Desde hace algunos años, grupos fundamentalistas y conservadores han aflorado en todos los rincones del mundo, así como en Bolivia. En un periodo en el que se han producido avances históricos en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, las niñas, los grupos indígenas y de las personas con diferente orientación sexual y/o identidad de género en los países de América Latina, las acciones de los grupos fundamentalistas son cada vez más frecuentes y ponen en peligro la garantía de los derechos conquistados y el avance hacia la igualdad y dignidad de todas las personas.

Estas posiciones ultraconservadoras se basan en la descalificación, la intolerancia y la discriminación; y no respetan la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y especificados ulteriormente en otros instrumentos y tratados internacionales.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nuestra organización y los Estados miembros han avanzado e incrementado en el reconocimiento de los derechos humanos.

Más recientemente, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, se establece el compromiso de todos los países por acabar con todo tipo de violencia, desigualdad y exclusión; velando porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con igualdad y dignidad, sin dejar a nadie atrás. Desde la creación de Naciones Unidas, la igualdad entre hombres y mujeres figura entre los principios fundamentales de los derechos humanos, y es por ende una obligación tanto de nuestra organización como de los Estados miembros trabajar para su promoción y protección.

A su vez, el Estado Plurinacional de Bolivia consagra en el Art. 14 II de su Constitución Política que “El Estado, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen cultural, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. 

En este momento en el que han proliferado los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos, así como el incremento de la violencia y la discriminación contra las mujeres, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales y grupos en situación de vulnerabilidad, nuestra organización se compromete en redoblar todos sus esfuerzos para seguir combatiendo por la igualdad y la no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad.

Es coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

Desde hace 25 años se conmemora  el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, lo que hace propicio que destaquemos los avances, tracemos las metas y continuemos en esta tarea conjunta de mejorar el bienestar de la población más vulnerable.

En este marco, el Secretario General de las Naciones Unidas ha recalcado que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, tal como se establece en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sigue siendo uno de los mayores retos globales y una de las principales prioridades de nuestra organización. Esta tarea no es una cuestión de caridad, sino de dignidad y justicia, dada la conexión fundamental entre la erradicación de la pobreza, el respeto a la igualdad de derechos humanos de todas las personas y el proceso de desarrollo de las naciones.

En el caso de Bolivia, la información más reciente revela que el país ha logrado los mayores avances en la reducción de la pobreza en toda la región y ha ocupado, según el Banco Mundial, el primer lugar en materia de prosperidad compartida, dado que el crecimiento del ingreso del 40% más pobre de la población superó el promedio del crecimiento total.

Entre 2005 y 2015, la distancia entre el ingreso del 10% más rico y el ingreso del 10% más pobre de la población se redujo a más de la mitad, pasando de 92 a 37 veces. La incidencia de pobreza extrema, que afectaba al 36,7% de la población en 2005, se redujo al 17%, según la última medición del 2017; mientras que la pobreza moderada se redujo del 60% al 36% en el mismo periodo.

Estas alentadoras noticias no deben ser asumidas como un desafío cumplido, sino que más bien representan el punto de partida para el análisis y la toma de decisiones para los siguientes años. Dos ideas centrales se desprenden de esta reflexión. La primera se relaciona con la necesidad de preservar los logros alcanzados y continuar en la senda acelerada de reducción de pobreza que se obtuvo en los últimos años. Ello requiere del diseño e implementación de políticas públicas de nueva generación, en las cuales se aborden aspectos centrales que hacen a la mejora de condiciones de la juventud y los grupos más vulnerables.

De acuerdo con estudios realizados por las Naciones Unidas, los aspectos de intervención pública que coadyuvan para no recaer en la pobreza tienen que ver con la calidad de la educación escolar, el aumento del acervo de activos en el hogar, la diversificación productiva con empleos de calidad, el aumento de la cobertura de educación terciaria, tanto universitaria como no universitaria, así como la incorporación plena de la mujer en el mundo económico, aspecto que hoy se encuentra limitado a los roles históricos de cuidado y trabajo familiar no remunerado que en definitiva imponen restricciones al empoderamiento de la mujer en el mundo laboral.

La segunda reflexión tiene que ver con en el hecho de que aun en un contexto económico y social favorable, un tercio de la población boliviana sigue viviendo en situación de pobreza. Esto llama a la acción para intervenciones decididas en favor de comunidades y territorios que no deben ser olvidados. Para esto, la reorientación del gasto e inversión en municipios, distritos urbanos y espacios territoriales más vulnerables debe abordar una estrategia integral de acción que incluya: el acceso a servicios básicos, salud, educación y programas de desarrollo productivo que incidan de manera directa en la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida.

Resta recalcar la necesidad de dar voz y participación a los millones de personas que aún viven en condiciones de exclusión y pobreza, haciendo frente a las estructuras de poder que impiden su inclusión en la sociedad y socavan su dignidad. Debemos construir un modelo más justo que cree oportunidades para todas y todos, y velar porque el rápido avance tecnológico potencie los esfuerzos por erradicar la pobreza. En la conmemoración Internacional para la Erradicación de la Pobreza, comprometámonos a cumplir el objetivo fundamental de la Agenda 2030 que pretende no dejar a nadie atrás.

Es coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia.

La semana pasada se conmemoró en Bolivia el Día Nacional de la Trata y Tráfico de Personas, lo cual fue motivo para reflexionar sobre este delito que afecta la dignidad y los derechos de cientos de personas, principalmente mujeres, niñas y niños en todo el país. La trata de personas es el tercer delito transnacional más lucrativo del mundo, solamente superado por el tráfico de drogas y de armas.

Pero ¿qué entendemos por trata de personas? Es la comercialización de seres humanos, poniéndoles precio, cosificándolos, acabando con su autoestima y dignidad. ¿Y qué es el tráfico de personas? Es la movilización ilegal de personas a una nación diferente de la que provienen, transporte realizado por personas u organizaciones criminales con el propósito de tener un beneficio monetario. También se denomina tráfico de migrantes.

Según el Informe Global 2016 emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que el número de víctimas de trata de personas puede superar los 2,5 millones de seres humanos, generando más de $us 7.000 millones en ganancias para las organizaciones criminales. Asimismo, se destaca que el 74% de las víctimas son mujeres y niñas, las cuales son explotadas sexualmente o sometidas a matrimonios forzados. El porcentaje de hombres y niños representan el 26%, pero va en aumento, y son explotados con fines de trabajos forzados (principalmente en la minería), como soldados o esclavos. Del total de víctimas en el mundo, el 20% son niñas, mientras que el 8% son niños.

En Bolivia, según los datos de la FELCC, en 2017 se registraron 464 denuncias relacionadas con delitos vinculados a la trata y el tráfico de personas; siete de cada 10 víctimas en Bolivia son mujeres y niñas. Ante este panorama, el Estado Plurinacional de Bolivia ha venido adelantando esfuerzos para consolidar un marco normativo y la política pública contra la trata y el tráfico de personas.

A partir de la promulgación de la Ley 263 de 2012, la Política contra la Trata y el Tráfico y el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha contra la Trata de Personas, se realizan diversas acciones dirigidas a combatir estos delitos, haciendo especial énfasis en la prevención, la atención, la protección y reintegración, la persecución y sanción y la coordinación nacional e internacional. Por otra parte, la conformación del Consejo Plurinacional y los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas demuestra el compromiso que las instituciones del Estado, junto con la sociedad civil, asumen en la lucha contra este delito.

Hace unos días se realizó en La Paz la Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, dirigida por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en alianza con la cooperación sueca. Esta convención permitió repasar los avances y desafíos pendientes en el marco de la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas y generar una serie de recomendaciones y nuevas líneas de acción para el país.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, llevado a cabo el pasado 30 de julio de 2018, señaló la importancia de visibilizar y tomar acciones desde todos los niveles de la sociedad: “La trata de personas adopta muchas formas y no conoce fronteras. Demasiado a menudo, los tratantes de personas actúan con impunidad, y sus delitos no reciben la atención suficiente. Esto no puede seguir así”.

Pero ¿cuál es el principal reto que debemos encarar a futuro? Reconocer la urgencia de fortalecer las acciones conjuntas que garanticen respuestas integrales, apoyando al Estado en el cumplimiento de los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata contenidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de explotación y violencia contra las mujeres y niñas, siendo ellas las más vulnerables de la población. 

La semana pasada la ciudad de Cochabamba fue sede de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, titulada “Transformar la educación: una respuesta conjunta de América Latina y el Caribe para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4”. Bolivia participó no solo como anfitrión de esta importante cita, sino que además fue liderada por el ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, quien además es vicepresidente del Comité de Dirección de la Unesco para el ODS 4.

En esta ocasión se reconoció que la educación es fundamental —y transversal— para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Recordemos que en 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que representa un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Los 17 ODS son de carácter universal, integral e indivisible, y conjugan las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. Los ODS ponen a la igualdad y la dignidad de las personas en el centro y llaman a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. La Agenda 2030 es ambiciosa y visionaria, por lo que requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación.

Los concurrentes a la reunión regional, convocada conjuntamente por la Unesco y el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobaron los Acuerdos de Cochabamba, y adoptaron la Hoja de Ruta Regional para la implementación de la Agenda de Educación 2030 para la región de América Latina y el Caribe. Durante la reunión se compartieron grandes experiencias, se reconocieron los avances y se identificaron varios desafíos en materia educativa para el logro del ODS 4 (educación de calidad). Algunas de las principales conclusiones fueron que a través de una educación de calidad e inclusiva podemos alcanzar la meta de acabar con la pobreza y transformar vidas, protegiendo además el planeta.

Cabe destacar que Bolivia ha trabajado exitosamente en políticas para la reducción de la tasa de deserción escolar. Según datos oficiales, para 2017 la deserción del nivel primario es del 2% y del nivel secundario, del 4,4%, lo cual representa una disminución del casi 50% desde 2006.

Pero hoy es necesario incluir en las acciones urgentes al nivel de formación superior, dado que la alcanzan solo 27 de cada 100 bolivianos, de acuerdo con datos del INE.

Bolivia recalcó los avances en materia legal que ha logrado con la Ley 070, la cual reconoce la educación como un derecho fundamental. En su Art. 1.1 establece que “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”

Durante los dos días de trabajo se debatió sobre la transformación de la educación y el desarrollo, las experiencias y aprendizajes de la Cooperación Sur-Sur, la reconstrucción de los conceptos de calidad, equidad e inclusión, así como de los temas docentes. También fueron analizados los mecanismos de seguimiento y monitoreo con el propósito de revisar y fortalecer las políticas educativas y el financiamiento público educativo para lograr las metas a 2030.

La herramienta más importante aprobada en este encuentro regional fue la Hoja de Ruta Regional, que contribuirá a desarrollar políticas y acciones en los temas que han sido priorizados por los países de la región: la calidad de la educación, equidad e inclusión, docentes y trabajadores de la educación, y aprendizaje a lo largo de la vida. Esta hoja de ruta es un marco de referencia para el diseño y ejecución de acciones regionales en educación y contiene recomendaciones para la implementación de políticas públicas a nivel nacional. Además, apoya el avance coordinado y coherente en los temas priorizados por los países de la región.

Cada 28 de junio, personas de todo el mundo recuerdan los disturbios acontecidos en Stonewall, Nueva York, en 1969, en los que la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales (LGBTI) se manifestó contra los constantes abusos y violencia que sufrían, reivindicando públicamente sus derechos en base a la libertad de orientación sexual e identidad de género.

Hoy, casi 50 años después, millones de personas siguen sufriendo violencia y discriminación debido a su orientación sexual e identidad de género. La homofobia y la transfobia están fuertemente arraigadas en muchas sociedades: hay 72 países que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal y ocho países la castigan con la pena de muerte. En Bolivia, siete de cada 10 personas de la comunidad LGBTI han sufrido algún tipo de agresión psicológica o física, y 24 de cada 100 han percibido alguna forma de discriminación.

La vulneración de sus derechos que sufren las personas LGBTI, combinada con la falta de protección jurídica adecuada, incide en que esta comunidad sea víctima de homofobia o transfobia e incluso agresiones en el trabajo, en los centros de salud, en las escuelas y, en algunos casos, sean maltratados por su propia familia.

La población más joven es la que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, pues se enfrenta a normas y expectativas de género que acentúan los riesgos y restringen las oportunidades. Las y los adolescentes transexuales, gais y lesbianas, así como otras personas que no se ajustan a las normas dominantes de género están más expuestas al acoso escolar, la violencia, la homofobia y el estigma durante este período de la vida.

Debemos enfatizar los esfuerzos conjuntos que se realizan para erradicar la violencia homofóbica y transfóbica que se ejerce en las escuelas. Las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia (SNU) están comprometidas en trabajar por la eliminación de las dinámicas sociales tóxicas que derivan en violencia y discriminación hacia la población con diversa orientación sexual o identidad de género.  

A su vez, el país ha avanzado en la última década en el reconocimiento legislativo de las personas LGBTI, Bolivia es uno de los siete países en todo el mundo cuya Constitución prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En Bolivia, el Decreto Supremo 0189, promulgado el 1 de julio de 2009, declara el 28 de junio de cada año el “Día de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en Bolivia”.

En este marco, nuestra organización observa con preocupación algunos desafíos pendientes: las incongruencias del marco normativo relacionado con la orientación sexual y la identidad de género que reconocen derechos en algunos artículos y/o leyes, pero los ignoran en otros; la falta de  una tipificación legal sobre los crímenes de odio y actos de violencia con base en la orientación sexual y la identidad de género; y el vacío legal en el que se encuentra actualmente la población transgénero y transexual tras la aclaración de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el párrafo del artículo 11 de la Ley 807 de Identidad de Género.

Cuando Naciones Unidas decidió acordar un conjunto de objetivos mundiales para poner fin a la pobreza y a las desigualdades hasta 2030, organizaciones de derechos humanos presionaron para que los derechos de las personas LGBTI fueran considerados. En septiembre de 2015, 193 países firmaron y aprobaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el precepto de que estas metas sean aplicables a todos y todas, en todos los lugares, “sin dejar a nadie atrás”. Nuestra organización es consciente de los desafíos pendientes, pero reconoce el potencial de la Agenda 2030 para avanzar hacia la igualdad de todas las personas.