El caso de Sebastián Justiniano, el niño de tres años a quien tenían que extirparle un riñón dañado con cáncer, pero que por un “error” del cirujano le extrajeron el riñón sano, el cual para colmo de males fue puesto en formol, ha puesto nuevamente en la palestra el tema de la mala praxis en la que incurren algunos profesionales en salud.
Con frecuencia se difunden en los medios denuncias de casos de mala praxis médica, que suelen perturbar a la población por el impacto que estos hechos siempre ejercen sobre lo más valioso que tiene el ser humano, su salud y el bienestar psicológico y material de sus allegados; y estas noticias son aún más dramáticas cuando afectan a menores de edad. Se entiende, por tanto, la gran repercusión que ha tenido la mala praxis médica que Sebastián sufrió en el Hospital Oncológico de Santa Cruz.
Más allá de la preocupación por su vida en el corto plazo y su bienestar futuro, su caso ha puesto bajo los reflectores de la opinión pública la compleja y polémica cuestión del tratamiento de la mala praxis médica en el país, así como la responsabilidad de los profesionales en salud y de las instituciones en las que se producen hechos de este tipo. No ha perdido vigencia el conflicto que se desató a inicios de año por el intento de reglamentar esta materia en el nuevo Código Penal. Tomando en cuenta este antecedente, el debate público en torno a este lamentable suceso no debería caer en el mismo callejón sin salida en el que desembocaron los varios ensayos por avanzar en una normativa más moderna en esta área.
Para tal efecto, hay que evitar a como dé lugar su politización y su empleo para alcanzar objetivos políticos que no estén relacionados con la búsqueda de soluciones para esta materia, poniendo énfasis en las medidas preventivas y, si fuera el caso, la sanción de estos terribles eventos. Sería un grave error y una deplorable falta de sensibilidad caer en generalizaciones improductivas, o transformar el tema en una excusa para alimentar la polarización entre oficialistas y opositores.
Igualmente sería deseable que las representaciones de los profesionales en salud asuman con transparencia, responsabilidad y audacia el tratamiento de esta problemática. A mediano plazo, la inercia y la ausencia de respuestas puede desprestigiar a todo el gremio, lo cual sería injusto; aumentar los costos de los seguros de salud; e incluso erosionar la confianza de los ciudadanos en los médicos.
Tampoco sería prudente concentrarse solo en la dimensión punitiva. Las pulsiones por endurecer las sanciones siempre están presentes en nuestros debates públicos, olvidando que la solución pasa por reestructurar el sistema de salud, los mecanismos de control e incluso los incentivos para prevenir nuevos casos de mala praxis médica. El debate no debería consistir en buscar culpables, sino en que todos asuman sus responsabilidades y en tomar medidas para que el sistema de salud funcione.