Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que Bolivia es el país con mayor trabajo informal del mundo, con aproximadamente el 80% de su fuerza laboral, lo cual la sitúa inclusive ampliamente por encima de la informalidad de América Latina y el Caribe, que tiene un 53,7%, según los últimos datos al 2022.

En recientes días, el Gobierno dispuso para este año un aumento del 5,85 % al salario mínimo y un 3% al haber básico.

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A fines del año pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) de Bolivia fue de 6,9 millones de personas. De este universo, solo 1.053.470 personas tienen un trabajo formal. Pero, si solo considerásemos como empleo formal a aquellos que tienen determinada calidad medida en un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, beneficios sociales, cobertura médica, estabilidad laboral, derechos laborales satisfechos y otros, la población con un empleo formal y de calidad, solo estaría rondando un 5% de toda la fuerza de trabajo del país.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó de manera clara que el 1 de mayo no solo deberían ser homenajeados los trabajadores, sino también quienes permiten que se establezcan fuentes de trabajo legales. Los mayores empleadores en el país son los micro, pequeños y grandes empresarios.

El mismo día que se conocía el acuerdo Gobierno-COB sobre el aumento salarial, el INE expuso que en los dos primeros meses de este año el país registró un déficit comercial de $us 295 millones.

Los grandes, medianos, pequeños y micro empresarios lamentan la unilateral determinación del Gobierno de elevar el salario mínimo nacional y el haber básico, muy por encima de la inflación registrada el año pasado y sin evaluar la realidad empresarial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechazó la propuesta de la COB, porque considera que este aumento es “insostenible para el sector empresarial, provocará el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal”.

Considerando la coyuntura económica actual, es inviable el incremento acordado entre el Gobierno y la COB. El 3% al haber básico tiene un efecto multiplicador en las planillas salariales.

El empresariado boliviano, respaldado por leyes nacionales, ha pedido una negociación tripartita entre Gobierno, trabajadores y empresarios, como claramente lo establece el Convenio 131 de la OIT, ratificado en Bolivia por la Ley 2120 “que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores y a los empleadores antes de definir el salario mínimo nacional”.

El Gobierno, junto con los empresarios, busca encontrar una salida a problemas como la caída de los ingresos nacionales, la escasez y encarecimiento de dólares y, por tanto, el incremento en el precio de productos básicos. Todo ello debe llevar al Ejecutivo nacional a velar por la estabilidad del sector privado, que puede ser su aliado para el mejoramiento integral del país. En síntesis, debemos dejar de pensar en los resultados cortoplacistas y tener una visión de estadista.

Entendemos que el incremento salarial es una demanda social genuina de los trabajadores, sin embargo, debe ser consensuado con el empresariado.

Las estadísticas sobre el incremento salarial en el país nos muestran que entre 1991 y 2005 el aumento del Salario Mínimo Nacional fue de 267%, mientras que entre 2006 y 2022 la cifra subió a 350%.

Los dirigentes de la COB parecen olvidar que las empresas no solo deben cumplir con el porcentaje de aumento salarial dispuesto, sino que a esto se suman otras obligaciones que incrementan sus erogaciones.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Seguramente éste como otros días, muchas personas acudirán a los centros de salud y hospitales, y se lleven la sorpresa de que algunos trabajadores del sector salud vienen cumpliendo paros con el argumento del rechazo al proyecto de Ley 035/23, que propondría supuestamente una jubilación forzosa a los 65 años, generando perjuicio a la población.

Es evidente que mucha gente adulto mayor de nuestro país ya cuenta con la edad para jubilarse, pero no lo hace por temor o desconocimiento de la norma, siendo que se trata de un derecho que les asiste por disposición de la misma Constitución Política del Estado, la cual establece que el Estado garantiza el derecho a la jubilación.

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De esta manera, a través de este espacio, quiero compartir con los lectores algunos aspectos relacionados a los requisitos de acceso a la jubilación, entre los que se encuentran la edad y otros datos, para que se comprenda por qué es importante ejercer el derecho a la jubilación.

La vigente Ley 065 de Pensiones, promulgada bajo los lineamientos de la Constitución aprobada en 2009, implementa como una de sus innovaciones que las y los bolivianos puedan jubilarse a la edad de 58 años y con tan solo 120 aportes, en el caso de mujeres pueden reducir la edad en tres años, uno por cada hijo o aumentar su densidad.

Por lo que en Bolivia ya se tiene prevista una edad de jubilación que se otorga al trabajador mediante una pensión vitalicia y con un número mínimo de aportes (10 años), siendo una de las más bajas en Latinoamérica, respecto a Uruguay, Brasil, Argentina, entre otros países de la región.

Ahora bien, se ha visto en la población una confusión con el actual planteamiento del Gobierno que propone la edad de 65 años para que el trabajador ejerza el derecho a la jubilación, para lo cual paso a brindar un razonamiento personal de los alcances de la discutida disposición adicional de proyecto de Ley 035/23, que tendría como objeto que los trabajadores se acojan y ejerzan el derecho a la jubilación a los 65 años, derecho que se enmarca en la misma Constitución, en resguardo de la salud y bienestar del trabajador de la tercera de edad, no encontrando contravención al texto constitucional y entendiendo que lo que se pretende es que el derecho a la seguridad social se vea efectivizado con la jubilación a la edad citada.

Habrá que comprender que la jubilación, por definición es un medio de subsistencia generado desde la seguridad social, no comparable a un salario, que tiene su origen en lo laboral; ambas materias tienen naturaleza y propósito distinto, aspecto que ciertos dirigentes y opinadores aprovechan para confundir a la población. La seguridad social es universal porque beneficia a médicos, profesores, choferes, trabajadoras del hogar y otras ocupaciones sin distinción y en igualdad de condiciones, y no es obligatoria cuando se trata de determinar una edad para su ejercicio objetivo, aspectos que están protegidos por la Constitución.

Pues habrá que pensar un momento para evaluar si la posición de algunos sectores que buscan protagonismo puede truncar con paros el ejercicio de los derechos del resto de la población que es la mayoría, como ser el acceso a la salud, educación, y también a una seguridad social oportuna.

(*) Richard Silva Gutiérrez es abogado

Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.

Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.

El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.

Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.

No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.

Las reyertas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre evistas y luchistas, tienen como objetivo instrumental la lucha descarnada por recuperar o retener el poder. Pero, esta pugna, como si fuera un asunto sin ninguna trascendencia, está desprovista de un debate ideológico de fondo que desnuda a los actores involucrados en esta pelea, convirtiéndoles en arlequines montados de una escena circense.

Parece ser el signo de la época: la desideologización. Sin embargo, este rasgo, para un partido que en la última década y media configuró un horizonte estatal y societal de rasgos plurinacionales, parece inaudito. No olvidemos, en su momento este horizonte llamó la atención de expertos en procesos democráticos porque era un referente insoslayable para el debate político e inclusive para la teoría democrática.

Ese embrollo de disputas internas en el partido gubernamental no solo está provocando escisiones en las mismas entrañas de las organizaciones sociales e indígenas/campesinas que conforman al movimiento político (designación para evitar que el MAS sea un partido político, aun peor, de cuño tradicional), sino que, en el afán de astillar la imagen del opositor interno, los actores políticos involucrados en esta lucha interna urden discursos que ideológicamente responden a la derecha, inclusive a la extrema derecha.

Por la dinámica que adquirió esta disputa al interior del MAS, que impulsó a los actores en disputa, sean evistas o luchistas, a aliarse con la oposición política al interior del hemiciclo parlamentario; no coincidían ideológicamente, pero lo hicieron sin ningún rubor. El objetivo es dañar al adversario político interno. Obviamente, en esa disputa no reparan que sus discursos sean coherentes ideológicamente, por ejemplo, con los principios o la naturaleza política del MAS. 

Quizás, uno de los ejemplos que resaltó en las últimas semanas está articulado a las declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien dijo que la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia) es “antihombres”. Estas declaraciones causaron revuelo entre sectores feministas, pero la cuestión de fondo expresa un posicionamiento similar a los postulados ideológicos —como escribió Lourdes Montero— con la “extrema derecha”.

La contextualización de las declaraciones de Rodríguez —próximo a Evo Morales— se da casualmente en un momento donde el expresidente se siente acechado por algunas insinuaciones del ala luchista de abrir procesos en el marco jurídico de la Ley 348. De la misma manera sucede con otros asuntos: la cuestión de los hidrocarburos, que se convirtió en otro escenario de disputa de los bandos al interior del MAS. Empero, en sus interpelaciones discursivas no existe una argumentación ideológica de fondo, sino que se reduce a la epidermis de una discusión estéril que conduce a posiciones exentas de debates serios sobre un tema de preocupación de todos los bolivianos.

O sea: en este desplazamiento de sectores opositores al MAS a los márgenes de la discusión política, tal vez, el debate político al interior de la estructura partidaria gubernamental debería ser un ámbito adecuado para el debate ideológico, pero éste es sustituido por un cruce de acusaciones mutuas. En esa disputa interna, por ejemplo, no se dice nada de la situación de los avances para afianzar el Estado Plurinacional. Esta ausencia de debate sobre el horizonte político del denominado “proceso de cambio” expresa terriblemente la ausencia de una reflexión ideológica profunda al interior del MAS.

Yuri Tórrez
es sociólogo.

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Abril terminó con una noticia que no causó sorpresa: una “sala constitucional” dio curso a una demanda dejando sin efecto la convocatoria a las elecciones judiciales y disponiendo que debe realizarse un nuevo proceso de preselección de candidatas/os. Una vez más se intenta postergar las elecciones que debieron haberse realizado el año pasado. El argumento es válido puesto que se refiere a la defensa del derecho a la participación de mujeres e indígenas bajo los principios de paridad y pluralismo, empero es una máscara retórica. Es una excusa puesto que se trata de una pieza más en la estrategia oficialista dirigida a evitar la realización de las elecciones judiciales y mantener la ilegal —y antiestética— figura de “autoprórroga” de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en los últimos meses, ha asumido posturas que inciden negativamente en el proceso político. Por ejemplo, los argumentos contra la reelección presidencial que, aprovechando una sentencia relativa a la convocatoria a las elecciones judiciales, fueron incluidos para dar pábulo a una supuesta inhabilitación de Evo Morales como candidato. Entremedio, dando curso a un amparo constitucional, suspendió las interpelaciones a los ministros y, en otra ocasión, cuestionó las atribuciones del presidente del Senado para convocar a sesiones. Es decir, el TCP restringe las labores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nada más ni nada menos.

Pero eso no es todo. En los albores de mayo, otra “sala constitucional” decidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe “acompañar” un congreso partidista convocado por organizaciones sindicales que respaldan al presidente Arce, pese a que dicha convocatoria no fue reconocida como válida por el propio TSE. Es decir, se instruye a un órgano del Estado para que actúe en contra de sus propias determinaciones (y en beneficio de los aliados del Presidente).

La judicialización de la política es resultado de la disputa interna en el MAS-IPSP respecto a la candidatura presidencial en 2025. La pugna provocó la fractura de la bancada oficialista y, por ese motivo, Luis Arce carece de mayoría parlamentaria para ejecutar sus planes, entre ellos su postulación a la reelección. Ante ese escenario, el Gobierno despliega su accionar en consonancia con el TCP que, mediante sentencias arbitrarias, se ha convertido en un actor relevante en el proceso político decisional. En el pasado prevalecía la politización de la Justicia mediante la instrumentalización de los fallos judiciales para beneficiar a los gobernantes de turno, un hecho recurrente desde la recuperación de la democracia en 1982. En la actualidad estamos frente a un hecho concomitante —la judicialización de la política— con consecuencias negativas para la democracia. Cuando esto acontece, el proceso decisional ya no depende directamente de los actores políticos sino de las instancias judiciales que establecen acuerdos instrumentales con algunos aliados para conseguir mutuos beneficios. Si eso sucede, la política pierde su capacidad estratégica para delinear el futuro y se convierte en mera astucia táctica de carácter coyuntural. Por esta razón, el proceso político se encuentra sometido a una creciente incertidumbre y corre el riesgo de encaminarse a una crisis de gobernabilidad. Más grave inclusive, puesto que la judicialización de la política está socavando la arquitectura político/institucional del Estado plurinacional. Hay tiempo para detener esta erosión, pero no sabemos si existe capacidad, lucidez e interés en los actores estratégicos de la política.

Fernando Mayorga es sociólogo.