Los anuncios sobre corrupción en la administración pública se multiplican estos días a un ritmo vertiginoso. Casi no pasa un solo día sin que los medios de difusión no anuncien nuevos casos que aparecen junto al recuento de homicidios, asaltos, violaciones, estafas y otros sucesos delincuenciales. Algunos de estos hechos atraen la atención del periodismo unos cuantos días, y después desaparecen en el archivo de la desmemoria. Otros, sobre todo si tienen connotaciones políticas, permanecen más tiempo en el escenario mediático, pero por lo general terminan igualmente sepultados por una gruesa capa de impunidad y olvido.

Solamente los titulares de la semana recién transcurrida dan una idea. Veamos: “Cae una banda internacional que falsificaba y comercializaba fármacos”. “Traficaban órganos humanos a través de internet”. “Aprehendidas dos exfuncionarias que habrían favorecido a empresas adjudicatarias en una unidad ejecutora antinarcóticos”. “Magistratura detecta irregularidades en Derechos Reales (¡vaya novedad!)”. Por si fuera poco, en un acto de rendición pública de cuentas del Ministerio de Defensa se afirmó que hay más de 1.000 casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, de los cuales se destacó a cinco: puestos militares adelantados, Empresa Constructora del Ejército, barcazas chinas, aviones T-33 y cemento asfáltico.  

En el caso más bullado de la semana, una concejala del municipio paceño sostuvo que el empresario Edwin Saavedra habría sido favorecido ilegalmente. El Alcalde decidió disolver el convenio con ese grupo (“para evitar que sea utilizado con fines políticos”). Quizá sin quererlo Revilla dio en el clavo. En estos tiempos prematuramente electoralizados, parece que hubiéramos ingresado al peligroso tobogán del “todo vale” para la contienda política. Unos creen que destapando nuevos casos y escarbando en el mundo delincuencial hallarán suficientes argumentos para descalificar al oficialismo.

A su vez, los del bando oficial con una tardía “cero tolerancia” a la corrupción en sus filas y con el destape de otros casos en las parcelas del poder que controla la oposición tendrán suficiente para seguir gobernando. Ambos razonamientos tienen fallas de grueso calibre, Tanto unos como otros comienzan buscando la paja en ojo ajeno sin advertir la viga que tienen en el suyo propio. En ese tren, los opositores cierran los ojos deliberadamente hacia muchos innegables logros positivos que puede mostrar la actual gestión. Todo es colocado y revuelto en una sola bolsa de corrupción, ineficiencia y despilfarro.

Pero para el oficialismo la cosa le sale más cuesta arriba. Son muchos años y muchas obras en varias de las cuales no se aplicó a plenitud el principio de cero tolerancia. Y más bien se debilitaron los mecanismos de control, tanto del Estado como de la sociedad, a título de destrabar y acelerar inversiones del sector público. Y, como es bien sabido, en arca abierta hasta el justo peca. Además, ha sido tan persistente el acoso y la desestabilización que el Gobierno ha empleado contra los municipios y gobernaciones que no le son afines que inmediatamente cualquier denuncia resulta sospechosa y tiende a caer en saco roto.

De hecho, el tema corrupción será uno de los puntos sobresalientes de la agenda electoral. Hay que hacer votos porque el asunto no ingrese como una despiadada ventisca de acusaciones mutuas que en vez de aclarar enrarezcan el ambiente. Se impone un debate fundado y el encuentro de acciones conjuntas contra este flagelo. El manejo transparente en todos los niveles e instancias, la fiscalización de los órganos públicos y la participación activa del control social, apoyada por la acción esclarecedora que pueden hacer los medios de difusión, son los primeros pasos para evitar la impunidad que es donde cabalga la corrupción. Después vienen la investigación policial y la justicia. Pero ese es otro cantar.

Antes de la etapa final en la que se interrumpieron las ediciones del “Semanario del pueblo”, hay por lo menos tres momentos en su historia identificados por el nombre de los que fueron sus directores: la etapa de su fundador y primer director, Luis Espinal Camps, torturado y asesinado por los golpistas en marzo de 1980, a un año de vida del periódico; el breve período a cargo del joven escritor René Bascopé Aspiazu, fallecido en trágicas circunstancias; y la etapa más extensa, dirigida por el experimentado periodista Antonio Peredo Leigue.

De 1986 a 1989 trabajé con Antonio como jefe de redacción y viví de cerca dos experiencias notables. Una, relatada la quincena anterior, cuando un ministro acusado de corrupción quiso silenciarnos mandando a comprar todos los ejemplares de las esquinas de la ciudad. La otra ocurrió a mediados de 1988. Aquí destapó los primeros hilos de una madeja de corruptos de cuello blanco, altos funcionarios estatales que accedían subrepticiamente a una doble planilla de ingresos provenientes de organismos internacionales. El Banco Mundial, el BID, Usaid y otras agencias de cooperación que financiaban proyectos sobornaban a esos funcionarios, en algunos casos con sus propios recursos, y en otros con dinero que el país recibía en calidad de préstamo. A partir de un indicio sobre uno de los beneficiarios, el banzerista Ronald MacLean de la Alcaldía de La Paz, el asunto se fue destapando a ritmo vertiginoso, y dada su magnitud, provocó la justificada indignación popular, aunque tampoco faltaron algunos defensores de tales pagos secretos a título de “bonos de eficiencia”.

Al Poder Legislativo no le quedó más remedio que emitir una resolución expresa prohibiendo el pago de sobresueldos en todos los niveles de la administración pública, un antecedente que al presente conviene recordar (éstas u otras formas parecidas de corrupción no dejan de tentar a funcionarios de todos los gobiernos).

Además de ese resultado tangible, el tema provocó otros impactos dignos de recordar. En la tapa del último sábado de julio fue colocada una foto “maldita” del presidente Víctor Paz Estenssoro pensando la frase: “¿Sobresueldos? Yo me hago el oso”. Y lo más grave, un cintillo diagonal a toda página que, como expresión de la bronca de la gente, decía “Cabrones ¡Váyanse!”.

Se armó un gran revuelo. Antonio fue detenido el lunes en la puerta de su domicilio. A otros colaboradores nos capturaron en las oficinas del semanario. Se entabló un juicio contra el director y el jefe de redacción. Luego de varios días de permanecer en las celdas de Criminalística, en la calle Sucre, el momento en que de la Fiscalía nos llevaban al penal de San Pedro colegas del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (del que yo era secretario de Cultura) lograron que el ministro de Gobierno, Juan Carlos Durán, ordenara al fiscal que me pusieran en libertad (parece que los fiscales desde siempre obedecen al Poder Ejecutivo). Antonio estuvo casi un mes en la cárcel, hasta que en colectas públicas el semanario reunió el dinero para pagar la fianza.

Pero lo más interesante de todo fue el sabroso debate sobre el uso o no uso de palabras gruesas en el lenguaje periodístico impreso. Duró varias semanas y tomaron parte muchísimas instituciones y personas. Por cierto, la polémica nunca concluyó. Es natural que las diferencias persistan. Antonio entrevistado todavía en la cárcel se defendió así: “(…) lo que hicieron los ministros es una indignidad, y para denunciar una indignidad pretenden que los periodistas seamos diplomáticos… La ética tiene un principio fundamental en cuanto al periodismo, se trata de la búsqueda de la verdad; y si en esa búsqueda nos encontramos con barro, hay que nombrarlo así, barro”. ¿Peredo tenía razón? ¿Usted qué opina?

En la madrugada del jueves culminaron en Santa Cruz difíciles negociaciones entre las autoridades municipales chiquitanas y los ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras. Se acordó un “cuarto intermedio” para que los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) establezcan dónde está realmente ubicada la dotación de tierras fiscales en favor de colonos interculturales denunciada como ilegal por los pobladores y las alcaldías de San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y Roboré. Fue precisamente en este último municipio en donde el conflicto asumió contornos de mayor gravedad: bloqueo de la ruta caminera internacional, intervención violenta de la las fuerzas del orden, incendio de un recinto y de un vehículo policiales, así como la captura de un grupo de bloqueadores.

Vistas así las cosas, pareciera un conflicto más de los muchos que a diario se producen en el país. Pobladores de una región reaccionan dolidos y airados ante la destrucción de varias hectáreas de bosque, se lanzan unidos y muy combativos a defender la naturaleza circundante, bosques, fuentes de agua y bellísimos paisajes naturales. Luego de visitar el lugar, Emil Balcazar, viejo compañero y amigo oriundo de Roboré, escribe: “Lo que ha pasado es algo horrible. Más de 30 hombres armados con un tractor oruga y cadenas, con documentos que ‘legalizan’ su hazaña han irrumpido en ese bosque tropical, y las aves que dormían en los árboles centenarios han salido en estampida porque esos hombres entraron para arrasar, arrancando de raíz todo lo que encontraban a su paso, para abrir una herida de 55 hectáreas, que ahora, desde el cielo, parecen una gangrena arraigada en el pulmón de la región, y desde el piso, si uno se para en ese desierto que han creado, siente un calor infernal que contrasta con las plácidas sombras que alberga el vientre fresco del bosque”.

Cuánto no quisiéramos que lo de Roboré fuera nada más que un tema del paisaje. Lamentablemente es muchísimo más grave que eso. Comienza por el pisoteo de conceptos principistas esenciales como la defensa de la Madre Tierra y normas éticas que se busca enraizar como el ama sua, ama llulla, ama khella. Y también hay diversos elementos para pensar que lo ocurrido en Roboré es apenas la puntita de una enorme madeja que es necesario desenvolver.

Circulan denuncias sobre tráfico corrupto de tierras, sobre un funcionamiento poco transparente del INRA, sobre saneamientos irregulares por encima de las leyes y la propia Constitución, sobre la no recuperación de tierras fiscales y sobre dotaciones ilegales en parques y áreas protegidas. El negocio de tierras, de dimensiones colosales, involucra a funcionarios públicos de diferentes niveles; a grupos empresariales diversos, muchos de ellos extranjeros; a ciertos dirigentes agrarios encaramados en respetables organizaciones sociales; a expertos en falsificación de documentos y a personajes de diferente color político, tanto oficialistas como opositores.

Si quiere conservar la escasa credibilidad que le queda, más le valdría al Gobierno destapar la olla y adoptar las medidas correctivas imprescindibles en combinación con acciones fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa. El Órgano Judicial también debería actuar de oficio; pero dadas las actuales circunstancias, lo probable es que no mueva un dedo.

Habría que investigar a fondo y de inmediato antes de que predomine el enrarecido clima político electoral, cuando  lo cierto se hace dudoso en la vorágine de denuncias y acusaciones interesadas. Si ningún órgano del Estado lo hace, ¿algún medio de difusión será capaz de hacerlo periodísticamente, con la responsabilidad y seriedad que el tema requiere? ¿Quién le pone el cascabel al gato?   

Al hacer un recuento del cambiante panorama latinoamericano, sostuve en esta columna que algo tiene que estar demasiado mal para entender lo que está ocurriendo en Nicaragua. Dije también que no caben explicaciones simplistas que lo explican todo denunciando muy posibles conspiraciones imperialistas.

Días después, no por casualidad el 24 de junio (aniversario de la Masacre de San Juan), hice circular un artículo del periodista uruguayo Raúl Zibechi referido al país centroamericano, quien considera inaceptable que “intelectuales que van y vienen con sus opiniones sobre los más diversos temas rehúyan una opinión contundente sobre la brutal represión”. Y añade: “No tengo la menor duda de que Washington desea la caída de Ortega-Murillo y trabaja para ello, pero el argumento según el cual todo lo que perjudica a la izquierda es obra del imperio está en franca decadencia” (en Bolivia todavía está muy de moda, habría que agregar).

Envié ese material por correo electrónico a una decena de compañeros de la “vieja guardia” a objeto de provocar reacciones. El primero, y hasta ahora el único en responder desde Santa Cruz, fue Ramiro Barrenechea. Y lo hizo en términos que bien vale la pena compartir: “Hace tiempo que Ortega dejó de ser sandinista”. He ahí su primera aseveración que desmarca a la actual dirigencia nicaragüense tanto del gran patriota latinoamericano Augusto César Sandino, como de sus seguidores que en los años 80 desalojaron del poder a la tiranía de Anastacio Somoza, sostenida por Estados Unidos.
Barrenechea prosigue: “No son las estadísticas, sino las razones que generan la violencia… Pol Pot (el genocida camboyano, CSG) fue la más catastrófica expresión de la desnaturalización de la violencia. La violencia revolucionaria es contestataria a la reaccionaria, no al revés. Se vuelve contrarrevolucionaria cuando las ‘razones de Estado’ son sobrepuestas a la conciencia liberadora. Y el poder (con el monopolio de la fuerza…), cuando se convierte en la única fuente de sustento de un gobierno, es solo dominación y deja de ser dirección. Pierde legitimidad”.

Y el interlocutor interroga: “¿Cuál es la revolución que Ortega y los suyos enarbolan para reprimir letalmente a los manifestantes? (aunque muchos seguramente están siendo instrumentados por el enemigo de clase). ¿Qué es lo que se disputa? ¿La supresión del capitalismo para imponer el comunismo? ¿O simplemente la conservación de ese monopolio de la fuerza?”.

“Qué hermosa era la consigna que los sandinistas pusieron —recuerda Barrenechea— en la puerta del Ministerio de Gobierno, cuando derrotaron a Somoza: ‘ahora nuestras armas protegen la alegría del pueblo’. La leí y me saltaron las lágrimas de emoción. No podemos ofrecer una nueva sociedad, libre e igualitaria, haciendo lo mismo que quienes lo impidieron secularmente. Sería simplemente sustituirlos en el ejercicio de la fuerza, sin transformar estructuras y superestructuras opresoras”.

Y para dar cima a su reflexión, Barrenechea evoca una situación que le tocó vivir en el país cuando era parte del gabinete ministerial. “Se me viene a la memoria lo que un día dijera Hernán Siles Zuazo a sus ministros que exigían reprimir a la COB y a la CSUTCB, que estaban violando la legalidad: ‘no permitiré que se dispare un solo tiro contra mi pueblo, prefiero ser yo el que lo reciba, pues si quienes me llevaron al poder se alzan contra mí, yo soy el equivocado’. Tal expresión de Siles me inspiró profundo respeto aunque yo lo criticara con vigor por resistirse a aplicar el programa revolucionario de la Unidad Democráticas y Popular (UDP) y obedecer a los ‘gradualistas’”. Tal cual. El debate está abierto.

En noviembre de 2012, según informa el diario La Patria de Oruro, el presidente Morales puso la piedra fundamental para erigir un monumento a José Santos Vargas, al pie del cerro San Pedro, al noroeste de la ciudad. La obra nunca se realizó. No está claro si los encargados de levantarla eran las Fuerzas Armadas, la Gobernación o la consabida Unidad de Proyectos Especiales que maneja ingentes recursos financieros. Ni siquiera queda la piedra que en la ocasión se colocó simbólicamente en presencia de autoridades de diferentes niveles, representantes diplomáticos de varios países, estudiantes y público en general.

Por esas épocas se anunció que en esa ciudad fue bautizada con el nombre del ilustre patriota una escuela militar de música, quizá bajo la suposición de que el mayor mérito del Tambor Vargas era ejecutar melodías, antes que usar la pluma para escribir y dejarnos un descomunal relato de 10 años de lucha guerrillera por la independencia. Varios años antes, una unidad educativa en la zona de Pasankeri en La Paz también había adoptado ese nombre, y la Alcaldía levantó un busto de él en la Av. Busch, si no me equivoco cuando Mónica Medina era alcaldesa.

A su vez, el Gobierno Municipal de Oruro inauguró recientemente una monumental escultura de José Santos Vargas entre las calles Lira y La Paz. La novedad es que ahora Vargas saltó a la fama ingresando al billete de Bs 10 junto al tarijeño Moto Méndez y al líder guaraní Apiaguayqui Tüpa.

Imposible no valorar todo esto como un avance en dirección de rescatar del olvido no solo al personaje, autor de ese fenomenal diario de guerra, sino también a la pléyade de luchadores populares allí retratados. En la carta dirigida al presidente Belzu, como último intento de que su diario se publicase, José Santos Vargas había escrito: “Quedo con el consuelo de que en los siglos venideros saldrá a luz, cuando no sea en éste, y en todo el hemisferio americano”.

Después de más de un siglo de andar extraviado, su relato salió a la luz. Sin embargo, su imagen personal recreada por la imaginación de los artistas es todavía muy dispar. El busto de La Paz y el del billete de Bs 10 lo pintan con uniforme militar, algo muy discutible, salvo quizá en la última etapa, cuando la guerrilla de Ayopaya y Sicasica se fue transformando en la División de los Aguerridos al influjo de su último comandante, José Miguel Lanza. Asimismo, ambos acentúan en el rostro los rasgos indígenas, cuando todos los datos históricos indican que Vargas era criollo-mestizo. La propia guerrilla lo era, aunque en relación estrecha con las comunidades indígenas. La escultura de Oruro, en cambio, lo presenta con el aspecto de gaucho chaqueño, parecido a los pobladores del norte argentino.

En tal caos de imágenes, me quedo por el momento con la caricatura del muchacho guerrero que nos presenta el dibujante Clovis Diaz. Y como estamos en la víspera del Día Internacional del Libro, cuyo propósito es fomentar la lectura, pido a todos que busquen y lean el Diario de José Santos Vargas. Además de la edición mexicana de 1982 y la boliviana de 2008, que se pueden hallar en bibliotecas, está a un precio accesible la reciente edición de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario (BBC), con un estudio introductorio del historiador Roger Mamani Siñani. Es una lectura apasionante, densa y a momentos difícil, pero vienen en nuestra ayuda tanto el glosario como los índices y, sobre todo, la medular introducción de Gunnar Mendoza, verdadero descubridor de esta pieza documental, única en América Latina. ¡Leer al Tambor Vargas es un esfuerzo que bien vale la pena!