A casi siete décadas de la puesta en marcha del Plan Bohan, el cual articuló el occidente y el oriente del país a través de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, hoy se vislumbra en los llanos orientales una visión de desarrollo enfocada principalmente a la extracción y la transformación de los recursos naturales. Este plan, impulsado en los años 50 con ayuda de la cooperación estadounidense, ha marcado un hito en el desarrollo y crecimiento económico del país. Cultural y socialmente también se ha avanzado, aunque aún falta mejorar la equidad hacia los territorios indígenas de las tierras bajas, quienes son los guardianes silenciosos del patrimonio natural.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el medio ambiente. Hoy en día, el tono verde de los bosques de Bolivia tiende a convertirse cada vez más en gris, por la dinámica de cambio del uso de las tierras orientales. Desde la Revolución agraria (1953), la “tierra es para quien la trabaja”. Años después, la Ley INRA (1996) estableció la Función Económica y Social (FES) para evitar “tierras ociosas”; parámetro que presiona a destruir las áreas forestales en favor del sector agropecuario y la ganadería. Por ejemplo, la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia (2015) amplió el desmonte para la FES de cinco a 20 hectáreas, promoviendo un mayor cambio de uso de suelos para la seguridad jurídica en predios rurales.
Según se configura la economía del país, el valor funcional de los bosques va quedando en áreas más restringidas como territorios indígenas y áreas protegidas. Al parecer, estamos hipotecando nuestros ecosistemas por una economía inmediata. Las pérdidas generadas por fenómenos climáticos nos posicionan entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático (Germanwatch e.V.). A diferencia de otras naciones, la capacidad de Bolivia para recuperarse ante los desastres climáticos es muy baja. Y lo propio ocurre con nuestra capacidad de adaptabilidad. Por lo que la conservación de nuestros bosques resulta fundamental para ser resilientes ante el calentamiento global.
Según las Naciones Unidas, para ser resilientes y obtener un ambiente saludable, las ciudades deben contar con una superficie mínima de 15 metros de áreas verdes por persona. Lamentablemente este indicador no se da en muchas urbes del país. Adicionalmente, los desastres ambientales tienden a ser mayores porque no ordenamos nuestro territorio, se cultiva en suelos que no tienen vocación productiva y se construye en zonas inundables. De continuar así, la hipoteca medioambiental que estamos dejando a las siguientes generaciones será cada vez más grande.
* Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).