En su edición del 3 de junio, el suplemento Animal Político nos trae una entrevista al profesor argentino Nestor Kohan, invitado por la Vicepresidencia para la presentación del libro Comunidad, nacionalismos y capital. Marx 200 años. Textos inéditos (una primicia mundial, a decir de sus impulsores). En primer lugar, huelga señalar que el estudioso argentino no atraviesa por un buen momento en el panorama latinoamericano, sobre todo en una época en la que las interpretaciones del “marxismo del siglo XXI” están desprestigiadas a nivel mundial.

Y es que no solo resulta inoportuno reivindicar las consignas del chavismo como contribuciones al marxismo, sino también equivocado. El mismo intento de resaltar a Evo como un campesino originario que llegó para manejar el Estado boliviano como una expresión genuina que tiene relación con los postulados marxistas es una simplificación, con un tufillo a oportunismo barato. El impacto deseado de publicar escritos inéditos de Marx en un “paisito” como Bolivia, en palabras del propio entrevistado, representa solo eso: otro acto oportunista que intenta encontrar notoriedad mundial con un evento de dudosa veracidad.

Lo que nos plantea Kohan tampoco es muy novedoso, ya que su coterráneo Enrique Dussel, creador hace tres décadas de la Filosofía de la liberación, obtuvo notoriedad gracias al postulado posmodernista de que muchos caminos son posibles para obtener la nueva sociedad pergeñada por Marx; y que la evolución (sociedad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo) era un cliché de los marxistas mecánicos.

Estamos por terminar el ciclo de las experiencias “socializantes” en el que los étnicos (o los desamparados de la tierra) fueron transformados en el sombrero de los prestidigitadores del marxismo del siglo XXI, en las “reservas morales” de la sociedad; y lo único que se ha logrado es destruir la economía de los países y crear nuevas burguesías a costa de un hipotecado futuro. En pocas palabras, el planteamiento no solo ha dejado de ser novedoso, sino que además está totalmente desprestigiado.

Finalmente, lo más preocupante en la conducta de estos “investigadores” es el buscar y rebuscar en los viejos escritos de Marx (como si intentasen encontrar el anillo de oro en el baúl de la abuela) las respuestas para los problemas de la realidad actual. Una realidad totalmente distinta a la que vivieron los clásicos y a la que los “dizque marxistas actuales” no se atreven a darle respuesta.

En efecto, la nueva sociedad cibernética que está impulsando cambios en la conceptualización de la clase obrera; la conversión de la democracia en la consigna revolucionaria de la época (en contra de la trasnochada consigna de la “dictadura del proletariado”); los robots inteligentes que, como nuevos instrumentos de producción en posesión de las élites, podrían impulsar la deshumanización de la sociedad; el advenimiento de la informática como instrumento de control de la eficiencia del trabajo de los individuos y su posibilidad implícita de limitación de la codicia humana; la superinformación y la superplanificación que exigen los gobiernos mundiales; así como las modificaciones en las concepciones morales y éticas de la sociedad son fenómenos de la realidad actual, que se encuentran fuera de la visibilidad de estos teóricos que se esfuerzan en aparecer como los nuevos fariseos del marxismo.

El 1 de mayo, el Gobierno anunció la promulgación de dos importantes normas para el sector minero: la ley contra el avasallamientos y otra sobre concesiones mineras. Aunque todavía no se conoce el texto íntegro de estas normas, es indudable que serán leyes cortas que exigirán reglamentos complementarios. La Ley de Avasallamientos de Propiedades Mineras, disposición reclamada por la mayor parte de los operadores del sector (empresarios y cooperativistas), es sin duda un importante paso para estabilizar los trabajos de explotación y proporcionar seguridad a las futuras inversiones, y seguramente será aplaudida por los sectores interesados.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, declaró: “Hecha la ley, hecha la trampa”, luego agregó que lo fundamental es la reglamentación. Estas declaraciones son una muestra de que su sector no quiere que se califique como avasallamiento la acción de los cooperativistas frente a las propiedades de Comibol o de otros operadores privados. Su preocupación radica más bien en la invasión que ellos sufren por parte de los comunarios; una conceptualización evidentemente unilateral.

A su vez, los mineros sindicalizados manifestaron dudas respecto a las leyes promulgadas, pese a que ellos han sido los más afectados en la toma de minas. Fácilmente se puede inferir que esas declaraciones no obedecen a posiciones de principio de esta agrupación proletaria, sino a su posición enfrentada con el Gobierno que, dicho sea de paso, muestra la desorientación de los dirigentes de la otrora “gloriosa Federación de Mineros”.

Como menciona el propio Presidente, la aprobación de la ley que autoriza que sea la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera quien se haga cargo de forma transitoria de la firma de contratos mineros, responde a un pedido de las cooperativas para que se les adjudique nuevas áreas de trabajo. Por ello, Santos saluda esta promulgación. Pues evidentemente esta disposición favorece casi exclusivamente a los cooperativistas, quienes suponen que las condiciones de arrendamiento serán las mismas de hoy en día (recordemos que los cooperativistas pagan como canon de arrendamiento a Comibol sólo el 1% del valor neto de venta de su producción).

Para cualquier otro operador minero, tal disposición sólo puede ser una muestra de que el Gobierno por fin ha decidido marchar en alguna dirección. No obstante están lejos de saludar la medida, porque no saben qué se les exigirá como contribución. Recordemos que, según las declaraciones oficiales, uno de los objetivos de la norma es que los operadores privados entreguen el 55% de sus utilidades a Comibol. Si tal monto debe ser entregado luego de las regalías y de todos los impuestos que ya se pagan, es indudable que nadie estará interesado en obtener un contrato minero. Urge, por tanto, que el Gobierno promulgue las disposiciones colaterales que se refieran a este tema.

Sin embargo, se puede inferir que la aprobación de estas disposiciones indica que, ante el estancamiento que sufre la discusión de la ley minera por los diferentes intereses en juego de los empresarios privados, cooperativistas y representantes de los trabajadores sindicalizados, el Gobierno ha decidido flanquear el empantanamiento aprobando leyes cortas, que muestran primero la visión gubernamental —real y actualizada— en materia de minería, dejando que la ley minera se vaya ajustando a sí misma con todas estas disposiciones transitorias.

Colquiri es el segundo gran conflicto que protagonizan asalariados y cooperativistas. En Huanuni (2006), que fue el primero, el Gobierno encontró una solución apegado a uno de sus principios: la recuperación de las empresas estatales. Aunque la medida fue muy valiente, no dejó de ser un enorme sacrificio para la empresa estatal Comibol, que tuvo que trabajar la mina con un contingente que alcanzó las 5.000 personas.

Por el otro lado, el reconocimiento de la importancia del sector cooperativo como generador de empleo y de divisas condujo al actual Gobierno a proporcionarles espacios importantes en la Asamblea Plurinacional, espacios en el directorio de Comibol, a crear instituciones de fomento, para  finalmente rematar en el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política del Estado. En esta línea se pensaba que, con intermediación gubernamental y una reglamentación adecuada, podría devolvérseles una buena parte de sus contribuciones impositivas, para que sean utilizadas en las mejoras organizativas tan necesarias para el sector. Pero la ley minera y sus reglamentos quedaron en el limbo por oposición de los propios cooperativistas.

 Posteriormente, las urgencias y emergencias de la política diaria hicieron que se perdiera el rumbo; y la medida heroica adoptada (al no ir acompañada de otras posteriores, que descongestionaran paulatinamente el hacinamiento laboral en Huanuni) se convirtió en la determinación de mayor irracionalidad administrativa y técnica asumida por el Gobierno; y estampó la imagen de que la empresa estatal es  fuente de empleo para unos cuantos, y no la empresa que genere excedentes para todos los bolivianos.   

Transcurrido el tiempo, el Gobierno comenzó a actuar con políticas dadivosas y populistas hacia las cooperativas, sin fijarles obligaciones para su propia superación, por lo que sus demandas se encaminan permanentemente a exigir nuevas áreas de trabajo con condiciones cada vez más favorables, como son las  áreas que pertenecen a la Comibol, con reservas reconocidas y preparadas.

Por todo lo indicado, aquí no se trata de un conflicto simple entre los cooperativistas y asalariados al que se le pueda aplicar una solución “salomónica” (Decreto Supremo 1337); está en juego toda una concepción sobre la economía plural. En otras palabras, es un conflicto entre un sector de la sociedad y los intereses de toda la nación.

Toda decisión política tiene que ver con una determinada correlación de fuerzas, por lo que, en el caso de las cooperativas mineras, el Gobierno se siente impotente para enfrentar sus exigencias, amén de los intereses electorales que están a la vuelta de la esquina.

En todo caso, este es un país que históricamente ha defendido a la empresa estatal, por lo que la ciudadanía está manifestando su apoyo a las posiciones de la COB  y la FSTMB. Si el Gobierno no escucha este clamor ciudadano que va in crescendo y opta por “su decisión salomónica”, ello le significará el segundo quiebre ideológico (el primero fue el TIPNIS), que terminará llevándolo por el despeñadero del mercantilismo a ultranza y del afán de enriquecimiento de algunos dirigentes de los actuales grupos corporativos que le sirven de sustento.