En numerosas ocasiones hemos señalado en este mismo espacio la importancia de establecer mejores procedimientos para salvaguardar la vida silvestre del país y sancionar debidamente a quienes lucran con el tráfico de especies silvestres o partes de sus cuerpos, como plumas, pieles o colmillos. Finalmente, el Estado ha comenzado a mostrar resultados en estas tareas.
Días atrás, Rodrigo Herrera, abogado del Ministerio de Medio Ambiente, informó que hasta el momento se han impulsado 20 procesos penales contra 45 personas acusadas por tráfico de vida silvestre. “De ellos, 15 son extranjeros, todos asiáticos, procesados por tráfico de colmillos de jaguar”. Lo llamativo es que, en palabras del abogado, no es posible identificar el origen de todos los acusados, e incluso algunos adquirieron la nacionalidad boliviana.
De los 20 procesos penales, al menos dos sufren retardación de justicia. El primero es sobre un ciudadano chino que fue descubierto en San Borja, Beni; y el segundo es sobre una pareja en Santa Cruz. En ambos casos el proceso es por tráfico de colmillos de jaguar. Según se sabe, cada una de estas piezas cuesta cerca de Bs 500 en Bolivia, pero su valor se multiplica hasta Bs 7.000 en los mercados asiáticos. El abogado lamenta que en el caso de la pareja, en cuyo domicilio se hallaron 185 colmillos, van cuatro veces que las audiencias indagatorias se suspenden porque el fiscal asignado olvida llevar consigo las pruebas.
Según la fuente consultada, solo en el último semestre el Ministerio de Medio Ambiente logró sentencias para ocho traficantes: dos por tráfico de colmillos, una por el intento de venta de un jaguar vivo, dos por tráfico de flamencos, dos por caza furtiva de vicuñas y uno por tráfico de tortugas. El dato sirve para ilustrar la variedad de casos que deben ser atendidos. Según la Ley 1333, de Medio Ambiente, la sanción penal puede llegar hasta seis años de prisión.
Asimismo, en el seguimiento e investigación de los casos conocidos se descubrió que a menudo los traficantes operan en asociaciones delincuenciales; y en no pocos casos se identificó la complicidad de algunos comunarios de la zona para la caza de los animales cuyas partes pueden venderse.
Asimismo se sabe que parte de este comercio ilícito se produce a través de internet, donde todavía no existen mecanismos de vigilancia apropiados para identificar a los traficantes y a sus posibles clientes. Activistas por los derechos de los animales reclaman que se considere la necesidad de actuar también en el ciberespacio.
Empero, quizás lo más importante de esta lucha contra el tráfico de fauna silvestre sea la capacitación de los administradores de justicia en esta materia; pues, como ilustra una activista consultada por este diario, si un juez no puede entender la gravedad que reviste la muerte de un jaguar, es difícil que comprenda la problemática en su conjunto.