El miércoles pasado, el Gobierno anunció que el crecimiento de la economía alcanzó el 4,61% entre julio de 2017 y junio de 2018, lo que activa el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo Por Bolivia”, como establece el Decreto Supremo 1802, del 20 de noviembre de 2013. Queda por elaborar la reglamentación para establecer hasta cuándo se debe cancelar este beneficio adicional, si hay la posibilidad de hacerlo en pagos o si se debe extender el plazo hasta el siguiente año, como pidieron algunos sectores, como los microempresarios.
Este anuncio originó alegría en algunos trabajadores asalariados del país, ya que un salario adicional les permitirá adquirir productos que no tenían planificado hacerlo, pagar deudas y/o ahorrar algo de dinero, algo que es cada vez más difícil. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en otros trabajadores, pues consideran que podría impulsar su despido, en tanto las empresas en las que trabajan no han generado los ingresos suficientes como para pagar un segundo aguinaldo.
Conversando con amigos que trabajan en instituciones de diferentes ámbitos, tanto públicas como privadas, coinciden en que es beneficioso recibir un dinero extra, pero que a la larga les puede generar problemas, como perder su empleo porque los ejecutivos prefieren recortar el personal para reducir la carga laboral que representa el pago de un segundo aguinaldo.
Según cálculos del Gobierno, este beneficio inyectará a la economía entre Bs 6.000 millones y Bs 7.000 millones. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, sostuvo que el beneficio llegará a un 30% de la población económicamente activa.
Sin embargo, según los empresarios, en el sector privado el pago solo alcanzará al 20% de los trabajadores. Además, las medianas y pequeñas empresas no podrán honrar el doble aguinaldo. Y aquellas que lo hagan será a costa de no realizar inversiones o tendrán que despedir a una gran cantidad de trabajadores para evitar el cierre de sus operaciones.
Otros consideran que el pago de un segundo aguinaldo es una medida política del gobierno del MAS, adoptada con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, en procura de captar un mayor número de votos.
Este beneficio se otorgó en 2013, 2014 y 2015, pero en 2016 y 2017 no se efectivizó, porque la economía interanual no creció por encima del 4,5%. Sea como fuere, quienes reciban este dinero extra deberían ser prudentes, evitando despilfarrarlo en bienes que no les reporten ningún rédito futuro.