La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal y es sancionado con hasta 10 años de cárcel. En el país, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, logró 29 sentencias en el periodo 2016-2018, que involucran a exautoridades gubernamentales, departamentales, municipales y judiciales, y personas particulares, de acuerdo con un reportaje publicado el fin de semana por La Razón.
Según la página web del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo señala que en la pesquisa de este ilícito, que tiene un impacto económico y social, se “busca sancionar a toda persona que transforme o convierta recursos, bienes o derechos provenientes de delitos de narcotráfico, corrupción, contrabando, trata y tráfico de personas, extorsiones, secuestros, asesinatos, entre otros”.
La directora General de la UIF, Teresa Morales, indica que las principales fuentes para la investigación financiera son los bancos, Derechos Reales, el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y Fundempresa (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia). Sin duda, el trabajo de esta entidad es clave para la indagación de casos de difícil rastreo, por lo cual se requieren informes de inteligencia financiera y patrimonial, siendo así un aliado importante para la lucha contra actividades ilegales y, sobre todo, contra la corrupción.