Hace 16 años, los días martes y miércoles 12 y 13 de febrero, Bolivia entró en un punto de no retorno, que en el curso de casi tres años produjo uno de los cambios más importantes de su historia. En esas dos jornadas fatídicas, 31 personas murieron y 248 resultaron heridas, como producto de la resistencia a impopulares medidas adoptadas por el gobierno de entonces.
Todo comenzó a inicios de ese mes cuando policías de baja graduación exigieron una mejora en sus salarios; días después de que los jefes policiales prometieran dar curso a la demanda, el gobierno, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada, presentó su propuesta de Presupuesto General de la Nación para el año, que incluía un impuesto directo a los salarios de los trabajadores, lo cual causó previsible descontento social.
Inmediatamente después, los gobernantes desautorizaron a los jefes policiales y anunciaron que no habría tal incremento para los uniformados; el lunes 11 de febrero efectivos de los distritos policiales 1, 3 y 5 se amotinaron en el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES), ubicado a pocos metros de la plaza Murillo, provocando la militarización de la zona y zozobra en el resto del país.
Al día siguiente, en una marcha de protesta, estudiantes del colegio Ayacucho provocaron destrozos en el Palacio de Gobierno, lo cual crispó aún más los ánimos y dio paso a un intercambio de disparos entre los amotinados y los militares que resguardaban el “Kilómetro cero”. En otras partes del centro de la ciudad, manifestantes de diversa procedencia causaron destrozos en comercios y hasta en el histórico edificio de la Vicepresidencia, donde se produjo un incendio.
Ya entonces fue evidente que el motín policial no era más que un síntoma de descontento con el Estado que se arrastraba desde hacía varios años. Para los gobernantes, la situación era crítica a causa del creciente déficit fiscal y las presiones de los organismos financieros multilaterales, siempre afectos a las “medidas de shock” que estabilizan la macroeconomía a costa del bienestar de las familias menos favorecidas.
La crisis de ese momento fue resuelta con la firma de un acuerdo entre gobierno y policías, mas el malestar social no fue superado y, meses después, en octubre del mismo año, se produjo la movilización nacional que terminó con la renuncia y huida del entonces Presidente. Dos años después, marcados por la permanente inestabilidad, el país se encaminaba a la elección que posibilitó la primera victoria electoral de Evo Morales y el resto es otra historia.
Hoy toca recordar el sacrificio de quienes dieron paso a este histórico proceso y hacer votos porque quienes fueron afectados reciban la reparación que merecen y los culpables de las muertes sean apropiadamente juzgados. Bolivia no merece volver a vivir días como aquellos, y eso pasa por recuperar la memoria histórica, evitando que ese recuerdo se reduzca a un conjunto de consignas vacías.