Propios y extraños coinciden en que el trabajo no solamente es un medio de supervivencia, sino también y sobre todo una fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar y seguridad ciudadana; condiciones básicas para garantizar la paz de una comunidad y de todas sus instituciones, incluidas las cárceles. De hecho, en un país como Bolivia en el que el Estado se muestra incapaz de garantizar la alimentación, vivienda y salud de los reclusos, el permitirles acceder a un trabajo digno constituye no solo una condición básica para reducir los niveles de violencia, sino también una cuestión de supervivencia para los internos que carecen de recursos financieros y/o de familiares que los ayuden con su manutención.
Por ello, la organización de ferias como la que tiene lugar en este momento en el Campo Ferial de Alalay de Cochabamba, en la que han sido puestos a la venta productos elaborados por más de 1.000 personas recluidas en los diferentes centros penitenciarios del departamento valluno, constituye una iniciativa más que encomiable, que debería constituirse en una norma para todas las regiones del país.
Esto junto con otras iniciativas orientadas a abrir mercados para los productos que se producen en las cárceles, y la impartición de cursos y capacitaciones en favor de los internos para satisfacer otras demandas laborales de la sociedad. Con ello, la mayoría de los reos se beneficiaría con el valor y la dignidad de un trabajo honrado, que es además la mejor manera de mantenerlos alejados del mundo de la delincuencia.