Políticamente, el problema histórico del país, desde de su constitución como República independiente, ha sido el carácter del Estado. Porque éste nació como un ente de brazos cortos y se reprodujo de ese modo. La evidencia fundamental de ese Estado dinosaurio fue el desmembramiento territorial que sufrió el país, y la falta de integración de sus diversos y desiguales súbditos. Irónicamente ese Estado lo fue todo: garante, protector, proveedor, enemigo del movimiento social, fuente de privilegios, botín y recurso de sobrevivencia. Por esa contradicción, el Estado era demasiado poco Estado para un gran territorio de condiciones diversas y adversas. Por ello, todos los procesos históricos políticamente relevantes apuntaron hacia su modificación, control o reforma. En 2007, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) produjo un análisis al respecto bajo el título “El estado del Estado en Bolivia”.
La realización de una Asamblea Constituyente auguraba el remozamiento de ese Estado, pero la aprobación de un nuevo texto constitucional en un clima sombrío dio cuenta del fin de esa utopía. Sin embargo, el Estado de ahora no es en muchos sentidos comparable al Estado de antes; lo que no quiere decir que no mantenga rasgos históricos, puesto que sus órganos de gobierno se han mantenido inalterados, aunque adquiriendo otros nombres. Otros se han institucionalizado, sobre todo aquellos niveles de gobierno de carácter subnacional, aunque como producto también de reformas anteriores, como la que provocó la Ley de Participación Popular. Además, en un tiempo en el que las organizaciones internacionales obligan a los Estados a adoptar medidas conjuntas para asegurar un mínimo bienestar de sus ciudadanos, los gobiernos son forzados a modificar sus reglas.
No obstante, uno de los aspectos que parece mantenerse en el tiempo es la separación entre sociedad y Estado, la cual de hecho parece agravarse por la continuación de aquellas viejas formas políticas organizativas como el presidencialismo, y aquello que para el caso mexicano se denominó “el estilo personal de gobernar”. Es decir, el fenómeno de la personalización de la política. Mal combinado, el Estado (con defectos históricos), el presidencialismo y el personalismo político podrían derivar en un resultado perverso. Dos hechos ocurridos hace algunas semanas en el país pueden ejemplificar esa posibilidad.
El 19 de julio, en plena movilización de los enfermos con cáncer, durante la firma de un millonario contrato para la construcción de un “moderno instituto de gastroenterología” de La Paz, el presidente Evo Morales se preguntó: “¿Por qué ahora aparecen hermanas y hermanos con problemas de cáncer?”. Y se respondió: “Tal vez no hemos previsto por falta de orientación, recién ahora (estamos) invirtiendo en hospitales. Perdonen mi sinceridad, si hace seis u ocho años algunos hermanos médicos o expertos en medicina nos hubieran dicho ‘va a crecer este problema de cáncer’, ya hubiéramos terminado” (La Razón, 20.07.2018).
Días antes, el 9 de julio, Página Siete publicó un reportaje acerca del estado del “nuevo” mercado Lanza, a ocho años de su inauguración, calificándolo como insalubre, inseguro y como un espacio en estado de agonía. El reporte indicaba que “tras una inspección, el presidente del Legislativo municipal había afirmado la necesidad urgente de su intervención”.
En términos de lo argumentado, ambos casos dan cuenta de que la sociedad yace todavía lejos del castillo de cristal de los organismos gubernamentales del Estado, y que quienes los dirigen reposan encapsulados, pues parecen desconocer las necesidades de su sociedad, lo cual parece aberrante, aunque normal en nuestra vieja historia política.