La sentencia de tres y cuatro años de prisión contra Yin Lan y Li Ming, la pareja de ciudadanos chinos a quienes les incautaron 185 colmillos de jaguares y otros restos de animales en peligro de extinción, ha causado regocijo pero también indignación entre los activistas y autoridades que impulsaron este proceso en la capital cruceña. Indignación por considerar que las penas de cárcel son muy cortas, tomando en cuenta que al menos 50 jaguares tuvieron que ser sacrificados para poder alimentar este nefasto negocio del que forman parte los acusados. Además, también hallaron en su poder garras de un pejichi (armadillo gigante en peligro de extinción), cornamentas de ciervos y pieles de otros felinos exóticos.
A pesar de ello, las autoridades y los activistas ponderaron el hecho de que es la primera vez que en el país se dictan sentencias por traficar restos de animales. No obstante, para tal efecto la Fiscalía tuvo que echar mano de figuras legales algo alejadas del delito procesado: deterioros de bienes del Estado y de la riqueza natural y portación ilegal de armas. De allí las penas mínimas dictaminadas. Esto porque la norma que debería servir para sancionar este tipo de delitos, la Ley 700 de 2015, no ha podido ser puesta en práctica hasta la fecha debido a la ausencia de una reglamentación regional y de políticas municipales para tal efecto. Vacío legal que debería ser llenado cuanto antes, más aún considerando que no son pocas las personas inescrupulosas que están dispuestas a mermar el capital natural del país con tal de enriquecerse, como la pareja que suscita este comentario.