Seguro universal
Es inevitable preguntarse si hay suficientes profesionales y centros para atender a toda esta población
Solo quienes han tenido que afrontar una enfermedad grave sin tener los recursos para acceder a médicos y medicamentos comprenden a cabalidad la importancia de que el Estado se haga cargo, por fin, de su deber de garantizar el derecho humano a la salud. Hoy inicia un proyecto largamente ambicionado de seguro universal de salud, pero los médicos se oponen a su funcionamiento.
En su descargo, la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia ha señalado que el plan del Gobierno no es realista, ya que consideran que para poner en marcha la ambiciosa iniciativa de salud se requieren $us 2.200 millones y no los $us 200 millones iniciales propuestos. Además, aseguran que no hay las condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos.
En consecuencia con esta postura, el presidente del Colegio Médico de Bolivia informó la radicalización de la protesta con un nuevo paro de 48 horas, agregando que habrá movilizaciones del Consejo Nacional de Salud, instancia en la que están representados no solo los médicos, sino también los odontólogos, enfermeras, bioquímicos, farmacias, nutricionistas, fisioterapeutas y sindicatos médicos y ramas afines.
El gremio de los galenos, que en reiteradas ocasiones ha descalificado al Seguro Universal de Salud (SUS) por tratarse de un proyecto “improvisado”, irónicamente ha evitado en un sinfín de oportunidades reunirse con las autoridades gubernamentales para exponer sus puntos con claridad y ofrecer una mirada “técnica”. A estas alturas del debate, lo único que se escucha de parte de la dirigencia de los médicos es un conjunto de consignas cada vez más vacías de contenido.
A su vez, el Vicepresidente del Estado se ha mostrado excesivamente confiado en la calidad del plan que se ejecutará, y en actitud pueril ha retado a gobernaciones y municipios a dejar en manos del Gobierno Nacional la administración de todos los centros y servicios de salud, lo cual da cuenta de un mayor interés en el efecto político de la puesta en marcha del SUS que en la salud pública.
Así, el Ejecutivo, que tiene previsto iniciar hoy a las 09.00 el registro de beneficiarios del SUS, tampoco se ha mostrado muy impaciente por lograr un acuerdo con el gremio que, inevitablemente, debe hacerse cargo de la prestación de los servicios de salud. Se espera que entre hoy y marzo se afilien 5,8 millones de personas que actualmente no cuentan con ningún seguro de corto plazo. Pero vista esta cifra, es inevitable preguntarse si hay suficientes profesionales y centros de salud para atender a toda esa población.
Es evidente que el Gobierno se está embarcando en un reto de proporciones mayores, y también lo es que en este caso no puede darse el lujo de fracasar, pues no se trata de posicionamientos discursivos, sino de la salud y la vida de más de la mitad de los habitantes del país.