La reforma judicial no puede esperar más. Han pasado nueve años desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, 12 del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones judiciales debilitadas por sus propias acciones y omisiones frente al poder político.

A partir de allí, el criterio es que los magistrados que resulten elegidos el 3 de diciembre deberán liderar la reforma judicial, pero con el apoyo y en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no bajo un esquema de imposición o sometimiento. Las nuevas autoridades judiciales deben eliminar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional cualquier forma de injerencia. Les corresponderá también, por ser una necesidad en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.

Es posible alcanzar este reto mayor si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la Justicia y promueven la realización de este ejercicio y reconocimiento en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores deberían surgir pautas que, sumadas a las de la sociedad civil, ayuden a programar acciones que transformen en el mediano y largo plazo las condiciones críticas que hoy impiden el acceso efectivo a servicios de justicia justos y oportunos. Insistimos en que no se han impulsado reformas judiciales exitosas sin la participación activa y específica de estos sectores en el proceso de reestructuración.

La insuficiente democracia boliviana no va a mejorar si los políticos, el Gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Urge comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces pierdan credibilidad de manera creciente entre la opinión pública y que el respaldo social del que deben gozar se esté convirtiendo en rechazo y desconfianza generalizada.

Por la forma en la que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, resulta imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales, y el establecimiento de las alianzas antes mencionadas puede contribuir a ello.

Para proteger las instituciones judiciales de las presiones que hemos presenciado en los últimos años y en el pasado se necesita generar un ámbito de participación ciudadana informada que transforme (con acciones concretas), confíe y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual solo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.

Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo, respaldarlo y ya no instrumentalizarlo como ha ocurrido hasta hoy. Aún estamos a tiempo para reforzar la democracia en el país; las nuevas autoridades judiciales constituyen una oportunidad antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.

La corrupción en América Latina es un cáncer que sigue haciendo metástasis. Son varios los jefes de Estado y centenares los ministros que, en las últimas dos décadas, han sido objeto de investigación por supuesta comisión de diversos delitos. Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “altos servidores” estatales, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití. El alcance de la megacorrupción de Odebrecht, por ejemplo, llega a EEUU e, incluso, a África.

Los mayoría de los casos seguidos han tenido que ver con tráfico de influencias y lavado de activos. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de gabinetes y de presidentes como Alberto Fujimori, Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina. En la última semana, el expresidente peruano Alejandro Toledo (otro caído por Odebrecht) hizo noticia, pues pesa sobre él una orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses, mientras es procesado.

Pero, ¿acaso el centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no solo campea en sus ciudades capitales y en las altas esferas sino también en los municipios, provincias y en los departamentos o regiones? ¿Un acto de corrupción que involucra la pérdida de 3.000 soles, pesos o dólares es tan minucia que no merece mayor atención? No por su ubicación y sus montos estos casos son menos trascendentes, lo que interesa no es el monto apropiado sino la descomposición del poder político y burocrático y la tolerancia social a la corrupción en nuestros países.

Casos como Lava Jato, Odebrecht, Caval, Petrobras, Dólar Futuro, Panama Papers, petroaudios, PDVSA, Fondo Indígena, CAMC y otros ocupan espacios en la prensa nacional e internacional y como en el sistemático desfalco en la mayoría de los Municipios y Gobernaciones, debieran tener un impacto inmediato de responsabilidad política, judicial y social. No obstante, esto no ocurre debido al declive de la institución contralora, de fiscalización y la inexistencia de una ciudadanía activa.

Aunque se han desarrollado investigaciones, en cada caso, no conocemos el núcleo ético de las gestiones de los respectivos gobiernos nacionales, departamentales y provinciales, en la medida en que sus actitudes no se han ajustado a las de servidores que combaten la corrupción; por el contrario, se ha apreciado empeño en “tapar los casos”, obstruyendo y ocultando información. Peor aún, muchos han terminado enjuiciando a la prensa o a los que denunciaron. Sus enemigos no son el entorno corrupto, los saqueadores del Estado o los traidores del pueblo sino aquellos que investigan y buscan la verdad. Olvidan que la prensa tiene como una de sus funciones esenciales descubrir los manejos a la sombra, colocarlos a la luz de la opinión pública y opinar sobre ellos.

En esa perspectiva, son los sistemas de Justicia, que comprenden a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de “hacer justicia” y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder.

* es director Ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno.

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento creado para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática de los Estados miembros de la OEA. Cuando fue aprobada, en sesión especial en Lima (Perú), en septiembre de 2001, se expresó el compromiso de los gobiernos de América con la democracia y se reconoció el derecho de sus pueblos a gozar de ella.

Si bien es cierto que su aplicación se debía dar en caso de que se produjera una ruptura del proceso democrático, de acuerdo con los diversos supuestos contemplados, esto no ocurrió durante los años en los que José Miguel Insulza estuvo al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya gestión se caracterizó por una clara debilidad y pasividad frente a los quiebres progresivos, e incapacidad para darle efectividad a la Carta Democrática Interamericana.

Por lo anterior, el 28 de julio de 2015, a pocas semanas de su elección como secretario general de la OEA, diversas organizaciones de la sociedad civil de las Américas le propusimos a Luis Almagro la creación y aplicación de mecanismos eficaces para el seguimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana, en toda su amplitud, a través de una Relatoría para la Democracia. El propósito es que esta entidad incorpore de manera efectiva la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de la OEA, ante los déficits de igualdad política y social persistentes en algunos de los países de la región. El fin esencial de la Relatoría para la Democracia sería prevenir amenazas a la gobernabilidad y la democracia.

Corresponde, en este sentido, afianzar el trabajo en el diseño y aprobación de este mecanismo, el que debe estar dirigido por un relator independiente, siguiendo la línea de las relatorías del sistema interamericano para la libertad de expresión, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros. Una tarea conjunta de la sociedad civil y la Secretaría General, que dé contenido al enunciado expresado por Almagro en el marco del XLV periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General: “La OEA no puede ser una organización de uso neutral”, frente a amenazas a la gobernabilidad y la democracia en el continente.

La creación de la Relatoría para la Democracia también fue presentada a los 35 jefes de Estado y de gobierno que participaron en la VII Cumbre de las Américas, organizada en Panamá en abril de 2015, en el marco de la exposición de las conclusiones y recomendaciones del foro con la sociedad civil. 

Con excepción de los magistrados que se están enriqueciendo con la corrupción, a nadie le conviene la profunda crisis que actualmente atraviesa el Órgano Judicial, ni a los ciudadanos ni al propio Gobierno, que hoy enfrenta un desgaste —sin precedentes— por haber enarbolado la bandera de una revolución judicial que no llega, pese a tener diez años en el poder.

La corrupción y la impunidad, señas de la falta de independencia en la función judicial, generadas por malos magistrados, han anulado diversos ámbitos de las instituciones del sistema de justicia, en un contexto en el que los tribunales deberían garantizar los derechos humanos de los bolivianos y ser el contrapeso al ejercicio del poder político. Con tribunales independientes, emergentes de un proceso de reforma judicial inclusivo y transparente, todo el país ganaría.

La separación efectiva de poderes y el respeto entre los mismos asegura  la legitimidad y la funcionalidad de un gobernante. En esa línea, al gobierno del señor Morales Ayma le convendría desarrollar la institucionalidad judicial en orden al mandato constitucional, para evitar un mayor aislamiento y desgaste social. No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos que ofrece el sistema de justicia equivale a socavar el Estado de derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático.

La situación se agrava si es que con la denominada Cumbre Judicial se busca solamente ganar votos y ampliar márgenes de maniobra para luego “despedir” a las actuales autoridades; cuando lo sensato, para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, es que los magistrados concluyan su mandato y lo reorienten entre el 16 y el 17 de abril como el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia. Para ello hace falta un proceso participativo de corto, mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, menos protagonismo mediático de sectores del gobierno, con visión de país, actitud responsable de la Asamblea Legislativa, mirada técnica en su implementación y con liderazgos visibles y de consenso social en las instituciones de los órganos Judicial y Ejecutivo. Un proceso, insistimos, que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoque de política pública, capaz de evitar el “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder.

Sin una mínima apertura de acuerdos entre los órganos del Estado y la sociedad civil para recomponer la institucionalidad judicial todos pierden: pierde el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las instituciones judiciales, las organizaciones sociales, las instituciones y los ciudadanos, pues quedan todos desprovistos del único marco que les da seguridad y garantías.

Una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” de un país; no es patrimonio de un gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, ya que la independencia de poderes es una garantía del Estado de derecho, contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente, y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal harían el Presidente y el Vicepresidente del Estado en seguir la vía equivocada de no escuchar a la “masa crítica” y profundizar en el intento de capturar toda la hegemonía. Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir.

Es abogado y analista, director de la fundación Buen Gobierno.

La Relatoría para la Democracia es una iniciativa emergente de los debates que tuvieron lugar en las mesas de discusión del Foro de la Sociedad Civil, a propósito de la VII Cumbre de las Américas, realizada en Panamá en abril, y forma parte de las conclusiones y recomendaciones presentadas a los 35 jefes de Estado y de Gobierno. Dos meses después, en la sesión de Diálogo de Sociedad Civil con el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta iniciativa sumó respaldos de decenas de instituciones sociales de Sudamérica, Centroamérica y de Norteamérica, situación que fortaleció la propuesta y su entrega pública a Almagro, quien luego de analizarla promovió diálogos iniciales con su gabinete a fines de junio. En San Salvador también sumamos respaldos (VIII Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias-julio de 2015).

Esta propuesta busca respuestas a los persistentes déficits de igualdad política y social en gran parte de nuestros países. Es imprescindible la creación y vigencia de mecanismos eficaces para el seguimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana (Lima, 2001) así como los convenios y protocolos que en materia de derechos civiles y políticos ha establecido el Sistema Interamericano, en la perspectiva de incorporar —de manera real— la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones en nuestros países y continente.

En ese sentido, en los debates de Panamá coincidimos en que seguimos siendo un continente de desigualdades y que en nuestros países prevalecen injusticias y deudas históricas por saldar. En ese sentido, una Relatoría para la Democracia debería contar con mecanismos de alerta temprana, asociados al trabajo de un relator independiente (como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), que informe a la Comisión Interamericana de posibles amenazas a la gobernabilidad, la democracia y la participación ciudadana.

La Relatoría para la Democracia coincide con el programa de trabajo del nuevo Secretario General de la OEA que tiene previsto el fortalecimiento de la democracia y el Sistema Interamericano, el respeto y vigencia de los derechos humanos, el desarrollo integral y combate a la pobreza, el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática y su promoción. En ese sentido, en su discurso inaugural del XLV Periodo Ordinario de Sesiones, Almagro expresó que “La OEA no puede ser una organización de uso neutral, (…) tiene que ser la expresión del compromiso con el más pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos que tiene la organización”. 

Lo cierto es que existen importantes desafíos para avanzar en el desarrollo de políticas públicas que efectivicen la “prosperidad con equidad”, reseña de la última Cumbre de las Américas, la cual resultará inviable sin la vocación de los gobiernos para ejercitar los principios democráticos y la participación de la sociedad civil, algunos de los mandatos fundamentales que tendrá la Relatoría para la Democracia que hoy promovemos, invocando el primer artículo de la Carta Democrática Interamericana, que establece que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”.