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domingo 28 feb 2021 | Actualizado a 03:43

Brasil, disparo en masa

Lo que está en riesgo en Brasil y en el continente no es solo una presidencia.

/ 27 de octubre de 2018 / 03:44

Las esvásticas resaltan en las paredes de Brasil y en los cuerpos de las víctimas de los seguidores de Jair Bolsonaro, el favorito en las encuestas para ganar el balotaje en las elecciones presidenciales brasileñas. De inicios de octubre a la fecha se denunciaron cuatro asesinatos y 120 ataques contra estudiantes, profesores y periodistas, principalmente. Solo por ser negros, por ser mujeres, por ser pobres o por ser transexuales.

En el videojuego Bolsomito 2k18 el candidato presidencial del Partido Social Liberal (PSL) debe agredir a mujeres, homosexuales, negros, miembros del Movimiento de los Sin Tierra o del Partido de los Trabajadores para ganar puntos. El objetivo de ese “juego” es derrotar los “males del comunismo y liberar a la nación de la miseria”. La realidad superó a la ficción, cuatro seres humanos fueron asesinados a manos de extremistas respaldados por el discurso de odio y violencia propagado por Bolsonaro.  

La campaña del “Donald Trump brasileiro” también se encuadra en la lógica de la guerra de exterminio: “Disparo en masa”. Es la clave de su estrategia comunicacional, consistente en la compra de paquetes de mensajes (falsos) que son distribuidos vía WhatsApp a millones de cuentas.

Hace unos días, el periódico brasileiro Folha de São Paulo denunció la compra de estos paquetes por un grupo de empresas vinculadas a Bolsonaro, práctica penada en la legislación de ese país, mejor conocida como “Caixa 2”. Mediante este mecanismo corrupto se habrían pagado cerca de $us 3,2 millones para generar y difundir mensajes de odio contra el candidato del PT, Fernando Haddad. Hoy, el caso se encuentra en investigación por la Justicia brasileña, pero la propia empresa WhatsApp afirmó haber bloqueado “cientos de miles” de cuentas por difundir noticias falsas, entre las que figura la cuenta del hijo de Bolsonaro.

Pero, la pregunta de fondo es, ¿qué tiene que ocurrir en un país para que vire a la barbarie? Las explicaciones no alcanzan, el argumento de la “crisis económica” en la que se sumergió el gigante del sur no alcanza a dar cuenta de lo que se avecina, pese a ser un factor real. Brasil se aproxima a la instalación de un fascismo de nuevo tipo, de una dictadura recargada y legitimada por el voto popular. Donde, a decir del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, se vislumbra la reducción de la democracia al mínimo, la exclusión social y la represión, una amenaza real donde “el régimen puede ser formalmente democrático, pero la sociedad es cada vez más fascista”.

Y nadie puede ser ajeno a lo que acontezca mañana en Brasil, la democracia requiere que desde Bolivia, y desde cualquier rincón del mundo, se levanten las voces en su defensa. La democracia es una conquista colectiva, que en nuestro país también se enfrentó a las fuerzas más retrógradas que apaleaban indígenas en las plazas públicas y hoy levantan cabeza lanzando escupitajos o acosando a periodistas como sucedió hace unas semanas en un restaurante de Cochabamba. La democracia se ve amenazada por esos que dicen defenderla, y hacer apología de la violencia no ayuda a la construcción de sociedades mejores. Lo que está en riesgo en Brasil y en el continente no es solo una presidencia que nos confirme un “fin de ciclo” ansiado, sino la pervivencia de la política en sentido pleno, de la cultura y de la sociedad.

* Máster en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

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‘Huachicoleo’, el millonario robo de gasolina

El 80% del combustible que se sustrae de Pemex es impulsado por el propio personal de la empresa estatal.

/ 16 de enero de 2019 / 03:33

En las últimas semanas, se ha apoderado una suerte de psicosis en algunos sectores de la población mexicana que consideran estar frente a la escasez de combustible más grave de la historia del país, lo que los impulsa a realizar largas filas para llenar los tanque de gasolina de sus vehículos. Si bien es cierto que efectivamente existen dificultades en el suministro de carburantes, éstas no responden a la escasez, sino a la implementación de un plan para combatir el robo de combustible, que en México alcanza niveles dramáticos y que se conoce con el nombre de “huachicoleo”. Según datos de la UNAM, en México diariamente se roban aproximadamente 60.000 barriles de combustible, equivalentes a 7 millones de litros. Tan solo en 2018 el daño económico al Estado por este robo fue de aproximadamente 60.000 millones de pesos mexicanos ($us 3.130 millones).

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un rol fundamental para la economía del país; cabe recordar que en sus mejores épocas llegó a aportar el 47% del Producto Interno Bruto (PIB). El plan implementado por el presidente Manuel López Obrador implica el resguardo de 58 instalaciones estratégicas de Pemex y la intervención del sistema de monitoreo. Esto ha generado cortes en el proceso de distribución, lo que a su vez ha provocado dificultades en el abastecimiento en algunas gasolineras en varias ciudades del país. Sin embargo, esto no significa que exista escasez de combustible.  

El hurto de carburantes en México es un problema de años, que tiene entre sus causas la falta de inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución. Según la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, el mayor saqueo a Petróleos Mexicanos se realiza a través de una compleja estructura interna. Pérez afirma que el 20% del total del combustible saqueado se extrae de tomas clandestinas realizadas por personas externas a Pemex; mientras que el 80% restante es sustraído por los propios trabajadores de la empresa estatal. Si bien el huachicoleo a la principal empresa mexicana se ha mantenido en los diferentes sexenios, en la gestión de Enrique Peña Nieto se incrementó en un 262%.

Pero el robo de combustible es solo la parte visible del crimen organizado inmerso en toda la cadena de producción. Una vez que los hidrocarburos llegan a las refinerías, se inicia el robo en las cisternas, con la complicidad del personal a cargo del monitoreo. Durante los operativos implementados por el gobierno de López Obrador se encontraron tomas paralelas (ilegales) en las propias refinerías y en otras instalaciones de Pemex. Por esta razón, el Presidente decidió intervenir las refinerías, las terminales de almacenamiento, estaciones de rebombeo y los ductos de Pemex.

El huachicoleo es ejecutado por redes criminales integradas por trabajadores de la empresa estatal, transportadores privados de combustible, efectivos policiales y gasolineras que compran el producto robado y lo venden como si fuera legal. Las largas filas en las gasolineras mexicanas no responden a la escasez de carburante, nada más equivocado. El desabastecimiento parcial responde a medidas necesarias para recuperar los recursos estratégicos de todos los mexicanos, los cuales, por fortuna, todavía abundan.

El plan impulsado por el gobierno de López Obrador busca sentar soberanía sobre los recursos de un país históricamente saqueado. Y ojalá sea una batalla de toda la población contra los saqueadores. En este sentido, urge la participación de todos los habitantes de México, comprometiéndose a no comprar combustible robado, y poniendo los intereses de la nación por encima de mezquindades individuales.

* Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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