Bonos y rentismo
El rentismo convierte nuestro mayor potencial, los recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo.
La confusión entre la política de bonos y el rentismo estatal se hizo evidente en estos días, a raíz de unas declaraciones del precandidato Carlos Mesa que fueron erróneamente difundidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI), como lo admitió su director, Jorge Cuba. El hecho es importante, porque si logramos llevar el debate más allá de los dimes y diretes, enfrentaremos uno de los temas centrales del desarrollo.
El rentismo estatal es, en efecto, uno de los mayores problemas que tenemos en Bolivia, pues convierte nuestro mayor potencial, la abundancia de recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo y la democracia. Identificar este desafío y comprenderlo es crucial para superar la condición subdesarrollada de nuestra economía y sus lamentables componentes: la pobreza, la desigualdad, el conflicto, la debilidad institucional.
El rentismo estatal consiste en la concentración de las rentas de recursos naturales en el Estado, desvinculando su funcionamiento habitual del desempeño y la suerte de los agentes económicos. Cuando el 40% o más de los ingresos fiscales provienen de rentas de recursos naturales, la capacidad tributaria de las empresas y de las personas pierde relevancia, y el Estado diseña y aplica políticas económicas que no toman en cuenta sus necesidades. Un ejemplo cercano es el doble aguinaldo, que pone en riesgo a muchas empresas, cuya quiebra las haría desaparecer como contribuyentes. Pero el Estado es indiferente a ello, porque sus ingresos provienen sobre todo de las exportaciones de gas natural y minerales.
El rentismo estatal también induce a los funcionarios a “invertir” sin un adecuado balance de costo beneficio, porque de hecho el costo de obtener esos recursos es bajo para ellos (basta pedirlo al Banco Central o al Presidente); y su recaudación no depende ni de la eficiencia ni de la legitimidad de la burocracia. Finalmente, la concentración de rentas en un Estado de débil institucionalidad lo hace vulnerable a las presiones, lo cual las alienta, generando una dinámica de conflictividad y debilitamiento de las normas que se retroalimenta continuamente.
Las rentas personales tienen efectos y características muy diferentes, porque ellas provienen de los derechos de propiedad de la gente sobre recursos que son económicamente utilizados por otros: una casa, un local comercial, un almacén, un terreno, maquinarias, o incluso el capital que acumula un trabajador en su fondo de pensiones. Son un medio legítimo de participación en la economía, que no induce comportamientos dañinos. Al contrario, respetarlas es un aliciente al ahorro de largo plazo.
Los bonos, o transferencias en efectivo, no son propiamente rentas, aunque a veces sean financiadas por rentas capturadas por el Estado. En realidad, son una forma muy eficaz de gasto social, porque además del dinero se transfiere a las personas la capacidad de decidir cómo usar esos recursos para alcanzar el máximo beneficio posible. Todas las experiencias que se han hecho en el mundo tienen evaluaciones positivas. Es fácil comprender por qué. Cien mil madres o un millón de ancianos saben mejor lo que necesitan que una veintena de burócratas decidiendo por ellos, sin responsabilidad alguna, desde un remoto escritorio.
Los bonos son, de hecho, inmensamente más eficaces que otras formas de transferencia, como los subsidios. Entre 2005 y 2016 se han transferido subsidios a la población por más de $us 15.000 millones a través de los precios de los carburantes. El grupo menos necesitado de la población aprovechó esos subsidios cinco veces más que los más necesitados, y probablemente despilfarró esa energía sin generar beneficio alguno en la economía.
Es con base en estas constataciones que es posible diseñar una política que nos permita superar el rentismo estatal. Sabemos que mientras tengamos abundancia de recursos naturales, se generarán rentas con su explotación. Lo que debemos evitar es que esas rentas se concentren en el Estado, por lo menos mientras su institucionalidad sea débil y no podamos confiar plenamente en el imperio de la ley. La distribución directa de las rentas es una opción que, además de cumplir el principio constitucional de garantizar que los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos, evitaría su apropiación indebida por burócratas o grupos de poder, y daría a los ciudadanos la libertad de elegir. Sabemos cómo superar el rentismo estatal y sabemos cómo hacerle bien a la gente.