En pocas semanas más, cientos de personas de todo el mundo se reunirán en Nairobi, la capital de Kenia, en el sureste africano, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, y ver la manera de acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos hace 25 años, en la histórica Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo.

Representantes de Estado, de la sociedad civil, de organizaciones académicas y de jóvenes de América Latina y El Caribe estarán presentes en la Cumbre de Nairobi para recordarle al mundo que todavía hay muchos asuntos pendientes para garantizar que las mujeres no mueran durante el embarazo, el parto y posparto; que puedan decidir cuándo ser madres y cuántos hijos tener; que las niñas no sean forzadas a un embarazo y a una maternidad temprana; y que los adolescentes reciban una educación integral para la sexualidad en los colegios, sin prejuicios, sin mitos, que les dé herramientas para una vida plena.

Esta defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos ya fue ratificada en 2013 en el Consenso de Montevideo, y en septiembre de este año, en Puebla (México). El gran desafío es que, en diálogo con otras regiones del mundo, no se retroceda en el reconocimiento de estos derechos, especialmente para las mujeres de todas las edades, de pueblos indígenas y afrodescendientes, de personas con discapacidad y poblaciones diversas. La cumbre planteará el poder de la igualdad de género; del liderazgo juvenil, político y comunitario; de la innovación; la disponibilidad de datos y el poder de las alianzas para acelerar el progreso en diferentes áreas, entre ellas, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte de la cobertura de salud universal.

En Bolivia, el Sistema Único de Salud (SUS), que se implementa de manera progresiva desde marzo, plantea una oportunidad y varios desafíos para avanzar en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La oferta de servicios del SUS incluye el acceso universal a servicios de anticoncepción, atención y prevención de las ITS y el VIH; prevención del cáncer de cuello uterino; la atención integral durante el embarazo, el parto y posparto, y también contra la violencia. Plantea ampliar la atención a una población que no accedía a estos servicios como son los adolescentes, jóvenes y hombres de todas las edades, dando cobertura gratuita en el sistema y la red pública de establecimientos de salud, a sola inscripción y presentación de la cédula de identidad.

El SUS es para Bolivia un avance en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y responde justamente a los compromisos de los que se hablarán en Nairobi, considerando que América Latina y El Caribe es la segunda región en el mundo, después de África, con indicadores más altos de embarazo en la adolescencia; los cuales ponen en riesgo la vida de millones de niñas y adolescentes, en un momento en el que la región tiene la población joven más numerosa de la historia, un factor de desarrollo que debería aprovecharse evitando las situaciones de riesgo para la vida de las y los jóvenes y asegurando que no tengan obstáculos para desarrollar su pleno potencial.

El SUS tiene que enfrentar, al mismo tiempo, una serie de desafíos como fortalecer los indicadores de salud, informar a toda la población sobre sus prestaciones, contar con personal capacitado e insumos suficientes para mejorar los servicios de salud en todas las regiones e incluso tiene el desafío de enfrentar los prejuicios y obstáculos que se oponen a que adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, reciban una atención de salud sexual y reproductiva de calidad.

Nairobi será un escenario mundial para hablar de estos avances y desafíos, pero también de las estrategias para acelerar el cumplimiento de las tareas pendientes de los Estados y las consecuencias funestas para la población si no se toman medidas urgentes y sostenidas para que hasta el 2030 ya no tengamos que lamentar más muertes maternas prevenibles, embarazos no deseados, violencia hacia las niñas y mujeres, y para que América Latina y El Caribe sea, finalmente, una región de ejercicio real y pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

* Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia.

Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas es el título del informe del Estado de la Población Mundial 2019, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el 10 de abril, a nivel mundial. Este documento hace una revisión del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en los últimos 50 años, destacando los avances, pero evidenciando también los grandes obstáculos económicos, sociales, culturales e institucionales que aún siguen enfrentando las mujeres y las niñas para decidir sobre su maternidad y para tener acceso a una educación sexual integral. 

Hace 50 años, a nivel global, las mujeres tenían entre cuatro a cinco hijos, y solo tres de cada 10 mujeres casadas utilizaban algún método anticonceptivo para retrasar o prevenir un embarazo. En América Latina, la situación era más dramática: las mujeres tenían entre seis a siete hijos y solo el 2% utilizaba algún método anticonceptivo. Hoy, las mujeres tienen más acceso a métodos modernos y deciden en mejores condiciones sobre cuándo y cuántos hijos tener, pero aún existen 200 millones de mujeres que no pueden ejercer este derecho. El informe incluye, por primera vez, datos sobre la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en tres áreas claves de sus vidas: relaciones sexuales con su pareja, uso de anticonceptivos y atención en salud sexual y reproductiva. En los 51 países donde se dispone de esta información, solo el 57% de las mujeres casadas o en una unión estable pueden tomar sus propias decisiones sobre estas tres áreas.

Los gobiernos, la sociedad civil y organizaciones internacionales, como el UNFPA, pueden contribuir al logro de los tres ceros: cero necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción, cero muertes maternas evitables y cero mujeres y niñas víctimas de violencia o prácticas nocivas.

El informe destaca como uno de los hitos importantes en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el mundo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, cuando 179 gobiernos se reunieron en El Cairo para acordar un plan de desarrollo basado en los derechos y la libertad de decisión de las personas y en el logro de la salud sexual y reproductiva para todos. Un compromiso que se renovó hace unas semanas en New York en la 52ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se espera que se ratifique en la Cumbre de Nairobi, en noviembre, cuando los gobiernos, activistas y otros actores clave se unirán para proteger los logros alcanzados hasta el momento y cumplir con la promesa de la agenda para que nadie se quede atrás.

En el camino hacia el ejercicio de los derechos y el poder de decidir sobre sus cuerpos, las mujeres y las niñas han enfrentado barreras sociales y económicas en cada etapa. Romper y enfrentar las barreras ha sido siempre resultado de luchas incansables de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil y activistas. Como señala la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, las limitaciones en el poder de decidir de las mujeres, que influye en muchas otras facetas de su vida, desde la educación hasta los ingresos económicos y su seguridad, restringe la capacidad de las mujeres de moldear su propio futuro, más aún cuando en la actualidad hay fuerzas que, en diversas partes del mundo, están intentando hacernos volver a la época en que las mujeres apenas tenían derecho a tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos. En 2019, por tanto, la lucha por el ejercicio de los derechos y la libertad de decidir debe continuar como parte del compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, hasta convertirse en una realidad para todas y todos.

Es representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sesionó por vez primera el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, creado el 16 de enero por el DS 3774. Se trata de una instancia jerárquica conformada por siete ministerios, encabezada por el Presidente del Estado. Ese mismo día, el Gabinete Especial decidió impulsar una serie de medidas para la reducción de la violencia hacia las mujeres en Bolivia, pero también para la prevención del embarazo en la adolescencia; medidas anunciadas por el propio Jefe del Estado.

Como Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) venimos acompañando desde hace muchos años al Estado boliviano en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, destacamos y aplaudimos estas medidas, y la jerarquización en el tratamiento de las dos barreras que atentan contra el desarrollo pleno de niñas y adolescentes en el país: la violencia y los embarazos no deseados. 

Bolivia es el segundo país de Sudamérica, después de Ecuador, con la tasa de fecundidad más alta en adolescentes de 15 a 19 años (71 nacimientos por cada 1.000 adolescentes). La situación es más dramática en el área rural, ya que la tasa de fecundidad llega a 109 por cada 1.000 adolescentes, la más alta de toda América Latina. Los embarazos en niñas están relacionados, en casi todos los casos, con la violencia sexual, perpetrada por familiares o amigos cercanos al entorno familiar. Una violencia sistemática, silenciosa e impune, que vulnera los derechos fundamentales de las niñas.

El embarazo en la adolescencia tiene que ver con múltiples factores, como una insuficiente educación sexual integral, que sumerge a las y los adolescentes en un mundo de desinformación en el que mandan los mitos; las falsas creencias, los miedos, las presiones; tiene que ver con las limitaciones para que puedan acceder a anticonceptivos modernos sin ser juzgados o discriminados; tiene que ver con una sociedad en la que la sexualidad todavía es un tabú.

Que el Gabinete Especial, en el que están los principales ministerios del área, haya priorizado la prevención del embarazo en adolescentes, de la mano del nuevo Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, es una señal contundente para repensar y fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas integrales, con presupuestos garantizados, y el compromiso del más alto nivel para que Bolivia deje de ocupar los primeros lugares de la región en maternidad adolescente. La Gobernación de Pando ha marcado la ruta con el impulso de su plan departamental de prevención del embarazo en adolescentes, para dejar de ser la región con el mayor porcentaje de embarazos precoces, y se constituirá, sin duda, en un modelo a nivel nacional.

La prevención de embarazos en niñas y adolescentes requiere de acciones integrales e intersectoriales con la sociedad civil, padres de familia, educación, Justicia, entre otros. Es un proceso complejo y de largo aliento, pero es también una apuesta que, desde todo punto de vista, debemos hacer para garantizar que en Bolivia las más de 1 millón de niñas y adolescentes de 10 a 19 años tengan la oportunidad de vivir una vida plena, y que el Estado y la sociedad les garanticen el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia.

Cuando a Reyna Ojeda le toca hacer seguimiento a la salud de las mujeres embarazadas o de las madres que recién dieron a luz en el municipio indígena de Chuquihuta, en Potosí, tiene que caminar hasta cuatro horas para llegar a la casa de su paciente. Pero la distancia no es una barrera tan complicada como la desconfianza y el miedo de las mujeres indígenas a una revisión médica. Ella lo sabe muy bien y por eso en quechua (el idioma de ellas), con mucha calidez y respeto a sus usos y costumbres se encarga de construir confianza en cada visita, con cada vida salvada durante el embarazo, parto y posparto.
Reyna es una enfermera obstetra, una profesional que estudió cinco años en la universidad para atender y prevenir la muerte materna y neonatal, especialmente en áreas de difícil acceso, en las que se complica la atención de la salud de las mujeres. Hoy existen cerca de 300 enfermeras obstetras en Bolivia, 30 de las cuales están trabajando en los servicios públicos de salud de los municipios de Potosí, dedicadas a cuidar a las madres y sus bebés en el embarazo y durante el parto. Son parteras profesionales que atienden con calidez y respeto. Pero ellas además informan y facilitan el acceso a anticonceptivos para la planificación familiar, diagnostican infecciones de transmisión sexual, previenen el embarazo en la adolescencia y la violencia sexual.

Evitar que las mujeres mueran al dar a luz sigue siendo un gran desafío. Cada año, en el mundo 300.000 mujeres mueren durante el embarazo y el parto, así como casi 2,6 millones de bebés en las primeras semanas de vida, sobre todo en países en desarrollo. En Bolivia la razón de mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 nacidos vivos, una de las más altas de la región. El 68% de estas muertes se da en mujeres indígenas quechuas, aymaras y de pueblos de tierras bajas. En la mayoría de los casos, estas mujeres mueren por hemorragias provocadas por retención placentaria y por hipertensión, factores que se complican por las demoras en la atención oportuna.

En Bolivia, las carreras de Enfermería obstétrica se iniciaron en 2006 en las universidades públicas Juan Misael Saracho (Tarija), San Francisco Xavier de Chuquisaca y Nacional de Siglo XX (Potosí), en una acción coordinada entre el Ministerio de Salud, el Colegio de Enfermeras de Bolivia y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el PNUD. Doce años después, las enfermeras obstetras se constituyen en una experiencia innovadora en América Latina, un recurso humano profesional estratégico y valioso para el cuidado de la salud materna y de los recién nacidos, y de prevención de riesgos para la salud sexual y salud reproductiva. El Ministerio de Salud, en un esfuerzo con el BID y el apoyo técnico de UNFPA, está apostando por la inclusión de más enfermeras obstetras en los servicios públicos como en el caso de Potosí, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud.

El 5 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Partería, destacando el trabajo de las parteras profesionales en el mundo. En el caso de Bolivia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas expresa su reconocimiento público a las enfermeras obstétricas, parteras profesionales, protectoras de la salud de las mujeres que trabajan incansablemente en los servicios más alejados como verdaderas heroínas de la salud materna.

El 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una fecha que reivindica, desde 1999, el derecho de las mujeres, de todas las edades, a vivir una vida libre de violencia. El feminicidio es la violencia más extrema. El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres no es la única forma de violencia que atenta contra sus vidas. Hay otras espirales de violencia que tienen el mismo fin trágico. Una de ellas es la que se inicia con la violencia sexual, sobre todo de niñas y adolescentes, que avanza hacia un embarazo no deseado y de alto riesgo y que suele tener consecuencias funestas en el parto o posparto con la muerte de una niña o adolescente madre.

La violencia sexual es una de las formas de violencia más silenciosa y oculta. De acuerdo con un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 2015, el silencio, la vergüenza y la impunidad son características de este tipo de agresión, tanto en el oriente como en el occidente del país, afectando la integridad de niñas y adolescentes, de manera sistemática y, muchas veces, incluso con la complicidad de los familiares.  

La espiral de la violencia sexual se agrava con un embarazo no deseado que pone en riesgo la salud de las niñas y adolescentes, ya que, entre otras complicaciones, su cuerpo no está preparado para un embarazo a esa edad. El embarazo en la adolescencia suele ser solitario, priva a las futuras madres de oportunidades para realizar sus proyectos de vida, y sobre todo suele ser un embarazo de alto riesgo. Y si es consecuencia de la violencia sexual, es decir, de un delito, las circunstancias de ese embarazo son aún más funestas para las niñas y adolescentes. El embarazo no deseado a esa edad y en esas circunstancias se traduce a menudo en un parto de alto riesgo que puede llevar a la muerte de las jóvenes madres.

La violencia sexual, el embarazo no deseado y la muerte materna de niñas y adolescentes se constituyen en una espiral de violencia y muerte que, a diferencia del feminicidio, suele ser una cadena de tragedia que no es visible en la agenda pública y que requiere acciones de prevención, atención y de sensibilización oportunas y eficientes. El 25 de noviembre es la ocasión para hacerlo.