Cada 10 años se recomienda realizar un censo nacional de población y vivienda, con indicadores actuales para una planificación del desarrollo nacional, local, sectorial y territorial; así como para la formulación de proyectos tendientes a mejorar la vida de los bolivianos. Los nuevos datos censales deben necesariamente integrarse a la planificación del desarrollo. De esta manera, un censo permite conocer las metas y desafíos que no fueron alcanzados, pero también los logros y particularmente las brechas de la segregación y desigualdad.
Este procedimiento estadístico ayuda a conocer por ejemplo cuántas viviendas existen en el país y qué características tienen. Con ello se sabe acerca de las demandas actuales por una vivienda digna, así como los servicios esenciales para que todos los bolivianos gocemos de buenas condiciones de vida. De esta manera, el censo se convierte en un instrumento para determinar las necesidades y los requerimientos de la población, en la medida en que se pueda desagregar a escalas no solo municipales, sino incluso hasta obtener datos a nivel de las comunidades; pero también según contextos urbanos y rurales, así como los clásicos indicadores de edad y sexo.
El instrumento censal debería estar ligado directamente con la planificación del desarrollo y no con la distribución de recursos financieros. En 2001 se distribuyó recursos según el mapa de la pobreza generado por el censo de ese año, y en 2012 se hizo lo mismo, pero ya no por pobreza, sino por tamaño poblacional. De ahí la urgencia de los líderes de las comunidades rurales para que su población autóctona, pero que reside en las ciudades, retorne a sus pueblos de origen, con el objetivo de aumentar artificialmente el número poblacional. Ellos saben que perder población significa menos dinero, y, por tanto, menos posibilidades para realizar obras y programas prioritarios. Otra de las desviaciones del uso censal es la distribución de escaños parlamentarios.
No obstante, el censo de 2012 mostró muchas deficiencias y desde la academia, junto con otros actores sociales interesados en garantizar un estudio confiable (bajo el nombre colectivo La Ruta del Censo) se hizo oportunamente críticas que no fueron tomadas en cuenta por quienes toman decisiones. ¿Cuáles fueron las críticas? i) Postergación de fechas: el censo debía realizarse en julio de 2011, pero se postergó para fines de 2012; y recién en agosto de ese año se definió la fecha para el levantamiento de datos: el 21 de noviembre. Esta improvisación se reflejó en un tiempo demasiado reducido para la adecuada planificación y ejecución del operativo censal.
ii) No se concluyó la actualización cartográfica multipropósito. Por ejemplo, a seis meses de la realización del censo, solo se había actualizado la cartografía de Beni y Pando. Algunas fuentes reportaron que ante esa falencia clave se usó la base cartográfica del anterior censo, con alguna actualización satelital. Pero una buena actualización cartográfica debe recorrer todas las viviendas del país y determinar los segmentos censales, el número de boletas, etc.
iii) La boleta censal no fue debatida y no se conoció los intereses diversos y requerimientos de la población. Inicialmente tenía 63 preguntas, las que fueron testeadas en Guaqui. Finalmente quedaron 49 preguntas. Oficialmente se presentó la boleta el 8 de agosto, tres meses antes de la ejecución censal. El incipiente debate se centró en el concepto de “mestizo”, referido a la autoidentificación y pertenencia étnica.
iv) Escaso reclutamiento de empadronadores: a 16 días de la realización del censo se informó que solo existían 50.000 voluntarios, cuando el número ideal estimado era de 216.000 empadronadores.
v) Capacitación deficiente: a 71 días de realización del censo faltaron capacitadores. Y por la falta de recursos humanos, la jornada de capacitación, prevista para dos días, se redujo a una sola jornada. Otra prueba de que se trató de un censo improvisado, con graves consecuencias en la confiabilidad de los datos.
vi) Hubo fallas logísticas, que por ejemplo le impidieron al Instituto Nacional de Estadística (INE) determinar la cantidad de boletas necesarias, en gran medida porque no se hizo una actualización cartográfica. De 3.158.691 viviendas empadronadas, se registró un sobrante de 841.309 boletas.
Por todo lo mencionado, urge que el INE comience a impulsar los procesos preparatorios para el próximo levantamiento de datos, con una antelación de al menos cuatro años. Solamente así el censo de 2022 contará con datos confiables y los bolivianos no tendremos dudas sobre la veracidad de la información recabada, como la que se tiene respecto al fallido censo de 2012.