La Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, trabaja desde hace más de 55 años en diversos ámbitos, como el comercio, la transformación productiva, la integración física, el desarrollo social, entre otros importantes temas que buscan contribuir al desarrollo de los países miembros y de sus 114 millones de habitantes.

Adicional a ello, la CAN viene implementando la Agenda Digital Andina (ADA), herramienta regional constituida como prioridad para los gobiernos, empresas y ciudadanos de la región, que ofrece oportunidades para mejorar la calidad de vida, fomentar la innovación y aumentar la competitividad, sin embargo, en ese marco, la Comunidad Andina enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para aprovechar al máximo el potencial de la era digital.

Desde su aprobación en el 2022, la ADA ha permitido poner en marcha acciones concretas y transversales en todos los campos de acción en los que trabajamos junto a los cuatro países miembros. La hoja de ruta de la Agenda contiene de manera integral los siguientes ejes y líneas de acción: gobierno digital y transformación digital, infraestructura y conectividad, talento digital, economía digital y uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo.

En esa línea la CAN lleva adelante dos iniciativas emblemáticas: el proyecto INTERCOM, que permitirá que la emisión y control de documentos de comercio exterior se realicen de manera digital y en tiempo real. Se esperan intercambiar más de cuatro millones de documentos digitales y alcanzar la conclusión del proyecto a finales del 2024.

En el eje referido al uso de las nuevas tecnologías, la CAN contará próximamente con un Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria, que brindará un valioso apoyo a los productores agrícolas y a las autoridades fitosanitarias de los cuatro países frente a brotes de plagas y enfermedades en productos agrícolas de interés de la región, mediante el uso de la inteligencia artificial.

Sumado a estos importantes esfuerzos, el Grupo ad hoc de Comercio Electrónico avanza en la negociación del Marco Normativo General en esta materia, cuyo objetivo es establecer una norma estándar que contribuya a la transformación digital de la región y a incrementar el desarrollo y la competitividad de los mercados andinos.

Impulsamos además el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea a través de la Alianza Digital, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Centro de Ciber Capacidades de Latinoamérica y el Caribe de la Unión Europea (LAC4) y la Fundación Telefónica, entidad con la que llevamos adelante el programa “Conecta Empleo”, mediante el cual se vienen capacitando los ciudadanos de la CAN en aspectos relacionados a capacidades de talento digital.

La conectividad y accesibilidad son dos de los principales desafíos en la región andina. La falta de infraestructura digital en zonas rurales y remotas limita el acceso a servicios básicos como Internet y telefonía móvil, lo cual afecta la economía local.

Otro reto importante es la ciberseguridad. Nuestra región es vulnerable a amenazas cibernéticas, lo que pone en riesgo la seguridad de los datos personales y la integridad de las empresas. La falta de políticas de seguridad efectivas y la carencia de expertos agrava este problema.

Un tema no menor, es la brecha digital que se convierte en un obstáculo significativo. La desigualdad en el acceso a tecnologías y habilidades digitales limita las oportunidades de empleo y educación para muchos ciudadanos, generando exclusión social y económica.

La ADA también ofrece oportunidades significativas. La innovación y emprendimiento son fundamentales para crear empresas y empleos en el sector digital. La educación y capacitación en habilidades digitales pueden mejorar la empleabilidad y la productividad.

Además, la cooperación entre países andinos y otras naciones puede fortalecer la economía digital y fomentar la innovación. El desarrollo sostenible es un beneficio potencial, ya que las tecnologías pueden proteger incluso el medio ambiente y sobre todo mejorar la calidad de vida.

Diego Caicedo es director General de la Comunidad Andina.

El pasado miércoles 18 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor (con una mayoría de 124 votos favorables, 43 abstenciones y con la oposición de 14 países) de la resolución que exige a Israel, la potencia ocupante, “poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado en un plazo de 12 meses sin demora”, así como derogar toda legislación racista, basándose en una opinión consultiva sobre los efectos legales de las políticas de Israel y su práctica en Palestina, emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024.

La resolución es una decisión jurídica y no política que exige a Israel cumplir con todas sus obligaciones conforme al derecho internacional, incluida la de retirar todas sus fuerzas militares del territorio palestino ocupado, el cese inmediato de todas las actividades de asentamiento, la evacuación de todos los colonos del territorio palestino ocupado, el retorno de todos los palestinos desplazados durante el conflicto para regresar a sus lugares de residencia, el desmantelamiento del muro de separación de apartheid construido por Israel, la devolución de las tierras y otros bienes inmuebles confiscados, así como de todos los activos que le han sido incautados desde el inicio de su ocupación en 1967 y a no obstruir el ejercicio del pueblo palestino a su derecho a la autodeterminación, incluido su derecho a establecer un Estado independiente sobre todo el territorio palestino ocupado. La resolución también pide a todos los Estados que no reconozcan la legitimidad de la situación resultante de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado y que no proporcionen ninguna ayuda para mantener esta situación. El resultado de la votación es un golpe significativo que pone de manifiesto que el mundo está de un lado mientras que Israel y sus aliados están en el lado contrario.

El Secretario General de la ONU deberá presentar un informe dentro de tres meses sobre el alcance del compromiso y la implementación de lo señalado en la resolución por parte de Israel. Esta resolución, basada en el derecho internacional y en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, confirma la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, envía un mensaje claro de que la ocupación debe terminar lo más rápido posible y que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación. Esta es la primera resolución de este tipo presentada por el Estado de Palestina desde que éste obtuvo derechos y privilegios adicionales en las Naciones Unidas en mayo de 2024. La resolución es una nueva condena a la ocupación y a sus continuas prácticas racistas contra nuestro pueblo y sus derechos nacionales; se deben tomar medidas individuales y colectivas para obligar a Israel a implementar la resolución.

El consenso internacional sobre esta resolución renueva la esperanza del pueblo palestino, sometido a una agresión y a un genocidio generalizados en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén, para lograr sus aspiraciones de libertad e independencia y establecer su Estado palestino independiente. Esta resolución es un primer paso para poner fin a la impunidad de Israel, destacando que “Israel no puede seguir cometiendo crímenes de guerra y ocupación racista sin disuasión internacional”. La comunidad internacional ha manifestado alto y claro que es hora de poner fin a esta ocupación.

El Estado de Palestina llamó a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para garantizar la implementación de esta resolución de la ONU con el fin de lograr una paz justa y duradera y la independencia del Estado soberano de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967 con Jerusalén Este como su capital.

La resolución de la ONU abre la puerta a una mayor presión, no sólo para mejorar la posición del Estado de Palestina en la Asamblea General, sino para trabajar en paralelo para expulsar a la entidad hostil de su membresía en la organización global o suspenderla hasta su pleno cumplimiento con todas las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con Palestina en sus diversos aspectos.

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de Palestina ha marcado un momento histórico, pero no será suficiente por sí sola para lograr la justicia a menos que se transforme en medidas prácticas sobre el terreno. La comunidad internacional debe continuar ejerciendo presión sobre Israel, es necesario que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas asuman sus responsabilidades en la implementación de las resoluciones internacionales, sin selectividad ni doble moral. Los palestinos deben permanecer firmes en su lucha, beneficiándose de este impulso internacional para lograr su sueño de libertad e independencia.

Mahmoud Elalwani es Embajador del Estado de Palestina en Bolivia.

Un momento crucial en el desarrollo de la cultura de izquierda moderna llegó en algún momento de 2013, cuando Ta-Nehisi Coates, leyendo libros sobre los estragos y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial escritos por los historiadores Tony Judt y Timothy Snyder, se dio cuenta de no creer en Dios. “No creo que el arco del universo se incline hacia la justicia”, escribió Coates para The Atlantic. “Ni siquiera creo en un arco. Creo en el caos… No sé si todo acaba mal. Pero creo que probablemente sí”.

Pido disculpas por atribuir tanto énfasis a la crisis existencial de un escritor. Pero es justo describir al autor de El caso de las reparaciones y Entre el mundo y yo como el intelectual-experto definitorio de la última era de Obama, el escritor cuyo trabajo sobre la raza y la vida estadounidense marcó el tono de la trayectoria del progresismo a lo largo de toda la historia. Y en su crisis de fe, en su rechazo al optimismo, se ve la pregunta que ha flotado sobre la cultura de izquierda durante un período en el que su influencia sobre instituciones estadounidenses ha aumentado notablemente: ¿Tiene algún sentido que un izquierdista sea feliz?

El temperamento de izquierda es, por naturaleza, más infeliz que las alternativas moderadas y conservadoras. El rechazo de la satisfacción es esencial para la política radical. El deseo de tomar lo que nos da el mundo y hacer algo mejor con ello siempre estará vinculado a una gratitud menos relajada que a una picazón de descontento. Pero la izquierda del siglo XX tenía dos anclas muy diferentes en un optimismo fundamental: el cristianismo de la tradición del evangelio social estadounidense, que influyó en el liberalismo del New Deal e infundió el movimiento de derechos civiles, y la convicción marxista de que la lógica férrea del desarrollo histórico eventualmente traería consigo sobre una utopía secular: ¡confíen en la ciencia (del socialismo)!

Lo notable de la izquierda en la década de 2020 es que ya no existe ninguna de las dos anclas. En lugar de ello, se tiene miedo de que cuando el “capitalismo tardío” colapse, probablemente se lleve a todos abajo, una sensación de que deberíamos “aprender a morir” a medida que la crisis climática empeora, una creencia en la supremacía blanca como un pecado original sin la clara promesa de redención. Para las personas de mentalidad severa, el pesimismo del intelecto puede coexistir con el optimismo de la voluntad. «Tampoco soy un cínico», escribió Coates en el ensayo de 2013. “Aquellos que rechazamos la divinidad, que entendemos que no hay orden, que no hay arco, que somos viajeros nocturnos en una gran tundra, que las estrellas no pueden guiarnos, entenderemos que el único trabajo que importará, será el trabajo realizado por nosotros”.

Pero no debería sorprender que algunos de esos “viajeros nocturnos en una gran tundra” puedan inclinarse un poco más que los izquierdistas del pasado a la desesperación. Tampoco debería sorprender que, en medio de la reciente tendencia hacia una creciente infelicidad juvenil, la brecha de felicidad entre izquierda y derecha sea más amplia que antes: que sea lo que sea que haga a los jóvenes más infelices (ya sean teléfonos inteligentes, cambio climático, secularismo o populismo), el efecto es magnificado cuanto más a la izquierda vaya. Esta parece ser la situación en la que se encuentra hoy una buena parte de la izquierda estadounidense: no consolada ni por Dios ni por la historia, y esperando vagamente que la terapia pueda ocupar su lugar.

Ross Douthat es columnista de The New York Times.

Los últimos 25 años de mi vida se los debo a mi padre, quien se quedó dormido bajo anestesia general mientras un cirujano cortó 20 centímetros desde el estómago hasta la columna, le extrajo uno de los riñones, lo puso en hielo y lo envió a un quirófano cercano donde lo colocaron en mi abdomen. Mi hermano recibió un trasplante de riñón esa misma semana, seis días antes que yo. Su nuevo riñón provino de un hombre que nunca conocimos y que murió en un accidente automovilístico en las montañas. Éramos adolescentes y padecíamos una enfermedad renal congénita. Pero tuvimos suerte.

Hay 100.000 personas en Estados Unidos esperando un riñón. Más de medio millón están en diálisis, que por mi propia experiencia sé que es más un medio de supervivencia que una forma de vida. Alrededor de 4.000 personas mueren cada año mientras esperan un riñón. Otras 4.000 enferman demasiado para someterse a una cirugía, una forma más amable de decir que ellos también mueren. La Fundación Nacional del Riñón estima que, sin una mayor inversión en la prevención de la diabetes y otras dolencias, más de un millón de personas sufrirán insuficiencia renal en 2030, frente a las más de 800.000 actuales.

Estas cifras iluminan una historia de sufrimiento en gran medida evitable. Cientos de millones de personas sanas caminan tranquilamente por las calles llevando dos riñones. Solo necesitan uno. El problema es cómo conseguir que los riñones de las personas que tienen uno de sobra lleguen a la gente que lo necesita. Obtenerlos de cerdos genéticamente modificados, como se descubrió recientemente que es posible, no será una solución generalizada durante mucho tiempo.

Hay una respuesta más sencilla y necesaria hace mucho tiempo: pagar a la gente por sus riñones. Crear un mercado para los riñones no es un concepto nuevo, pero históricamente ha sido recibido con disgusto: ¿Vender qué? Para ser justos, algunas de las formas de estructurar dicho mercado serían irresponsables, coercitivas y merecedoras de ese disgusto. Pero otros son más reflexivos y prudentes. Un enfoque es convertir al gobierno federal en el único comprador de riñones. El donante y el receptor nunca se encontrarían. La compensación sería fija y el regateo sería imposible. Una vez adquirido el riñón, el proceso de trasplante se desarrollaría de la manera habitual.

Durante varias décadas, los esfuerzos por persuadir a las personas para que se conviertan en donantes de riñón no han aumentado el número de voluntarios. En 2000 había aproximadamente 6.000 donantes vivos de riñón; en 2023 había aproximadamente 6.000. La única forma de conseguir más donantes es cambiar la ley.

Algunas personas que se oponen a la idea de vender órganos argumentan que, en cambio, deberíamos mejorar el proceso de captura de órganos de personas que han muerto. Pero incluso un sistema que funcione perfectamente y que recupere y trasplante el 100% de los órganos disponibles no podría satisfacer la demanda. Y los riñones de donantes fallecidos no duran tanto como los de donantes vivos.

Una de las objeciones más consistentes y ruidosas al mercado de riñones se centra en el miedo a la coerción o la explotación: si se paga a la gente para que haga algo, especialmente si se les paga mucho, entonces se obligará a los más desesperados y socialmente precarios a hacerlo.

Mi propio riñón ha estado funcionando desde agosto de 1998, mucho más tiempo que el trasplante promedio. Se agotará en algún momento, tal vez antes de que mis hijos se gradúen de la escuela secundaria. Es casi seguro que fracasará antes de que nazcan los hijos que puedan tener. Aún así, he vivido 25 años que de otra manera no habría vivido. Espero un mundo en el que otros —muchos otros— reciban un regalo tan exquisito.

Dylan Walsh es columnista de The New York Times. 

La política doméstica bajó un poco de intensidad estos días con el anuncio de la suspensión del bloqueo de caminos por parte de Evo Morales. Son buenas noticias, pues andamos aburridos de tanto lío, pero habría que ser inocentes para creer que durará mucho tiempo.

Entretanto, quiero volver al escenario dantesco que ofrecen los incendios, que son el verdadero problema de la nación. En lugar de estar viviendo con indignación el escándalo que significa someter al país a respirar literalmente cenizas, estamos en una suerte de naturalización de un problema de mucho calado.

Mientras el bosque arde, en el occidente tenemos la cabeza llena con la pelea del MAS y sus resultados: ¿quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, sobre todo el movimiento popular. Sépanlo.

En el oriente, donde están los incendios, ¿qué pasó? El 24 de septiembre Santa Cruz estuvo de aniversario. La celebración no se compadeció y mucho menos se frenó por el llanto desesperado de los alcaldes de San Rafael y Montero, cuyos municipios están siendo devorados por las llamas. De hecho, en medio de la tragedia, en la serenata que brindó la Alcaldía cruceña y también en la inauguración de la Feria Exposición de Santa Cruz, hubo… montones de fuegos artificiales.

Recuerdo que el evento “Respira” (realizado en La Paz), trajo mucha indignación a los internautas, especialmente cruceños, que con razón criticaron la banalización de la muerte de la flora y fauna provocada por los incendios; pero francamente no encuentro muchas diferencias entre esa falta de tino y el hecho de que, en medio de la peor crisis ambiental de nuestra historia, se disparen fuegos artificiales al cielo más contaminado de América.

El próximo miércoles se presenta un informe de OXFAM que titula “A fuego y mercurio”. Tiene un capítulo dedicado al “agronegocio y la ganadería”. Les anticipo que sus datos provocan dolor de estómago a cualquier que le tenga un poco de cariño a la vida.

El problema es mucho más estructural y grande de lo que imaginamos y cuenta con el amparo de sector público, del sector privado, de los pequeños y de los grandes.

OXFAM nos advierte que el 97% de la deforestación se debe a la ampliación de la ganadería y el agronegocio; este último ha visto crecer sus rentas de forma histórica, pero solo el 2% de sus ingresos se destina a impuestos para el Estado, a un aporte a la colectividad. Este monto no alcanza ni por asomo para cubrir los 300 a 350 millones de dólares anuales con los que todos los bolivianos subvencionamos sus carburantes.

Tenemos, entonces, que un negocio que exporta más de 3.000 millones de dólares al año es subvencionado con recursos públicos, ¡qué despropósito! Pero este es solo el inicio. El 55% de los campos que hoy presentan focos de calor son tierras de propiedad agroindustrial, así que estos “educados” propietarios son igual (o peor) que “los otros”; se han beneficiado como nadie de las llamadas “leyes incendiarias” y encima no cumplen con ninguna de sus responsabilidades para con el país: queman y no pagan el precio que significa para el erario público sus quemas ni en salud, ni en políticas medioambientales, ni en daños a las comunidades indígenas, ni en emigración, etc.

De hecho, cuentan con un Estado que básicamente los está fomentado. O peor, que le está pagado por hacerlo. ¡Qué escándalo!

Los impuestos por importación de maquinaria están en cero, la recaudación de impuestos es ridícula, no existe ninguna exigencia para la repatriación de las divisas y ni hablar de un impuesto específico a las exportaciones.

Más datos: resulta que el 10% de nuestro fondo de pensiones, que es más o menos 2.500 millones de dólares, está invertido en el sector agroindustrial, ganadero y azucarero. ¡Están deteriorando nuestras condiciones de vida, con nuestro propio dinero! No solo los financia el Estado a través de subvenciones, también el sistema financiero (público y privado) con créditos.

En 2023, el 64% de los créditos bancarios, con una tasa del 5% aproximadamente, se concentró en ocho empresas soyeras. El dinero de los bancos, que al final es de la gente; las divisas no devueltas a los ahorristas, se están invirtiendo en la piromanía. Ah, pero ellos le llaman desarrollo, dígase “modelo cruceño” o “comunitario y productivo”.

Desde 1985, en Bolivia comienza una gradual pérdida de bosques que se acelera en 2016. No hubo qué frene este desastre, como explica el informe de OXFAM. Los incentivos económicos para el desmonte son fantásticos. No hoy moral o legislación que alcance a detener este crimen contra la vida.

Hay otro capítulo sobre minería, del que hablaremos más adelante (un dolor a la vez).

Susana Bejarano Auad es politóloga y periodista.