso Quiborax por pura conveniencia preelectoral.
i) Mesa cometió errores jurídicos “insubsanables”. El calificativo fue usado por Eduardo Rodríguez Veltzé en el Decreto Supremo 28527, por el cual trata de enmendar así sea solo para los expedientes un curso de acción que ya no podía ser revertido un año y medio después. No se revoca las concesiones mineras, se las anula. Mesa ha dicho que la Superintendencia de Minas cambió el verbo; ahora dice que sí se podía revocar. Un gobierno que no cumple sus propias leyes al expulsar a una empresa es blanco fácil de un juicio internacional.
ii) Las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dan pie a negociaciones amistosas entre las partes. Eso es normal y hasta aconsejable. La idea es que el arbitraje sea prescindible y que se impulsen acuerdos empresa-país. Que los equipos de abogados rivales se reúnan no es traición a la patria, es un deber ineludible de cualquier litigante.
iii) Bolivia usó en Washington el argumento de que en el país existe una división de poderes a fin de enjuiciar a David Moscoso y a su socio chileno por la falsificación de un acta fechada en septiembre de 2001. Todos sabemos que tal división de poderes es aparente; sin embargo, ante el CIADI aquella era una coartada útil para no hacerse cargo del enjuiciamiento y obtener pruebas en contra de Quiborax. Pese a ello, el juicio estuvo paralizado entre 2010 y 2013 porque el CIADI así lo dispuso. El Gobierno activa y desactiva juicios a discreción, eso queda demostrado.
iv) El Gobierno actual sí presentó en tiempo y forma la confesión de Moscoso sobre la falsificación cometida. Esa arma que Mesa considera infalible para abortar el juicio fue usada plenamente, pero el CIADI la invalidó el 27 de septiembre de 2012.
v) El acta falsa no le fue útil a Bolivia, porque Quiborax presentó los cheques y las acciones endosadas que demuestran que los chilenos compraron los títulos de los hermanos Ugalde antes de la expulsión. El CIADI hizo exámenes de la tinta, las firmas y el papel. Nada que alegar.
vi) El Gobierno boliviano “secuestró” (palabra usada por el CIADI) toda la documentación de la empresa demandante. Vale decir que tuvo oportunidad plena de presentar las pruebas necesarias para defenderse.
Ante todo lo dicho, no cabría preguntarse: ¿estábamos condenados a perder aquel juicio?, ¿no es el CIADI el peor campo de batalla para un Estado? Y algo más grave aún: ¿ya aprendimos a nacionalizar?