Uno de los carteles de los más de un millón de manifestantes chilenos que marcharon el 25 de octubre decía: “El neoliberalismo nació en Chile y se está muriendo en Chile”. Uno pensaría que el obituario es cierto, a juzgar no solo por las protestas que se han visto en Chile y en Ecuador desde hace unas semanas, sino también por los resultados electorales en Argentina, Bolivia y México. No es así, pero sí señala algo real: un nuevo vuelco a la izquierda en América Latina.

En los últimos cinco años, las elecciones en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú han llevado al poder a partidos o líderes conservadores y neoliberales, que abogan por el libre mercado y el libre comercio. La “marea rosada” que llevó democráticamente a líderes de izquierda a la presidencia al comienzo del siglo XXI está retrocediendo, con frecuencia sumida en la vergüenza. Un expresidente brasileño fue encarcelado y otra fue destituida. En Argentina, Cristina Fernández fue acusada de fraude y corrupción. Los últimos seis presidentes de Perú están en la cárcel, bajo investigación por corrupción o muertos a causa del suicidio.

El líder socialista Evo Morales anunció el mes pasado que había ganado la reelección en Bolivia y que tendría un cuarto mandato, como consecuencia de una manipulación electoral y una violación a la Constitución que él mismo redactó y había ratificado mediante un referéndum. Sin embargo, las sucesivas manifestaciones que reclamaban un fraude electoral, una auditoría internacional que evidenció indicios de fraude en todo el proceso electoral y el llamado del Ejército para que renunciara lo obligaron a dejar el cargo.

El fin del auge de las materias primas, la corrupción y el cansancio han sacado a la izquierda del poder, y los llamados neoliberales han aparecido para llenar el vacío. A excepción de Venezuela, México y Bolivia (hasta el pasado domingo), los gobiernos latinoamericanos han estado enmarcados en el Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones de políticas económicas respaldadas por EEUU para los países desarrollados, en especial en América Latina.

Pero hoy, ellos están siendo desplazados, ya sea mediante elecciones o presión de protestas callejeras masivas. Parece que viene un nuevo cambio. Sin embargo, aunque hay diferencias significativas en Latinoamérica entre la izquierda y la derecha, o entre el neoliberalismo y la democracia social, el margen para el cambio económico es mucho más estrecho de lo que creen los proponentes de cada lado y, lo que es más importante, es mucho menor de lo que los latinoamericanos esperan.

La izquierda ha gobernado Chile durante 24 de los últimos 29 años. Las políticas que se rechazan actualmente, mediante reclamos de menos desigualdad y un sistema político más sensible, son en su mayoría las que ha implementado la coalición de centroizquierda chilena (la Concertación). Chile es la gran historia de éxito de Latinoamérica, incluso si sus ciudadanos no creen este discurso o lo rechazan rotundamente. Es cierto, Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, no es nada popular, pero la oposición, los partidos de centroizquierda, son igual de impopulares.

De igual modo, la crisis económica que llevó a los argentinos de vuelta al peronismo (tras cuatro años con un presidente que estaba a favor de la iniciativa privada) es resultado, al menos en parte, de los mismos peronistas, quienes ocuparon la presidencia entre 2002 y 2015 y han estado omnipresentes en las disputas del país por el poder desde 1945. Alberto Fernández, quien ganó la elección en octubre, podría ser el primer líder peronista que no es ni corrupto ni demagogo, pero gobernará en compañía de Fernández de Kirchner (quien es ambas cosas) y una facción de izquierda de mano dura en el Congreso. Pero más importante aún es que Argentina debe $us 57.000 millones al Fondo Monetario Internacional, y su nuevo presidente se verá obligado a negociar un nuevo paquete de asistencia de la organización financiera.

Morales, a su vez, había permanecido en el poder hasta ahora en buena medida gracias a las políticas macroeconómicas ortodoxas que implementó, a pesar de su retórica y fanfarronería antiestadounidense. Sus esfuerzos exitosos para sacar a los bolivianos de la pobreza dependieron de los altos precios en las materias primas. Pero esa era se acabó. Y en México, Andrés Manuel López Obrador está descubriendo con rapidez que los mercados, las limitantes presupuestales y Estados Unidos vuelven inviables muchas de sus promesas. Detesta el neoliberalismo, pero necesita desesperadamente que el Congreso estadounidense ratifique uno de sus íconos: la versión más reciente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Las incipientes clases medias latinoamericanas son producto del crecimiento económico a largo plazo, si bien modesto, que se ha visto en el transcurso del último cuarto de siglo. Han surgido de la pobreza, pero sienten que su vida no es la que debería ser. Chile es el mejor ejemplo: el elevado ingreso per cápita lo convierte en un país rico “pobre”, pero con pensiones miserablemente bajas para los adultos mayores, educación superior excesivamente cara e inútil para los jóvenes, servicios médicos mediocres y onerosos para los adultos que trabajan, salarios precarios, y un sentimiento de comunidad que disminuye en todos los ciudadanos.

Un sistema político insensible, aunque democrático en todos los países de la región, ha alimentado la explosión social actual, principalmente a consecuencia de la frustración. Los gobiernos vienen y van, pero sus políticas concretas son similares, o algunas veces incluso idénticas. La desigualdad ha disminuido hasta cierto punto, incluso en Chile, pero no lo suficiente. Los ricos se hacen más ricos y las clases medias detectan y resienten cada vez más su opulencia. El resentimiento se acumula, en especial cuando el crecimiento económico se escapa o se desvanece, como está pasando actualmente en Latinoamérica. Cualquier cosa puede desatar una revuelta: los aumentos en la gasolina en Ecuador, el fraude electoral en Bolivia, el aumento del precio del transporte en Chile…

Parece no haber alternativa para el statu quo, ya se trate del neoliberalismo o de otra cosa. Peor aún, parece no haber para dónde voltear. Excepto tal vez hacia el norte, donde frustraciones similares también han generado un clamor por el cambio. Lo que los latinoamericanos quieren, al menos en las naciones con mayor clase media, es un Estado de bienestar que funcione: atención médica adecuada, pensiones apropiadas, educación superior accesible, salarios decentes. ¿Les suena familiar? Tal vez los chilenos, los argentinos, los brasileños y los mexicanos deberían estudiar el debate democrático que actualmente se está dando en EEUU sobre cómo alcanzar y financiar esas metas.

Las nuevas y las viejas clases medias latinoamericanas reclaman (en las urnas, en las calles y en las redes sociales) el fin de la corrupción y la violencia, pero también el tipo de Estado de bienestar que puede reducir la desigualdad, mejorar los servicios públicos y aumentar los salarios. Esto no dista mucho de lo que muestran las encuestas que quieren muchos estadounidenses en este momento.

Las encuestas revelan que los estadounidenses están dispuestos a pagar esas prestaciones a través de impuestos más elevados a los ricos, en parte porque los ricos tienen más riqueza que nunca, como suele ser el caso, cada vez con más frecuencia, en muchas partes de Latinoamérica. Un Estado de bienestar chileno costaría muchísimo dinero, pero el país tiene finanzas públicas saludables para pagarlo, al igual que Estados Unidos. Una coincidencia afortunada y productiva.

* Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, actualmente es catedrático de la Universidad de Nueva York y columnista de opinión de The New York Times. © The New York Times Company, 2019.

Como los momentos Kodak de hace algunos años, antes de que desapareciera la empresa neoyorquina fundada por George Eastman, en los últimos días hemos atestiguado la aparición de cuatro momentos marihuana relativos a la tendencia creciente hacia la despenalización o legalización de dicha sustancia. Se suman a varios momentos anteriores ya conocidos.

El primero consiste en la presentación y discusión, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Antigua, Guatemala, de un documento de gran relevancia titulado El problema de las drogas en las Américas. Elaborado por un amplio número de expertos de casi todos los países miembros de la OEA, el texto, dividido en dos partes —una, analítica y notable; otra de escenarios, breve y exasperante— constituye un hito en el debate hemisférico sobre las drogas. Nos proporciona una información o base de datos compartida o prácticamente consensual. Encierra la enorme ventaja de desmenuzar el problema de manera sumamente atractiva: por países (productores, de tránsito, consumidores o que agrupan más de una de estas características); por estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína, drogas sintéticas), por nexos, o ausencia de ellos, entre cada una de estas sustancias ilícitas; y por los efectos o consecuencias del tráfico, producción o consumo de cada una de estas sustancias, para las sociedades, las instituciones y las relaciones internacionales. Por último, como alternativa a la salida de la guerra contra las drogas presenta la despenalización como una opción legítima, razonable y factible, aunque no la recomienda como tal. Es un paso adelante inicial, y enorme.

El segundo momento cannabis se produjo en los estados norteamericanos de Washington y Colorado, al publicarse las legislaciones secundarias o detalles de regulación de las iniciativas populares de legalización de la producción, venta y consumo de marihuana aprobadas en noviembre del año pasado, y que entrarán en vigor el 1 de julio. En dichos documentos, extensos y detallados, se contemplan los elementos necesarios y para la puesta en práctica de estas decisiones: la prohibición del consumo para menores; castigos para la conducción de vehículos bajo efectos de la marihuana; los impuestos que se van a cobrar y recaudar; las restricciones para personas no residentes en estos estados. Seguramente habrá mucho de experimentación en ambas entidades, ya que por definición están navegando en mares desconocidos. Lo importante es que el proceso sigue adelante y que el gobierno de Barack Obama no sólo no se ha opuesto al mismo, sino que ha manifestado al respecto una elocuente indiferencia.

El tercer momento reciente de la marihuana consistió en las decisiones tomadas en dos de los estados más ricos y poblados de Estados Unidos, a saber, Illinois y Nueva York, donde de manera distinta y aún incompleta, se avanzó en la legalización de la marihuana para fines médicos. En Nueva York, la Cámara Baja de la legislatura estatal aprobó dicha medida; falta ahora que lo haga el Senado y no es necesariamente pan comido. En Illinois, ambas cámaras aprobaron una autorización muy restringida de la marihuana para fines médicos, y el gobernador aún no decide si la firma o la veta. En cualquier caso, si los acontecimientos se precipitan en estas dos entidades, ya serán 22 estados de la Unión Americana donde se permite el uso terapéutico de cannabis. Estaremos a tres estados de la mitad del total.

Por último, la organización Human Rights Watch (de cuyo Consejo de Administración soy miembro desde hace diez años) hizo pública, en vísperas de la reunión de la OEA en Guatemala, una postura a favor de la despenalización de todas las drogas, sin entrar en el detalle de la producción y la venta. Lo hizo invocando criterios de derecho internacional de los derechos humanos, y de derechos humanos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales o en legislaciones nacionales. Cito los párrafos más importantes: “Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad”.

Hay dos prietitos en el arroz en todos estos sucesos: la posición de gran parte de la izquierda latinoamericana en el debate de la OEA, tanto en la presentación del documento como en la asamblea y en particular de Brasil; y la ausencia de México entre los países de vanguardia (Colombia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay) que encabezan este esfuerzo.

Por otra parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó categóricamente cualquier acercamiento a la despenalización, siguiendo la postura de “sangre y fuego contra el narco” de Raúl Castro. Venezuela y Brasil no dijeron esta boca es mía; Ecuador y Bolivia manifestaron posiciones más interesantes y matizadas, sin más. Sólo José Mujica, de Uruguay, se mostró verdaderamente partidario de una legislación liberal. Está solo entre sus pares de izquierda. Es de lamentarse.

Por otra parte, Enrique Peña Nieto, de México, se opone rotunda y retóricamente a la despenalización, pero en los hechos es posible que su gobierno resulte más flexible. No obstante, sería deseable que mostrara en este terreno el mismo pragmatismo y la misma frescura que le hemos visto en otros ámbitos de su gestión hasta ahora.