Voces

Tuesday 4 Oct 2022 | Actualizado a 16:13 PM

Caporales en el mundo

/ 15 de enero de 2019 / 03:20

El domingo, bailarines de 74 ciudades de diferentes países se sumaron al Segundo Encuentro Mundial de Caporales bolivianos. Uno de los objetivos de este evento, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Culturas, es el de promocionar las manifestaciones culturales bolivianas alrededor del mundo, con el propósito de reforzar el turismo nacional. Esto, por un lado, pues por otra parte con este tipo de eventos se busca “sentar soberanía” para frenar el plagio de danzas folklóricas, vestimentas, canciones y expresiones culturales bolivianas que son copiadas en festividades de países vecinos, particularmente en Chile y Perú, sin que se reconozca su origen ni a sus creadores.

Se trata sin duda de una necesaria campaña, ya que además de impulsar la economía por medio del turismo, generando fuentes de empleo y atrayendo al mismo tiempo divisas en favor del país, no cabe duda de la importancia de que se reconozca el valor de nuestra cultura en todo el mundo, así como también el trabajo y el esfuerzo de quienes se encuentran detrás de sus manifestaciones.

Sin embargo, procurar que las danzas, vestimentas y otras manifestaciones bolivianas no sean reproducidas en otros países como propias es harina de otro costal. Y es que solemos olvidar que la cultura no conoce fronteras, simplemente se propaga. De allí que sus expresiones sean producto no solo de la originalidad, sino también del sincretismo, de los encuentros e incluso de las reproducciones que muchas veces trascienden fronteras físicas, temporales y sociales.

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Revoluciones de mujeres

/ 4 de octubre de 2022 / 01:44

¿A poco no sería apropiado si los regímenes en Moscú y Teherán —el primero definido por un culto al machismo de su líder, el segundo por su misoginia sistémica— fueran derrumbados por protestas inspiradas y lideradas por mujeres? Esa posibilidad ya no es remota. Las protestas que se han desarrollado en todo Irán desde la muerte cruel de la joven de 22 años, Mahsa Amini —acusada de violar la ley de Irán sobre el uso del hiyab, arrestada por la policía de la moral y que casi indudablemente golpearon hasta dejarla en coma mientras estaba detenida— son las más serias desde la “revolución verde” de 2009 después de la reelección fraudulenta de Mahmud Ahmadineyad.

Pero quizá ahora sea diferente.

En ese entonces, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, era vigoroso y gozaba de un control total del sistema. Ahora, hay reportes de que está muy enfermo. Aquella vez, Irán exportaba más o menos 2.300 millones de barriles de petróleo al día. Ahora, en parte gracias a las sanciones impuestas por el gobierno de Trump, exporta unos 800.000. Antes, las protestas eran sobre todo de política, que se centraban en Teherán. Ahora, se tratan más de derechos humanos, y hay un componente étnico potente. Pero el factor más importante es el factor de las mujeres.

“En 1979, cuando las mujeres protestaban en contra de la amenaza del hiyab, estaban solas”, me comentó hace una semana la escritora Roya Hakakian, quien era adolescente cuando vivió la revolución iraní. “Ahora la marea ha cambiado muchísimo. Los hombres reconocen el liderazgo de las mujeres y están de su lado. Está claro que estas manifestantes han forjado una identidad colectiva que es contraria a la identidad del régimen. Contrarrestan la misoginia del régimen con un igualitarismo sin precedentes”.

Dirigir una dictadura es un arte delicado. Quienes intentan gobernar con un toque demasiado ligero —dejando a la gente común y corriente más o menos sola excepto cuando se trata de política— corren el riesgo de que la probadita de la libertad se desborde.

Pero quienes tratan de interponer el régimen en los aspectos más personales de la vida de la gente, incluida la elección de la ropa, corren otro tipo de riesgos. Para eso se necesita que el Estado controle el comportamiento de todos, no solo de unos pocos. De esta manera, amplían enormemente el círculo de personas con razones personales para odiar el sistema, y les proporcionan los instrumentos más sencillos de una revolución. Si todas las mujeres de Irán deben ponerse el hiyab, entonces, todas las mujeres tienen los medios para iniciar una revolución.

Por mucho tiempo, Vladimir Putin supo que no debía caer en esta trampa: su arma era el bisturí, no el mazo, y su pacto con el pueblo ruso era que se le dejaría en paz si ellos dejaban en paz la política. Un vago aroma a miedo, y no un sistema omnipresente de coacción, es lo que dio al régimen de Putin su poder de permanencia.

De la noche a la mañana esto ha cambiado. La “movilización parcial” que Putin ordenó para llenar sus filas diezmadas es la esencia de la compulsión. A juzgar por las imágenes que salen de Rusia, los hombres en edad militar están huyendo hacia la frontera, y las mujeres se están manifestando. La semana pasada, una nota de Sky News reportó “más mujeres que hombres en la protesta en Moscú; una por una, las metieron en camionetas de la policía”.

Putin tiene motivos para preocuparse. El Comité de Madres de Soldados de Rusia, dirigido en su momento por Maria Kirbasova, ayudó a poner fin a la primera y desastrosa guerra de Rusia en Chechenia a principios de los 1990. Antes de eso, las madres rusas fueron fundamentales para atraer la atención sobre los males de la dedovshchina —el abuso rutinario y brutal de los jóvenes conscriptos—, lo cual también ayudó a socavar la labor militar soviética en Afganistán.

Ahora, por cada uno de los 300.000 jóvenes que Putin pretende convertir en carne de cañón en su desastrosa e ilegal guerra, hay incontables madres, esposas, hermanas, hijas y novias que, de hecho, también han sido movilizadas. Tienen más posibilidades de tomar Moscú que las que tendrá el ejército ruso de tomar Járkov o Kiev.

Es bueno que el gobierno de Biden, que ha hecho las cosas bien al enfrentarse a Putin, haya apoyado ahora las protestas de Irán, incluso tratando de mantener a los iraníes conectados a internet a través de las cajas Starlink de Elon Musk. Puede mejorar aún más si se retira de las conversaciones nucleares, basándose en el principio de que un régimen que no da alivio a las mujeres no merece alivio de las sanciones.

Occidente ha tenido un movimiento de mujeres y una Marcha de las Mujeres. Ahora es el momento de una Revolución de las Mujeres en Irán y de una Paz de las Mujeres en Rusia. Las oportunidades son propicias.

Bret Stephens es columnista de The New York Times.

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Mineros en la carretera

/ 4 de octubre de 2022 / 01:39

De pronto la prensa nos dio la noticia: la carretera Oruro-La Paz estaba bloqueada por mineros de Colquiri; la memoria nos trae el recuerdo de la Marcha por la Vida y otros sucesos luctuosos. ¿Qué ocurría?

La promulgación del DS 4783 del 24 de agosto pasado provocó una reacción de los sindicatos de la minería nacionalizada, de la Federación de Mineros e incluso de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores de Colquiri no esperaron en tomar medidas de fuerza. En concreto, dice el decreto: “Las empresas públicas … transferirán recursos al TGN”. Por un lado, ¿es que las empresas públicas no son del Estado y éste no puede disponer de su patrimonio? y, por otro, ¿los trabajadores no están obligados a garantizar el futuro de su fuente de trabajo? Son interrogantes que nos introducen al fondo del problema.

Al crear sus empresas, el Estado espera no solo beneficiarse con las utilidades, sino que sean agentes de la transformación productiva; de eso se trata la sustitución de importaciones y la industrialización. Esto no libera que tributen como establecen las leyes. En el caso del sector minero se ha establecido un régimen de contribución del sector: paga una regalía por la explotación de un recurso natural no renovable que beneficia al departamento y el municipio donde se encuentra asentada la mina, 5 al 7% del valor bruto del metal; por otra parte, paga el impuesto a las utilidades de las empresas en una proporción del 25% de las utilidades; más una alícuota adicional del 12,5% cuando las cotizaciones son altas, además, en 2021 contribuyó con 1,8% para el bono Juancito Pinto. Así, la contribución de Colquiri al Estado, en la gestión 2021 llegó al 55% de la utilidad de la empresa, equivalente a un valor de $us 20 millones. Esto es lo particular del sector minero estatal, es el que más aporta de sus utilidades y no como dice el ministro de Economía, que es solo el 1,8%.

Las empresas estatales están obligadas a ser eficientes y contribuir al desarrollo nacional, por eso, más allá de cumplir con sus obligaciones de ley, deben ampliar sus horizontes y encarar las tareas de la industrialización. Esta visión debe estar formulada en un plan estratégico y no puede estar sujeta a necesidades coyunturales. De esta manera, los trabajadores de Colquiri y en general los de la Comibol sienten frustración, por cuanto las inversiones realizadas en sus empresas no han dado los resultados esperados.

No existe una visión de futuro, su actividad se guía por la rutina cotidiana. ¿Quién debiera darle la certeza de futuro? La Comibol, la empresa matriz, la que no deja de ser una rémora del neoliberalismo.

La preocupación de los obreros por el futuro de la empresa es consustancial a la historia del movimiento sindical minero: el control obrero, la cogestión obrera y hoy el “control social”, es un derecho por ser los actores del triunfo de la Revolución de 1952 y la derrota a las dictaduras y el neoliberalismo. El apoyo al proceso de cambio en San Cristóbal (2015) condiciona a la formulación por parte de los trabajadores de una “política minera-metalúrgica, que se convierta en pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo boliviano”, que tampoco lo formulan.

Coincidentemente, en la visión del Gobierno, el sector minero es estratégico, con la ventaja de ser ampliamente conocido, pero ¿cuáles son sus planes?, ¿cómo piensa implementarlos? No hay claridad, solo deseos. Proyectos tan importantes como la refinería de zinc están a la espera del financiamiento externo; mientras, en su momento, se negó que Colquiri asumiera la construcción de su propia planta hidrometalúrgica con recursos propios, con una inversión de $us 50 millones —el proyecto se pagaría en dos años—, por cuanto hoy, por el zinc, solo le pagan un tercio de su valor de mercado.

Vivimos momentos relevantes para la consolidación del proceso de cambio, que significa la liberación económica y política de la nación y este propósito solo lo lograremos con la unidad de las masas sociales que son el sustento del proceso y el Gobierno que está obligado a una planificación participativa a mediano y largo plazo, donde se tenga claros los objetivos a ser alcanzados, los tiempos de su ejecución y el financiamiento conjunto; una actitud burocrática del mando y orden no corresponde y la acción de los obreros no puede ser una reacción circunstancial sino un compromiso permanente con la empresa y el país.

¡Vamos juntos, adelante! Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cómo hacer grande a nuestro país, aportando cada uno lo suyo en función del interés nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Responsabilidad social empresarial pública estatal

/ 4 de octubre de 2022 / 01:35

La emisión del Decreto Supremo 4783 con relación al pago de utilidades de las empresas públicas bolivianas y las reacciones que se han presentado en los últimos días dejan lugar a un espacio de análisis respecto al concepto de responsabilidad social empresarial, el rol del Estado con relación a las transferencias publico privadas para la reducción de la pobreza y los efectos registrados en Bolivia.

El Decreto Supremo 4783 dispone la transferencia de utilidades registradas en las empresas públicas del país para financiar proyectos de inversión o programas de interés social. De donde ha resultado la polémica acerca de que se pretendería pagar parte de los bonos que son entregados por el Gobierno con estos recursos.

Al respecto, corresponde analizar que la norma antes citada dispone la transferencia de las utilidades registradas por las empresas públicas; consecuentemente, el patrimonio de estas no se vería afectado con esa disposición puesto que, como en cualquier empresa privada, al cabo de un año de trabajo corresponde ver si se ha ganado o perdido, y en su caso reintegrar la pérdida o distribuir la utilidad.

Ahora, en torno a la polémica suscitada, se debe tener presente que, como en cualquier negocio, se estaría cobrando el rédito de la inversión realizada a tiempo de la formación de la empresa, o su nacionalización, y con ello no se está disminuyendo el patrimonio con el que se ha generado esa utilidad, toda vez que es la ganancia del trabajo desarrollado durante un año.

Por otro lado, el concepto de responsabilidad social empresarial utilizado en el decreto resulta muy pertinente con relación a esas empresas que, en realidad, han sido creadas en el marco de un modelo económico que busca precisamente la generación de excedentes para su redistribución, entonces, cuando se utilizan estos recursos para bonos, resulta que se están destinando a su propósito original, las políticas sociales.

Ahora bien, el pago de los bonos, como la polémica ha entendido que es el destino de esas utilidades, constituyen transferencias público-privadas que han demostrado su utilidad como un instrumento de lucha contra la pobreza, aspecto que no es solamente reconocido a nivel local sino que organismos como la CEPAL han reconocido y medido su eficacia.

Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es justamente eso, devolver a la sociedad una parte de las ganancias que registran en favor de sus grupos de relacionamiento o la sociedad en general; esto en Bolivia, en materia estatal, encuentra un vehículo idóneo a través del financiamiento de políticas sociales destinadas a la disminución de la pobreza como es el destino que se ha manifestado en el Decreto 4783.

En conclusión, cuando se utilizan los réditos de las inversiones del Estado en el financiamiento de políticas sociales y responsabilidad social empresarial, en realidad lo que se está haciendo es reafirmar el compromiso de nuestras empresas públicas con el pueblo boliviano y garantizar el desarrollo y seguridad de nuestras nuevas generaciones.

Rafael Villarroel es economista.

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‘La casa del dragón’

Por Jeff Yang

/ 4 de octubre de 2022 / 01:30

En La casa del dragón, el nuevo éxito de la cadena HBO, los dragones son más grandes, más escamosos y sacan más fuego que en Juego de tronos, la épica fantástica de la cadena que cambió la cultura. La misoginia habitual y los tropos raciales perturbadores de la primera serie, sin embargo, se han atenuado. Esto es en respuesta a la crítica generalizada de cómo Juego de tronos normalizó la violencia sexual y valorizó la piel blanca, según dijeron los creadores de La casa del dragón, Ryan Condal y Miguel Sapochnik.

Y aunque La casa del dragón todavía presenta muchas muestras de barbarie contra las mujeres, el estilo es notablemente menos voyerista que la estrategia que motivó a Libby Hill de Indiewire a decir que “las ocho temporadas de Juego de tronos” eran “tortura pornográfica fortuita”. Algunos críticos han sugerido que la nueva serie es un poco sosa — “cargada de respetabilidad” y “tímida de un modo extraño”. Otros han llegado a decir que es “aleccionamiento feminista” y un ejemplo del pánico de Hollywood sobre la sensibilidad (aunque, milagrosamente, nadie ha dado todavía con la frase “despertar la conciencia social del dragón”).

George R. R. Martin, el autor de los libros originales, quien participó en la creación de ambas series de HBO, argumentó que el tratamiento de la raza y el género en Juego de tronos se basa en la realidad histórica. En 2015 declaró a Entertainment Weekly: “Los libros reflejan una sociedad patriarcal basada en la Edad Media. La Edad Media no era una época de igualdad sexual”. En 2014, el autor respondió en su blog personal a un fan que preguntaba por qué no parecía haber ningún asiático en la serie: “Tampoco había muchos asiáticos en la Inglaterra yorkina”.

Por supuesto que tampoco había zombis de hielo ni gigantes ni (cof, cof) dragones en la Inglaterra yorkina. Dado que la tierra de Poniente es una fantasía totalmente surgida de la imaginación, podría haber sido cualquier cosa que sus creadores quisieran y, en Juego de tronos, su autor y sus productores caucásicos y hombres la imaginaron como un lugar donde la gente de color es mayoritariamente servil, silente o ausente.

Pero, como señalan Sapochnik y Condal, La casa del dragón llega en un momento muy distinto. Condal lo dijo sin rodeos en una entrevista con Entertainment Weekly: “Para Miguel y para mí era muy importante crear una serie que no fuera otro grupo de gente blanca en la pantalla”. Sapochnik citó los movimientos #MeToo y Black Lives Matter en una entrevista con Jeremy Egner del Times: “Estamos en un mundo radicalmente distinto al de hace diez años”, dijo. “Tenemos que reflejar los cambios en el mundo actual, no porque alguien nos haya dicho que lo hagamos, sino porque realmente sentimos que tiene sentido”.

Todo lo anterior evidencia que aceptar todo tipo de opciones de talento en lugar de apegarse con rigidez a una inspiración histórica no afecta la narración ni el interés de la audiencia. De hecho, es muy probable que un elenco más diverso haya atraído a nuevas audiencias a estos polos de fantasía, haciéndolos más relevantes y accesibles para los espectadores que rara vez se han visto en el centro de historias de tal grandeza y escala épica.

Eso tiene sentido a nivel comercial: el gigante de la consultoría McKinsey and Company calcula que un Hollywood más incluyente podría generar $us 10.000 millones de ingresos anuales adicionales.

Y en lo que respecta a La casa del dragón, después de sentar un récord de audiencia en HBO para el estreno de una serie con 10 millones de espectadores en directo y luego superar ese número con su segundo episodio, ha sido renovada para una segunda temporada. Si su historia sigue evolucionando en esta dirección, podría hacerse realidad una fantasía que muchos de nosotros hemos tenido: que las mujeres y en general los aficionados no blancos puedan deleitarse con dragones e intrigas palaciegas sin sentirse agredidos en el proceso.

Jeff Yang es columnista de The New York Times.

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China y su reto para los servicios de Inteligencia

/ 3 de octubre de 2022 / 00:53

Durante las tres décadas de carrera en el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, China nunca fue considerada una gran amenaza. Si perdíamos el sueño era por desafíos más inmediatos, como el expansionismo soviético y el terrorismo transnacional. El surgimiento vacilante de China de la caótica era de Mao Zedong y su aislamiento internacional después de que soldados chinos sofocaran las manifestaciones prodemocracia en la Plaza de Tiananmén en 1989 hicieron que pareciera un páramo insular.

Hoy vemos un panorama distinto. China ha adquirido influencia económica y diplomática global, lo que permite que se establezcan operaciones encubiertas que van mucho más allá de la recopilación tradicional de inteligencia, que están creciendo a gran escala y amenazan con rebasar a las agencias de seguridad del mundo occidental.

Los líderes de las agencias de inteligencia estadounidense y británica —Christopher Wray, director del FBI, y Ken McCallum, director general del MI5— advirtieron en julio que tienen una preocupación cada vez mayor por esta situación durante una conferencia de prensa conjunta sin precedentes en la que advertían de un “asombroso” esfuerzo chino, como dijo Wray, para robar tecnología e inteligencia económica e influir en la política internacional a favor de Pekín. El ritmo se estaba acelerando y el número de investigaciones del MI5 sobre presuntas actividades chinas, dijeron, se habían multiplicado por siete desde 2018.

La cultura del Partido Comunista de China siempre ha tenido una naturaleza clandestina. Pero desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década, el partido se ha convertido en una fuerza aún más dominante en China, lo que ha hecho metástasis en las instituciones estatales. China puede describirse mejor como un Estado de inteligencia. El partido considera que el negocio de adquirir y proteger secretos es una labor de toda la nación, al punto de que se ofrecen recompensas a los ciudadanos por identificar posibles espías e incluso se enseña a los estudiantes a reconocer las amenazas.

China puede estar en ventaja ahora, pero hay herramientas que las agencias de inteligencia y seguridad occidentales implementan, como proporcionar a los miembros de sus habilidades lingüísticas personales necesarias y el conocimiento sobre China y el funcionamiento del Partido Comunista. Pero necesita ayuda.

Las democracias liberales no pueden limitarse a estar a la defensiva; los líderes políticos deben promover una mayor capacidad de inversión en recopilación de inteligencia ofensiva y programas de divulgación que les enseñen a las empresas, organizaciones políticas y otros objetivos potenciales sobre su vulnerabilidad. También se necesitan sistemas para evaluar las implicaciones de seguridad nacional de lo que de otro modo podrían parecer actividades comerciales normales por parte de empresas chinas o entidades no chinas que actúan como fachadas de Pekín.

Es vital una nueva legislación y más efectiva que se ajuste a esta dinámica cambiante. El Reino Unido está dando un paso en la dirección correcta. Al parecer, el país está listo para promulgar un proyecto de ley de seguridad nacional que ampliaría la definición de espionaje y emprendería medidas para crear, como lo expresó el Ministerio del Interior, “un entorno operativo más desafiante” para quienes actúan como agentes de intereses extranjeros. Australia promulgó una ley similar en 2018 para detener la influencia política encubierta extranjera después de que surgieron preocupaciones sobre la actividad china.

Contrarrestar a Pekín será una difícil maniobra de equilibrio, especialmente en países con grandes poblaciones de la diáspora china. Un ejemplo fue el programa del FBI para prevenir el robo de inteligencia económica y científica de las universidades estadounidenses, iniciado por el gobierno de Donald Trump bajo la Iniciativa China. El programa tuvo un efecto alarmante en los científicos e ingenieros de origen chino, quienes sintieron que fueron victimizados de manera injusta. Este año fue cancelado. Los países occidentales no provocaron tener miedo de emprender acciones audaces. Las maniobras como la expulsión masiva de funcionarios soviéticos de inteligencia por parte del Reino Unido en 1971 después de un aumento de la actividad de espionaje casi nunca surge, si es que alguna vez lo hacen, las relaciones más generales. Tampoco debe exagerarse el impacto del espionaje y la subversión. La Unión Soviética no perdió la Guerra Fría por sus operaciones de inteligencia, que fueron buenas, sino por el fracaso de sus ideales de gobierno.

Lo mismo puede resultar cierto con China. Los legisladores y los servicios de inteligencia occidentales deben innovar y adaptarse. Pero también deben asegurarse de que las estrategias que utilizan sigan los ideales de libertad, apertura y legalidad que representan la mayor amenaza para el partido-Estado chino.

Nigel Inkster es columnista de The New York Times.

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