Diálogo social y tripartismo
Las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores
Hace poco, con la participación de Bolivia, concluyó en Ginebra la 107ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que 5.000 delegados gubernamentales, representantes de trabajadores y de empleadores retomaron la discusión recurrente sobre diálogo social y tripartismo.
En el ámbito laboral, el diálogo social y tripartismo involucra negociación, consulta o simplemente intercambio de información y opiniones entre los tres actores (trabajadores, Gobierno y empleadores), y debe estar basado en el respeto a la libertad de asociación, a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, entre otros. Desempeña un papel importante por ejemplo en la fijación de salarios y las condiciones de trabajo, la promoción del trabajo decente, la igualdad de género, la no discriminación, la protección social, la seguridad y salud en el trabajo, el apoyo al desarrollo de las competencias profesionales, la reducción de las desigualdades, la previsión, entre otros.
Durante buena parte del siglo XX, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue incorporando el diálogo social y tripartismo en su estructura y mandato. Tras hacerlo por primera vez en 1919 en su Constitución, su pertinencia ha ido en ascenso en vista de los desafíos que hoy plantea el mundo globalizado, especialmente cuando se persigue conciliar los imperativos de justicia social, competitividad de las empresas y desarrollo económico. El tripartismo se fundamenta en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores: cada Estado nacional, mediante su respectivo gobierno; sus empleadores y sus trabajadores.
Estudios encaminados por la OIT han mostrado que los países que cuentan con instituciones de diálogo social efectivas y sólidamente establecidas lidian mejor con las crisis económicas, sociales y políticas. Dichas instituciones facilitan asimismo las discusiones tripartitas que forjan el futuro del trabajo. Así, diálogo, negociación y acuerdos entre los actores tripartitos constituyen uno de los medios más eficaces para alcanzar el progreso económico y social de los países, porque generan dinámicas sociales que fortalecen la democracia, la buena gobernanza y el respeto a las instituciones públicas.
Contrariamente, los gobiernos con sesgo hacia uno de los dos actores de la relación laboral cultivan la informalidad, el desempleo, la poca resiliencia, la desprotección social, la disminución de la renta nacional, el déficit de trabajo decente, desigualdades económicas, sociales y de género. Un reciente ejemplo vinculado ha sido el recordatorio por parte de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT sobre la ausencia boliviana de mecanismos de fijación tripartita de salario mínimo nacional en obediencia al Convenio 131 sobre la Fijación de Salarios Mínimos, ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 2120; el cual busca, en todos los países en cuyo territorio es obligatoria su aplicación, asegurar la protección de los trabajadores contra la remuneración indebidamente baja, considerando además los factores económicos, los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de mantener un alto nivel de empleo nacional.
En este contexto, tras la finalización de la Conferencia Internacional del Trabajo, el director general de la OIT, Guy Ryder, convocó a “cultivar, proteger y practicar” el diálogo social, enfatizando en que el tripartismo “no solo aporta un valor agregado al mundo del trabajo, sino que además es un antídoto muy poderoso contra ciertas tendencias negativas que observamos en el discurso político y el debate público”.