El sentido de la democracia está en disputa; su significado. Ese es el tema de esta coyuntura crítica, entendida como una sucesión de acontecimientos relevantes que rompen la rutina institucional y pueden modificar el curso del proceso político. Insisto en la idea de que el 6 de agosto (a partir de las protestas contra el oficialismo en ocasión del mensaje presidencial en Potosí) se inició una coyuntura crítica que tendrá un momento de cierre el 10 de octubre, aniversario de la instalación del primer gobierno democrático. Esa fecha fue invocada por las autodenominadas plataformas ciudadanas para convocar a una marcha de protesta con el objetivo de rechazar la repostulación de Evo Morales, y ahora tiene el apoyo de algunos comités cívicos y partidos políticos. Precisamente esa fecha y ese evento han adquirido otra connotación a partir de la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), una norma que ha modificado el “tempo” de la política, su ritmo, acelerando los plazos de la campaña electoral con una nítida incidencia en las estrategias de los actores políticos.

El oficialismo decidió disputar el significado de ese aniversario convocando a una movilización de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para festejar la reconquista de la democracia como un logro de la movilización de las organizaciones populares contra los regímenes militares. Es una reacción a la consigna de “respeto al 21F” que enarbola la oposición, la cual pretende establecer una equivalencia entre democracia y “Bolivia dijo No”.
Así, el MAS intenta recuperar la asociación entre lo popular/campesino/indígena y la democracia como expresión de una ampliación de la inclusión social y la participación de sectores populares que se cristalizó, en el plano institucional, en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Un nexo que el MAS representó vigorosamente desde principios de este siglo, pero ingresó a una fase de deterioro a partir de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la reiteración monótona de la estrategia oficialista de la postulación de Evo Morales a pesar de su derrota en las urnas.

Por otra parte, en el discurso opositor es cada vez más recurrente la caracterización del Gobierno como una “dictadura” y de Evo Morales como un “tirano”. También se utilizan los vocablos “autoritarismo” y “totalitarismo” de manera indistinta. O se establece una forzada comparación con Venezuela y Nicaragua. Estos elementos forman parte de una polifonía discursiva que, desde la aprobación de la LOP, se manifestó de manera más nítida denotando la existencia de una diversidad de estrategias de las fuerzas que ocupan el campo opositor, pero que tienden a encausarse a las elecciones generales de octubre de 2109. Es uno de los efectos buscados con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas por parte del oficialismo.

Así, las tiendas políticas con representación parlamentaria encaran la (re)inscripción de militantes y empiezan a tejer alianzas con miras a los comicios presidenciales. Inclusive varias plataformas ciudadanas reunidas en Sucre declararon, ambiguamente, que “el 10 de octubre culmina la resistencia con el paro nacional para exigir la abrogación de la última ley maldita (se refieren a la LOP)… el 25 de octubre fundaremos la unidad de todos contra el tirano (se refieren a Evo Morales). Para que el 2020 refundemos la democracia… Llegó la hora del enfrentamiento en las calles y la unidad en las urnas. Porque la abstención es la sepultura anunciada de la democracia”.

Así las cosas, el proceso político está encaminado, prematuramente, hacia una intensa electoralización; sin embargo, habrá que esperar el curso de los acontecimientos en torno al 10 de octubre, una fecha que todos debemos celebrar al margen de las diferencias interpretativas motivadas por los avatares de esta coyuntura.

Este marzo tiene otro color porque en su transcurso surgirán novedades sobre la demanda boliviana que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De todas maneras, ya que se trata de recuperar un bien perdido, es preciso recordar aquel fragmento del poema Razón ardiente, de Eduardo Mitre, que nos interpela desde otra perspectiva cuando dice que, también, “nos falta mar interior”. Una retórica que obliga a reconocer la complejidad de las creencias colectivas y los anhelos nacionalistas.

El vocablo que designa este mes también está incluido en el título de la novela inconclusa de Marcelo Quiroga Santa Cruz (Otra vez marzo), pero no contiene alusiones a la pérdida del acceso al mar mediante una agresión militar, que constituye el centro de la demanda presentada en el Tribunal de La Haya. Por esa razón este marzo tiene otro sentido, puesto que estamos a la espera de la fase de doble alegato de ambas partes que se realizará entre el 19 y el 28 de este mes ante la CIJ.

Es necesario resaltar que la política boliviana sobre la reivindicación marítima mantiene su consistencia, mientras que la postura chilena se torna errática. Aparte de que Chile encara el inicio de una gestión de gobierno bajo el mando de Sebastián Piñera, quien —casualmente— ejercía como presidente cuando el Gobierno boliviano presentó la demanda en La Haya, en una línea de conducta asumida desde entonces, asentada en la recuperación de las pasiones nacionalistas que se incrementaron estos días con la realización del “banderazo”, un evento que produjo posiciones disímiles porque fue percibido bajo el prisma de la contraposición oficialismo/oposición. Sin embargo, el rito de su confección y su imponente exposición en la carretera Oruro-La Paz pusieron en evidencia el fervor patriótico de los sectores populares.

En eventos de esta naturaleza se percibe la capacidad de convocatoria de esta demanda de alta agregación como factor de movilización nacional-popular, y que contrasta, notablemente, con los usos del tema por parte de los actores políticos bajo una lógica instrumental. La expresión más evidente, sin consecuencias ni efectos negativos para la estrategia boliviana de estos días, fue la renuncia de Jaime Paz Zamora a formar parte de la delegación boliviana. A nuestro juicio, su declinación puede juzgarse no como un episodio con fines de protagonismo personal, sino como una estrategia política; es decir, dirigida a debilitar la conexión entre una señal de triunfo en la CIJ y el éxito del gobierno de Evo Morales.

La búsqueda de una fractura entre demanda nacional y política gubernamental pretende fortalecer el cuestionamiento general de las fuerzas opositoras a la estrategia oficialista de repostulación de Evo Morales en los comicios generales de 2019. Consideramos que no se trata de un hecho episódico, puesto que hace unas semanas, Jaime Paz Zamora lanzó una consigna como objetivo político que, más temprano que tarde, será asumido por otras fuerzas opositoras. Esa consigna fue solicitar el cambio de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, el último ámbito institucional al que apelaron y apelarán las fuerzas opositoras para lograr su propósito de que prevalezca el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional para impedir la repostulación de Evo Morales.

Los restantes actores del campo opositor, incluido el Gobernador del departamento de Santa Cruz, decidieron asistir a La Haya para que los réditos no sean exclusivamente oficialistas, sino que formen también parte de una victoria “nacional” compartida por todos. No está mal como una señal de que, a veces, prevalece el bien común, un objetivo general, el sentimiento nacionalista; la patria, que le dicen, con banderas.

El fallo del TCP respecto a la habilitación de Evo Morales como candidato en 2019 saca a relucir la compleja relación entre el tiempo y la política, el tiempo en la política. Según Schedler, el tiempo debe concebirse como horizonte y recurso porque es una visión acerca de las relaciones entre pasado, presente y futuro; y es un factor que restringe el manejo del poder mediante reglas que inciden en la conducta política. Destaqué este hecho después del referéndum de 2016. Hoy adquiere otra connotación porque el oficialismo y las fuerzas de oposición enfrentan dilemas estratégicos que se expresan en la manera en que encaran el conflicto del sector médico.

Las cosas son más complejas en las filas del campo opositor. Algunas fuerzas de tinte radical promueven un discurso que pretende articular las demandas de ese sector al rechazo al fallo del TCP y a la vigencia del referéndum del 21F como parte de una interpelación que invoca el clivaje dictadura/democracia y su finalidad es la caída del Gobierno. Usan “octubre 2003” como metáfora y aseveran que se vive una fase “postevista”. Corren contra el tiempo, acelerándolo para detenerlo, es “ahora o nunca”.

Para otras organizaciones políticas, en particular las parlamentarias, su objetivo en esta coyuntura (un tiempo condensado) tiene doble intención: la anulación del fallo y el desgaste de Evo Morales ante las clases medias, un voto crucial para los comicios de 2019, porque ese apoyo permitió las victorias del MAS con mayoría absoluta. Empero, superponen esos objetivos y, bajo el supuesto de que pueden alcanzarlos al unísono, pierden un valioso tiempo porque dilatan sus decisiones respecto a 2019. Su dilema es la formación de una coalición que reedite la alianza entre Unidad Nacional y Demócratas, o propiciar un frente único, una alternativa condicionada a la posibilidad de que Evo Morales no sea habilitado (para eso interpelan al TSE). En la medida en que aquello se dilucide (recién cuando se emita la convocatoria a elecciones), estos partidos corren el riesgo de perder el tiempo, y el tiempo es “oro”.

Ahora bien, una novedad del 21F fue la presencia de fuerzas extraparlamentarias,  como Sol.Bo, y las “plataformas ciudadanas”, con un ritmo distinto. Los activistas rechazan el fallo del TCP con una mirada que prescinde de la coyuntura preelectoral porque tienen desdén por los partidos. Su acción cuestiona un poder que consideran arbitrario y una decisión que conciben ilegítima. Están afincados en la coyuntura, es “aquí y ahora”. En cambio, el partido de Luis Revilla (también el de Rubén Costas) optó por una perspectiva a largo plazo con la conversión de su agrupación en partido y una estrategia post 2019. No es casual que ambos tengan arraigo territorial y sus líderes ejerzan cargos de autoridad, por ende, pueden optar por su reelección. O sea, tienen margen de jugar con los tiempos, puesto que su horizonte no se limita a 2019.

La visión oficialista concibe el “proceso de cambio” como una ruptura con el pasado y el inicio de una nueva era con el Estado Plurinacional. Esa doble condición exige su continuidad ligada a la permanencia de Evo Morales en la presidencia. Esa estrategia sufrió un revés en el referéndum de 2016, y el MAS optó por una opción legal asumiendo el riesgo de mellar la legitimidad de su proyecto. En suma, los opositores enfrentan de manera disímil el factor temporal y sus estrategias se someten a esa restricción; el MAS eligió una trayectoria lineal con el riesgo de que le falte tiempo para restituir lazos con el electorado citadino. Por lo pronto, la gestión del conflicto con el sector médico tiene consecuencias negativas para esa estrategia. Si el oficialismo transcurre de coyuntura en coyuntura, habrá perdido la conducción del proceso político. Eso que se llama hegemonía.

De vez en cuando me da por repasar un texto que escribí años ha para inspirarme y esbozar unos epitafios “para vivos y vivillos”. Es una manera de encarar la muerte y su celebración en el Día de Difuntos, porque existen muchas maneras de enfrentar la muerte.

En los tiempos del Terror, cuando Robespierre mandaba a punta de guillotina en la Revolución Francesa, un intelectual fue sentenciado un día de aquellos. En la mañana fatal, la víctima se dirigió al cadalso a paso lento y con la mirada fija en la página del libro que estaba leyendo desde hacía muchas noches. Se detuvo frente a su verdugo que, con un gesto, pareció decirle que dejara de leer y que se trataba de otra cosa. El lector humedeció la punta de su dedo índice y dobló la última página que habían registrado sus ojos. Depositó su libro a un lado de la guillotina con un aire de desaliento. Luego, escuchó un redoble de tambor antes de apoyar su cabeza en la madera y ¡zas!, la cuchilla vertical hizo el resto. No sabemos cuándo volvió a abrir su libro en la página doblada, para retomar su hábito de lectura interrumpido por ese detalle intrascendente. Recuerdo haber leído este fragmento en un libro que me prestó el Ojo de Vidrio que nombra a la muerte de la mejor manera posible: La Ñatita, el equivalente a La Catrina, la señora que respetan los mexicanos y la celebran en estas fiestas de difuntos. Como nosotros, pero con sello propio.

Porque existen muchas maneras de celebrar la muerte. Los mexicanos son la vanguardia en esta práctica y se percibe/expresa en la narrativa de Juan Rulfo y en los grabados de José Guadalupe Posadas y, también, en las calaveritas de dulce que chupan los niños en el Día de Difuntos celebrando su celebración con una golosina que tiene su nombre grabado en la frente.

Existen diversas maneras de jugar con la muerte. Así, el Tambor José Santos Vargas, habitante de los valles interandinos, escribió en su memorable Diario de un Comandante de la Guerra de la Independencia: “moriremos si somos zonzos”. Y del otro rincón del continente, Edgar Allan Poe, también escritor: “A la muerte se le toma de frente y con valor, y después se le invita a una copa” (Por la copia, Café El Péndulo, Ciudad de México).

Existen variadas maneras de irse de la vida y de quedarse sin la muerte. Poco antes de fallecer, Luis Buñuel (vean su memorable película El ángel exterminador) redactó su testamento dejando toda “su fortuna”… a Rockefeller y se confesó a un cura por todas las herejías que hizo contra… la Iglesia. O Jaime Sáenz, quien siempre recordaba esa frase escrita en la estatua de Colón en El Prado paceño: “vivir no es necesario, navegar es necesario”, antes de sumergirnos en los laberintos de su narrativa que juega entre el más allá y el más acá.

Existen varias maneras de arrinconarse ante la vida, de enfrentarse con la muerte. Sino, pregúntenle a Bergman (no se hará al sueco); a la niña de Guatemala (la que se murió de amor); a Jesús Urzagasti (te mirará desde su ventana que da al parque); o al fantasma de Canterville (en la versión de Charlie García: “he muerto muchas veces, acribillado en la ciudad”). Y aunque aparentemente sufro de la pesadumbre mínima necesaria para producir una prosa melancólica, prefiero derivar mi difusa congoja y mi amorfo sentido trágico de la existencia hacia un silencio dubitativo y simplemente escuchar Terremoto de Sipe Sipe, ese bolero de caballería que nuestros abuelos nos hicieron creer que es para los entierros y no para celebrar la vida de los muertos; a los muertos que nunca nos abandonan. Como el Filipo hace poquito, dejándonos, pero sin irse nunca.

El caso del TIPNIS es un tema que pone en evidencia la complejidad del proceso decisional político para el partido de gobierno debido a la variedad de actores (locales y globales) que se oponen a la construcción de la carretera por esa área protegida y, también, porque esa vía forma parte de la idea de integración territorial de dos departamentos y dos regiones (eco)lógicamente complementarias en el marco de las visiones históricas de formación del Estado nacional.

Hoy, el Estado es plurinacional, pero enfrenta el mismo desafío de antaño porque, en este caso y en muchos otros, se trata de rezagos estructurales que no se superaron, aunque sí se han modificado las visiones acerca del desarrollo y existe una centralidad discursiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (antes en los movimientos sociales, luego en el flamante Estado plurinacional e incluso —en torno al TIPNIS, por convicción o pragmatismo—, en las filas de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria.

En la mutación de las visiones sobre el progreso destaca la postura ecologista que puso freno a la utopía industrialista que presuponía el carácter inagotable de los recursos naturales y la satisfacción de necesidades mediante la transformación productiva. El fracaso del liberalismo capitalista y de la planificación soviética provocó una respuesta conservacionista y el retorno del mito del “buen salvaje”. Ambas ideas fueron adquiriendo matices desde fines del siglo pasado, más aún con los efectos negativos del cambio climático y el protagonismo de los movimientos indígenas que, paradójicamente, es una respuesta identitaria y cultural a los efectos de la globalización. Un proceso cuyo derrotero hoy es incierto (por los menos en sus efectos políticos y sociales) pese a que, como la industrialización antaño, era incontenible y percibida de manera teleológica.

Entonces, ¿es posible encontrar un punto de equilibrio entre quienes exigen el respeto al medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y los que impulsan la habilitación de un tramo carretero desdeñando sus efectos perniciosos? Creo que esta pregunta no es anacrónica porque, a diferencia del conflicto del 2011 en torno a la marcha indígena y que concluyó, precisamente, con la aprobación de una ley que declaraba la “intangibilidad” del TIPNIS, en la actualidad existen algunos puntos de convergencia en torno a mitigar los impactos negativos de esa obra.

De la formulación oficialista: “se hace ese tramo, sí o sí” a las posturas opositoras circunscritas al “no a la carretera” se ha transitado a posiciones más centristas y razonables, como la asumida por el Sistema de Naciones Unidas, que proporciona una orientación sugerente que podría traducirse en un retorno “a fojas cero”. Esto implica evaluar los aspectos positivos y negativos de esa obra, lo que exige superar aquella nueva (y falsa) dicotomía entre “pachamamismo” y “extractivismo” que impide analizar las tendencias presentes en el modelo de desarrollo en ciernes. Un asunto clave en este debate es el sistema de actores y sus visiones de modernidad (uno de sus puntos de partida actuales es el reconocimiento de la diversidad), lo que implica renovar el pacto entre el Estado y el movimiento indígena a partir, precisamente, de un debate amplio y de un proceso de consulta previa que otorgue plena legitimidad a la decisión gubernamental en respuesta, tanto a las demandas regionales como al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.