Es responsabilidad del Estado evitar, con todos los medios a su alcance, que algunas zonas del país se transformen en espacios librados a la delincuencia. Una de las funciones esenciales de las entidades gubernamentales es la de garantizar el control de su territorio y su capacidad para hacer cumplir la ley en toda su extensión.
Como bien se sabe, días atrás, en el norte de Potosí nueve funcionarios de la FELCC fueron atacados y retenidos por personas que portaban armas de fuego y que se habrían movilizado en varios vehículos. Este incidente constituye una señal inquietante respecto de los nuevos retos de seguridad ciudadana que el país está enfrentando. Sorprende la dimensión del operativo organizado para repeler a los uniformados, y aún más la aparente implicación, o al menos tolerancia, de los habitantes de los pueblos aledaños, pertenecientes a un ayllu indígena, en esta agresión.
Aunque la investigación continúa, resulta evidente que este suceso pasó en un territorio caracterizado por la creciente proliferación de negocios ilícitos, como el contrabando de bienes y autos indocumentados, tráfico de drogas y el robo de minerales. Los males, como la violencia y la corrupción, ligados a estas actividades están impactando no solo a las localidades del norte de Potosí, sino también a todo el altiplano orureño.
Hace unos meses, la presidenta de la Aduana Nacional justamente reclamó un mayor apoyo militar para reforzar sus tareas, sobre todo en el occidente del altiplano, debido a las reacciones cada vez más violentas y frecuentes contra los operativos de control del contrabando, ejecutadas por bandas criminales organizadas. Estos hechos ponen en relieve un escenario de criminalidad compleja, muy violenta y cada vez más organizada; la cual al parecer busca controlar ciertos territorios para poder actuar con impunidad.
La vinculación de estas estructuras criminales con las comunidades y la población civil constituye otra arista igualmente preocupante, aunque no debería sorprendernos, pues este fenómeno habitualmente suele ocurrir cuando este tipo de delincuencia se desarrolla en alguna zona. Las imbricaciones sociales y territoriales del crimen organizado plantean un reto inmenso a las fuerzas del orden, y podrían modificar el cariz de la violencia, del conflicto social e incluso de la política local en varias partes del país. Basta ver cómo este tipo de situaciones han impactado en México, Colombia y Centroamérica.
Ya no es posible soslayar ni subestimar estos fenómenos, se requiere una acción contundente, oportuna e inteligente de parte del Estado. No se puede admitir la consolidación de ninguna zona liberada de la ley y de la presencia estatal en el país. Urge reforzar y mejorar la capacidad de las fuerzas policiales y de inteligencia para poder encarar estos preocupantes retos.