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Diálogo social y tripartismo

Las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores

/ 9 de agosto de 2018 / 05:07

Hace poco, con la participación de Bolivia, concluyó en Ginebra la 107ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que 5.000 delegados gubernamentales, representantes de trabajadores y de empleadores retomaron la discusión recurrente sobre diálogo social y tripartismo.

En el ámbito laboral, el diálogo social y tripartismo involucra negociación, consulta o simplemente intercambio de información y opiniones entre los tres actores (trabajadores, Gobierno y empleadores), y debe estar basado en el respeto a la libertad de asociación, a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, entre otros. Desempeña un papel importante por ejemplo en la fijación de salarios y las condiciones de trabajo, la promoción del trabajo decente, la igualdad de género, la no discriminación, la protección social, la seguridad y salud en el trabajo, el apoyo al desarrollo de las competencias profesionales, la reducción de las desigualdades, la previsión, entre otros.

Durante buena parte del siglo XX, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue incorporando el diálogo social y tripartismo en su estructura y mandato. Tras hacerlo por primera vez en 1919 en su Constitución, su pertinencia ha ido en ascenso en vista de los desafíos que hoy plantea el mundo globalizado, especialmente cuando se persigue conciliar los imperativos de justicia social, competitividad de las empresas y desarrollo económico. El tripartismo se fundamenta en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores: cada Estado nacional, mediante su respectivo gobierno; sus empleadores y sus trabajadores.

Estudios encaminados por la OIT han mostrado que los países que cuentan con instituciones de diálogo social efectivas y sólidamente establecidas lidian mejor con las crisis económicas, sociales y políticas. Dichas instituciones facilitan asimismo las discusiones tripartitas que forjan el futuro del trabajo. Así, diálogo, negociación y acuerdos entre los actores tripartitos constituyen uno de los medios más eficaces para alcanzar el progreso económico y social de los países, porque generan dinámicas sociales que fortalecen la democracia, la buena gobernanza y el respeto a las instituciones públicas.

Contrariamente, los gobiernos con sesgo hacia uno de los dos actores de la relación laboral cultivan la informalidad, el desempleo, la poca resiliencia, la desprotección social, la disminución de la renta nacional, el déficit de trabajo decente, desigualdades económicas, sociales y de género. Un reciente ejemplo vinculado ha sido el recordatorio por parte de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT sobre la ausencia boliviana de mecanismos de fijación tripartita de salario mínimo nacional en obediencia al Convenio 131 sobre la Fijación de Salarios Mínimos, ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 2120; el cual busca, en todos los países en cuyo territorio es obligatoria su aplicación, asegurar la protección de los trabajadores contra la remuneración indebidamente baja, considerando además los factores económicos, los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de mantener un alto nivel de empleo nacional.  

En este contexto, tras la finalización de la Conferencia Internacional del Trabajo, el director general de la OIT, Guy Ryder, convocó a “cultivar, proteger y practicar” el diálogo social, enfatizando en que el tripartismo “no solo aporta un valor agregado al mundo del trabajo, sino que además es un antídoto muy poderoso contra ciertas tendencias negativas que observamos en el discurso político y el debate público”.

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Trabajo decente

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de la persona durante su vida laboral.

/ 2 de noviembre de 2018 / 03:28

El 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Trabajo Decente, fecha que es aprovechada para evaluar los esfuerzos de los actores laborales (trabajadores, Estado y empleadores) destinados a materializar los objetivos que impulsan dicha conmemoración.

Conviene comenzar con algunas definiciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios necesarios para el sustento de los individuos. A su vez, el empleo es definido como el trabajo efectuado a cambio de una remuneración (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o en especie), sin importar si se trata de una relación de dependencia (empleo asalariado) o de autoempleo.

En 1999, el entonces director general de la OIT, Juan Somavía, presentó el documento titulado Trabajo Decente en el que hace hincapié en la importancia de alcanzar cuatro objetivos estratégicos en este ámbito: a) derechos en el trabajo, b) oportunidades de empleo, c) protección social y d) diálogo social. Cada uno de estos objetivos cumple una función que apunta a alcanzar metas más amplias, como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal, entre otros.

En palabras sencillas, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de la persona durante su vida laboral. Implica simultáneamente la posibilidad de acceder a un empleo productivo con un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, seguridad en el lugar de trabajo, protección social familiar, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, igualdad de oportunidades sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, así como la libertad para expresar opiniones, organizarse y participar mediante el tripartismo y el diálogo social en las decisiones que afectan su vida. Estos cuatro pilares no se construyen de forma independiente, sino que resultan de una combinación de todos ellos; pues la realización personal está relacionada no solo con el ámbito laboral, sino también con otros aspectos (familiares, sociales, espirituales, etc.).

En América Latina, estas aspiraciones y su perspectiva pueden no ser realistas, si tomamos en cuenta las estadísticas divulgadas por la OIT en la última reunión regional que se organizó a principios de octubre: limitado desarrollo laboral productivo debido a la elevada informalidad (62% del PIB para el caso boliviano, según el FMI, el mayor porcentaje del mundo); desigualdad de género y limitado diálogo social y tripartismo en los ámbitos laborales y de desarrollo productivo.

De acuerdo con la OIT, estos factores traban el desarrollo de muchas personas en América Latina. Asimismo, concluye que el mayor obstáculo para avanzar no es la economía, sino la política, debido a la polarización ideológica y debilidades institucionales agravadas por escándalos de corrupción, cuya combinación dan lugar a un círculo vicioso que dificulta el progreso.

En el caso de Bolivia, conviene destacar que el objetivo de garantizar el acceso a toda la población de un trabajo decente está muy lejos de alcanzarse, a pesar de la empatía del Gobierno con los trabajadores. Esto se debe en parte porque el sector informal es ampliamente mayoritario en el mercado laboral, y quienes lo conforman no reciben los beneficios que otorga el Gobierno anualmente, como los aumentos salariales o el doble aguinaldo; medidas que dicho sea de paso no son acordadas mediante un diálogo social tripartito.

* Abogado, especialista en temas laborales; miembro de la Mesa Laboral.

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