La innovación tecnológica y la automatización avanzan a una velocidad vertiginosa. Tan es así que los temores de un futuro distópico donde las máquinas y la inteligencia artificial desplazan a los humanos se han vuelto lugar común. Pero este futuro de robots y automatización es solo una parte de la historia. Las nuevas tecnologías pueden ser un catalizador de un futuro mejor en los países de América Latina y el Caribe; un mundo con nuevos y mejores empleos, no solo un mundo con más robots.

Es cierto que muchos de los puestos de trabajo poco calificados y menos complejos están siendo reemplazados por la automatización. Es por ello que los empleos del futuro requerirán de habilidades nuevas y más sofisticadas. De hecho, algunos estudios calculan que cerca del 65% de los niños que asisten a la escuela primaria actualmente terminarán en puestos de trabajo que aún no existen.

Más allá de la automatización, la tecnología y la innovación están remodelando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, y en forma positiva. De Tierra del Fuego a Tijuana, de las metrópolis más grandes como Sao Paulo a los pueblos más pequeños en Oaxaca, he visto cómo la tecnología está cambiando vidas a un ritmo sin precedente. Ejemplos hay muchos, desde las líneas de ensamblaje hasta un creciente servicio de Uber en las ciudades y el uso de teléfonos celulares en comunidades rurales que hasta no hace mucho carecían de telefonía fija.

De hecho, la adopción de tecnología digital puede allanar el camino a la reducción de la pobreza y la creación de más (no menos) empleos, al incrementar la productividad. Y estos avances en productividad, a su vez, pueden llegar a ser una oportunidad para trabajadores poco calificados, y no solo para ejecutivos adeptos a la tecnología y sofisticados ingenieros.

El informe del Banco Mundial “Los empleos del mañana: tecnología, productividad y prosperidad en América Latina y el Caribe”, publicado esta semana, muestra cómo la adopción de tecnología mejora la productividad. Con ello, las empresas pueden bajar los costos variables, ampliar la producción, llegar a más mercados, hacer más dinero y generar así más y mejores puestos de trabajo.

Estudios realizados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México muestran que los trabajadores poco calificados pueden beneficiarse de la adopción de tecnologías digitales. Esto porque las empresas que las adoptan incrementan la producción y tienden a contratar más trabajadores a medida que se expanden.

Tomemos el ejemplo de las plataformas de comercialización en línea. Al ayudar a las pequeñas empresas a encontrar mercados en el exterior, las llevan a aumentar sus exportaciones y así a contratar más personas, ya que son precisamente las empresas pequeñas las que suelen contratar, en términos relativos, un mayor número de trabajadores poco calificados. Asimismo, las aplicaciones de software para celulares facilitan la búsqueda de información sobre oportunidades de empleo, equilibrando la oferta y la demanda laboral de mejor manera.

Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue estando rezagada respecto a otras regiones en términos de adopción de tecnología digital. Por ende, una difusión más rápida de la tecnología será crucial para acelerar y alcanzar un crecimiento más inclusivo. Para que esto ocurra, permítanme mencionar las dos cosas que me parecen más relevantes. Deberíamos incorporar y promover la tecnología y la innovación, en lugar de levantar barreras. Internet es un buen punto de partida dado que es el oxígeno del que dependen las tecnologías digitales. Una mayor competencia en el mercado de internet de banda ancha puede mejorar el servicio y los precios; así como la reducción de los aranceles y los impuestos puede mejorar enormemente el acceso a la tecnología, tanto de empresas como de personas, al volverla más asequible. Un ejemplo de cómo afectan estas barreras el nivel de precios es que en algunos países de la región los teléfonos inteligentes y las tabletas están entre los más caros del mundo.

Asimismo, una mejor educación y capacitación son indispensables para asegurar que la juventud aproveche cabalmente las oportunidades generadas por el mundo digital. Sin estas habilidades, las tecnologías de avanzada podrían terminar empeorando la desigualdad al beneficiar únicamente a los más educados y dejar atrás a los demás.

Así como el auge de las materias primas ayudó a la región a reducir las tasas de pobreza a la mitad en la primera década y pico del milenio, las nuevas tecnologías podrían convertirse en el motor de crecimiento clave que amplíe las oportunidades para todos y no solo para los robots.
 

Ahora que América Latina ha vuelto a crecer, nuestros países tienen la oportunidad de darle nuevos bríos a la profunda transformación social iniciada a principios de siglo; una transformación histórica en la que la pobreza se redujo a la mitad entre 2003 y 2013, mientras que millones de personas se incorporaron a la clase media. Pero para impulsar aún más estos avances, detenidos durante el periodo posterior de estancamiento económico, será indispensable lograr un crecimiento más inclusivo que beneficie a las poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas.

La población indígena latinoamericana ha logrado mucho en materia de reducción de la pobreza y acceso a servicios básicos. En países como Perú y Bolivia la pobreza de los hogares indígenas se redujo. En Ecuador, México y Nicaragua se cerró la brecha de asistencia escolar primaria entre los niños indígenas y los que no lo son. Además, en varios países de la región se aprobaron marcos jurídicos para abordar las necesidades y derechos de estos pueblos, lo cual es fundamental para una mayor inclusión en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas.

Sin embargo, todavía existen desafíos. En países con grandes poblaciones indígenas, como Perú, Ecuador, Bolivia y México, el porcentaje de los que tienen un empleo calificado y estable es entre dos y tres veces menor que del resto de la población. En Guatemala, un 61,2% de los niños indígenas sufrían de desnutrición crónica en 2014, en comparación con un 34,5% de los que no lo son. En suma, si bien los pueblos indígenas representan un 8% de la población total de la región, conforman el 14% de los pobres en América Latina.

Las altas tasas de pobreza van aparejadas de un menor acceso a la escolarización entre los niños indígenas, lo cual se traduce en posibilidades más reducidas de incrementar sus ingresos en el futuro. Esto limita la capacidad de mejorar su movilidad social, o lo que es lo mismo, de escapar de la pobreza, convirtiéndose en un círculo vicioso que es necesario romper.

Para lograrlo, en el Banco Mundial trabajamos desde hace años con los países para incrementar las oportunidades económicas y brindar condiciones de vida más dignas a los pueblos indígenas. Lo hacemos apoyando a sus comunidades con programas de desarrollo productivo y protección social, facilitando un mayor acceso a servicios de calidad culturalmente pertinentes, y fortaleciendo la seguridad jurídica de sus tierras. Todo ello a través de proyectos de inversión en diferentes áreas como educación, salud, agua y saneamiento, competitividad rural y conservación de la biodiversidad.

Asimismo, participamos en un proceso de diálogo permanente con organizaciones de toda Latinoamérica, representadas por el Foro Indígena Abya Yala (FIAY). En el marco de este trabajo, se han fomentado procesos de diálogo entre los gobiernos y los representantes indígenas, y se ha brindado asistencia técnica a los países en la formulación de políticas para asegurar una mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo en sus países.

Este compromiso lo reafirmamos a mediados de marzo con la aprobación de un innovador proyecto de $us 80 millones para apoyar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas en Panamá, una iniciativa propuesta por las mismas comunidades. El proyecto establecerá la plataforma operativa y fiduciaria para volver realidad las acciones propuestas en el plan. A la vez, crea un modelo de desarrollo en donde los mismos pueblos son los que definen sus prioridades de inversión y desarrollo en sus territorios, y participan de forma activa en el monitoreo y evaluación de su implementación de la mano con el Gobierno.

En concreto, el proyecto apoyará las prioridades establecidas en el plan para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios de salud, educación, y agua y saneamiento, con base en las prioridades establecidas por sus propias comunidades y autoridades tradicionales. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y coordinación entre el Gobierno panameño y las autoridades indígenas para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural y sostenibilidad de la inversión en estos territorios.

Por supuesto, esperamos que los beneficios vayan más allá del propio proyecto al elevar la visibilidad, inclusión y reconocimiento en la implementación de los derechos indígenas. Asimismo, esperamos que esta iniciativa sea retomada en otros países, pues sabemos que escuchar y tomar en cuenta su propia visión de desarrollo es la mejor manera de contribuir a superar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación. Solo así la profunda transformación social iniciada a comienzos del milenio logrará eliminar la exclusión y aumentar las oportunidades para todos los latinoamericanos. 

Como signo prometedor de movilidad económica intergeneracional, el acceso a la educación en América Latina y el Caribe creció a pasos agigantados en las últimas décadas; de hecho, más que en cualquier otra región. Hoy en día los jóvenes, en comparación con sus padres, asisten a la escuela por más tiempo y, por ende, son más educados y proclives a tener un mayor ingreso.  Sin embargo, este supuesto avance choca con el contexto de la sociedad y la generación en la que viven. Los jóvenes que nacen de los padres menos educados de América Latina siguen siendo mucho más propensos a convertirse en los menos educados entre sus pares. ¿Cuál es la razón principal detrás de esta situación única? En pocas palabras: la desigualdad.

En las últimas décadas, un mayor número de estudiantes, más allá de su origen socioeconómico, accedió a una educación; pero su calidad sigue siendo escasa, particularmente para aquellos en el fondo de la escala social. Por tanto, sus probabilidades de ascender también son escasas.

En un mundo ideal, en donde todos los jóvenes tuviesen las mismas oportunidades, todos deberían tener la posibilidad de mejorar su situación socioeconómica más allá del estatus inicial. Pero en América Latina y el Caribe, de acuerdo con una nueva investigación del Banco Mundial publicada esta semana para celebrar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, las probabilidades de ascender en la mayoría de los países de la región son mucho más bajas que entre los jóvenes de otras regiones.

La única excepción es Costa Rica. Según nuestros datos, Costa Rica es el único país de América Latina y el Caribe que se encuentra entre los de mejor desempeño en “movilidad relativa”, que mide hasta qué punto el nivel educativo de una persona es independiente del de sus padres. Esto significa que los jóvenes costarricenses no solo están mejor educados que sus padres, sino que tienen las mismas probabilidades que sus pares más ricos de mejorar su calidad de vida.

Aquí es importante ubicar nuestros nuevos hallazgos en perspectiva. América Latina y el Caribe logró una enorme transformación social desde principios de siglo. De hecho, durante el auge de las materias primas de 2003-2013 la región pudo reducir la pobreza extrema a la mitad, e incrementar las filas de la clase media hasta el punto en que, por primera vez, ésta representa un segmento más grande que el de los pobres.

Nuestra preocupación ahora es que desde 2015 dichos avances se han estancado. La pobreza y la desigualdad ya no descienden. Y si bien el hecho de que estos avances no hayan retrocedido es un testimonio de los esfuerzos de los diseñadores de políticas de la región, es crucial entender qué se necesita para consolidarlos. Nuestra nueva base de datos arroja algo de luz en este sentido. Dos factores importantes emergen como cruciales para explicar la falta de movilidad social entre estudiantes pobres: su ingreso y su origen étnico.

Si bien la asistencia a la escuela primaria es prácticamente universal en toda la región, sigue habiendo diferencias enormes en los primeros y en los últimos años de escolarización. Entre niños de tres años, apenas la mitad de los que habitan los hogares más pobres asisten a la escuela. En los hogares más ricos, esa proporción es de 90%. Asimismo, el 20% de los jóvenes de 21 años de los hogares más pobres asisten a la escuela, mientras que esa misma proporción en los hogares más ricos es tres veces más elevada.

Otro obstáculo para la consolidación de la transformación social de nuestra región es la situación que enfrentan los grupos marginalizados, incluidas las comunidades indígenas. De acuerdo con nuestra investigación, una mayor tasa de pobreza se traduce en un menor acceso a la escolarización entre jóvenes indígenas.

De todas formas, tenemos buenas noticias en torno a los logros educativos de la región. El estatus socioeconómico puede estar siendo menos importante a la hora de aprender. Según los últimos resultados obtenidos en el examen internacional de calidad educativa, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), el efecto de las características socioeconómicas de un alumno sobre sus resultados PISA, si bien es más elevado que el promedio, cayó más entre los países latinoamericanos que en los demás.

A la hora de la movilidad social, América Latina y el Caribe ha avanzado significativamente en los últimos años. Al mismo tiempo, debemos centrar nuestros esfuerzos en ayudar a los menos afortunados. Solo entonces nuestra región será capaz de consolidar las conquistas sociales alcanzadas y avanzar aún más en reducir la pobreza y la desigualdad. 

La lógica tradicional parecía irrefutable: allí donde hay un bajo nivel de desarrollo y altos niveles de pobreza y desesperanza, las personas son más propensas a actuar al margen de la ley y cometer actos violentos. Sin embargo, y a pesar de unos niveles sin precedentes de crecimiento económico y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe en la última década, la región sigue experimentando altos niveles de criminalidad y violencia.

Entre 2003 y 2013, la región recortó la pobreza extrema a menos de la mitad, a 11,5%, mientras que la pobreza total descendió de manera dramática de 42 a 24,1%. Por primera vez en la historia, hay más personas de clase media en la región que viviendo en la pobreza, elevando las expectativas de una vida mejor.

Empero, la criminalidad y la violencia siguen siendo problemas enormes. Entre 2005 y 2012, los homicidios crecieron a una tasa tres veces más rápida que la misma población. No es de extrañar que el número de latinoamericanos que mencionan al delito como su mayor preocupación se haya triplicado en esos años. La violencia hace que las personas se retraigan, se oculten tras puertas cerradas y eviten los espacios públicos, debilitando los lazos interpersonales y sociales que nos unen como comunidad.

La relación entre el desarrollo y la criminalidad y la violencia es recíproca. Por un lado, no podemos decir que el crecimiento económico y el progreso social no tengan un impacto en la reducción de la criminalidad y la violencia. La lección que sin duda deberíamos extraer de la década pasada es que el desarrollo es necesario pero no suficiente para controlarlos. Además de desarrollo, se debe implementar una combinación de políticas probadas e integrales para prevenir estos flagelos y traer paz y seguridad a nuestras calles.

Por otro lado, la criminalidad y la violencia afectan el desarrollo. Si bien es prácticamente imposible poner un precio a este fenómeno, sabemos con certeza que la región ocupa el primer y segundo puestos mundiales en términos de porcentaje de empresas que sufren pérdidas relacionadas con la criminalidad y costos relacionados a la seguridad, respectivamente. Con base en encuestas a empresarios, podemos estimar que la criminalidad y la seguridad le costaron $us 144.000 millones a las empresas privadas de la región en 2010. En total, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el costo anual para la región llega a $us 261.000 millones.

La inseguridad es el resultado de una combinación de múltiples factores, desde el tráfico de drogas y el crimen organizado, pasando por sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley débiles que fomentan la impunidad, hasta la falta de oportunidades y apoyo para aquellos jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas.

Es por ello que no existe una fórmula mágica. No resolveremos el problema solo con más acciones policiales, más encarcelamientos, más educación o más empleos exclusivamente. Debemos hacer todo esto, de una manera integral, con base en datos fidedignos y estrategias probadas.

En este sentido, Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta es una contribución significativa. Este informe, publicado el 7 de febrero, aporta una nueva mirada a aquello que sí ha funcionado tanto en América Latina como en otros lugares.

Desde programas para la edad temprana que reducen la probabilidad de que los niños abandonen el hogar, hasta tratamientos para la salud mental y empleos de más calidad para los jóvenes, parece ser que un enfoque integral hacia la prevención de la violencia es lo que hace que una política tenga éxito. Y, claro está, para que un enfoque integral funcione, debe tener lugar en un contexto donde instituciones como la policía y el sistema judicial sean responsables y confiables.

Pero más allá de políticas específicas, lo que importa es el tejido social de nuestros países y comunidades. Después de todo, a pesar del crecimiento económico sin precedentes y de las profundas transformaciones sociales experimentadas por la región, América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más desigual del mundo. Por lo que mejorar las oportunidades para todos, así como la equidad en el acceso a servicios sociales, definitivamente ayudará a fortalecer el tejido social y a prevenir comportamientos violentos.

Si queremos tener éxito en la lucha contra la pobreza e impulsar la prosperidad compartida, los niveles sin igual de criminalidad y violencia en la región deben llegar a su fin.

En el futuro, cuando evaluemos la historia de América Latina de comienzo de siglo, seguramente predominará el relato de un auge económico que dejó a su paso una transformación social de gran envergadura. De hecho, el rostro de América Latina cambió sustancialmente entre 2003 y 2013. La pobreza extrema se redujo a la mitad y, por primera vez en la historia, el número de latinoamericanos pertenecientes a la clase media superó al de quienes viven en pobreza. Pero, ¿refleja esta historia la experiencia de los 42 millones de indígenas que viven hoy en América Latina? Según el nuevo estudio del Banco Mundial “Latinoamérica indígena en el siglo XXI”, la respuesta es sí en algunas áreas, pero no en todas.

Por una parte, los pueblos indígenas latinoamericanos registraron grandes avances en materia de reducción de la pobreza y acceso a servicios básicos. En Perú y Bolivia, por ejemplo, cerca de un tercio y un cuarto de los hogares indígenas salieron de la pobreza, respectivamente. El acceso de sus hogares a la electricidad aumentó casi un 50% en países como Panamá y Perú; y el acceso a la educación se convirtió probablemente en el éxito más importante de la década. De hecho, en Ecuador, México y Nicaragua se ha cerrado la brecha de asistencia escolar primaria entre los niños indígenas y quienes no lo son.

Pese a los logros y avances, aún nos queda mucho por hacer. La información y los datos disponibles nos muestran una realidad de exclusión. Si bien las comunidades indígenas representan un 8% de la población total de la región, conforman el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres. Esto es claramente inaceptable.

Contrario a lo que pueda pensarse, hoy en día casi la mitad de los habitantes indígenas de América Latina vive en zonas urbanas. Y en dichos entornos suelen encontrarse en condiciones más inseguras, insalubres y propensas a desastres naturales que otros residentes urbanos. Y en las zonas rurales, donde todavía vive la mayoría de los pueblos indígenas (un 60% en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá), los rezagos son mayores y el acceso a los servicios públicos mucho más limitado.

Alcanzar nuestras metas de erradicar la pobreza extrema y promover el crecimiento con equidad requiere de esfuerzos particulares e informados para incluir a la población indígena, así como a otros grupos de latinoamericanos que hoy en día sufren de exclusión.

Para entender y atender mejor las necesidades de los pueblos indígenas es fundamental tener en cuenta su propia visión respecto de su desarrollo. En nuestras consultas y diálogos con pueblos indígenas hemos aprendido que respetar su identidad cultural no tiene por qué estar en contra de la creación de oportunidades para todos y la búsqueda de bienestar.

Por ello, el mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas debe incluir políticas que tomen en cuenta sus voces, culturas e identidades, y también una lucha frontal contra la exclusión. El empoderamiento de las mujeres será crucial, al igual que un mayor acceso de niños y jóvenes indígenas a una educación bilingüe y de calidad. Solo así podremos aumentar las oportunidades de todos los latinoamericanos de tener una vida mejor, y posicionar a la región para enfrentar los retos del futuro; un futuro en el que el rostro de América Latina siga cambiando para bien, sin dejar rezagado a ningún grupo.

Es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.