En los últimos años el desarrollo agropecuario y la expansión urbana, producto del incremento y la migración poblacional de una región a otra, se han incrementado de forma exponencial en el país. Este fenómeno, además de impulsar la ocupación de nuevos territorios y con ello la sustitución de áreas naturales, está promoviendo la utilización y el consumo de una mayor cantidad de recursos naturales esenciales para la vida como el agua.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 70% del agua que se extrae de los acuíferos, ríos y lagos se destina para el uso agrícola y ganadero; el 20%, para la industria, y solamente un 10% es utilizado por las poblaciones urbanas y rurales. La FAO también indica que se requieren cerca de 3.000 litros de agua por día para satisfacer y garantizar las necesidades alimenticias de una persona.
Considerando esta situación, algunos analistas señalan que el incremento del uso del agua que demandarán las iniciativas de expansión agrícola y ganadera a fin de garantizar la seguridad alimentaria, y/o dar inicio a la producción de nuevas alternativas de energía (biocombustibles), no debería significar un problema, puesto que, según la “ley de la conservación de la materia”, nada se crea, nada se destruye, sino que todo se transforma; por lo cual, el agua no se perdería como tal.
Sin embargo, esta afirmación no considera que el agua es un recurso natural renovable, por tanto, es finito. Y es que luego de que este vital elemento ha sido utilizado y transformado, para renovar su disponibilidad en el medio (acuíferos subterráneos, ríos y lagos) hace falta que ocurran una serie de procesos físicos y químicos, elaborados principalmente por las plantas de los ecosistemas naturales. Además, como resultado de dichos procesos, las plantas también generan el oxígeno que respiramos y adsorben el dióxido de carbono (CO2) producido por las actividades antrópicas (ganadería, agricultura, industria, etc.).
A pesar de su importancia, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), se estima que hasta 2017 se han deforestado a nivel nacional poco más de 7 millones de hectáreas de bosques. Lo que también se traduce en una pérdida de agua y del oxígeno que consumimos. En este sentido, urge cambiar los lineamientos de desarrollo apegados a la frase de garantizar la “seguridad alimentaria”, tomando en cuenta también la importancia de garantizar la provisión de agua y el oxígeno que consumimos diariamente.
* Subgerente en Investigación y Monitoreo de Ecosistemas de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).