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El mayor crecimiento de la región

El PFF tiene como principal objetivo preservar la estabilidad macroeconómica.

/ 1 de marzo de 2019 / 02:50

Me llaman mucho la atención las opiniones de algunos analistas que desmerecen la gestión económica que se lleva actualmente, por esta razón, es preciso recordar que en periodos neoliberales el Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigía el futuro económico del país, ellos establecían metas de crecimiento económico, a través de la firma obligatoria de memorandos de entendimiento con Bolivia.

La firma de estos acuerdos se realizaba con la venia de Estados Unidos, y en desmedro del interés nacional; su cumplimiento era el principal requisito para que Bolivia pueda acceder a los créditos del FMI, un instrumento de control e injerencia económica y política hacia nuestro país.

A partir del año 2006, Bolivia ha recuperado su soberanía en el manejo de la política económica, razón por la cual se eliminó estos memorandos, y fueron remplazados con la implementación del Programa Fiscal Financiero (PFF), desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Banco Central de Bolivia (BCB). Dicho documento es elaborado por profesionales bolivianos, con la finalidad de preservar la estabilidad financiera y lograr un crecimiento económico sostenido, considerando las prioridades y necesidades del pueblo boliviano.

Según el PFF firmado para el año 2019, se prevé un crecimiento económico del 4,5% y una inflación controlada del 4%; estos indicadores sitúan al país como el de mayor crecimiento de la región.

Revisando el informe del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se observa un crecimiento económico proyectado para América Latina de 1,7% para el 2019. Asimismo, sitúa a Bolivia como el mayor indicador de la región, con un 4,4%; seguido de Paraguay (4,2%), Perú (3,6%), Colombia y Chile (ambos con 3,3%) y Brasil (2,0%). En tanto, Argentina (-1,8%) y Venezuela (-10,0%) continuarán con un periodo de recesión económica.

El débil desempeño de la economía mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la alta volatilidad de los mercados financieros, así como la complicada situación económica de los principales socios comerciales de la región (Brasil y Argentina), hicieron que el MEFP ajuste sus previsiones de crecimiento en el PFF, llegando al 4,5%; siendo este indicador el mayor de los países de la región.

Entre los sectores de mayor crecimiento, destacan el Servicio de la Administración Pública (6,9%); Restaurantes y Hoteles (5,6%); Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (5,4%); Establecimientos Financieros (5,2%), e Industrias Manufactureras (5,1%); en tanto que los de menor crecimiento son Petróleo Crudo y Gas Natural (1,2%), y Minerales Metálicos y no Metálicos (2,0%).

El crecimiento del Servicio de la Administración Pública se debe principalmente a que la inversión pública continúa con un nivel elevado, cuyo importe presupuestado para el 2019 representa el 13% del Producto Interno Bruto; otro factor que contribuye es el incremento del 3,6% de los Ingresos Tributarios. Por otra parte, la continuidad de los bonos sociales condicionados y la implementación del Sistema Único de Salud son políticas que coadyuvan al dinamismo de este sector, así como el fortalecimiento de la demanda interna. Estas medidas implementadas por el Gobierno nacional obedecen a una participación activa del Estado en la economía y la búsqueda de justicia social para la población boliviana desprotegida.     

De igual manera, el crecimiento de los restaurantes y hoteles muestra la fortaleza de la actividad económica interna, toda vez que la población boliviana dispone de mayores ingresos y, en consecuencia, posee una mayor capacidad de consumo, aspecto que se traduce en un efecto multiplicador para la económica nacional.

En la actualidad, a diferencia de los periodos neoliberales, en los que se cumplían las recetas del FMI, enorgullece que el Estado boliviano defina de manera soberana el destino de la economía nacional, con la participación de profesionales bolivianos en el PFF, que tiene como principal objetivo preservar la estabilidad macroeconómica, fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población boliviana.

* Economista

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¿Vuelve otra vez la burra al trigo?

En el pasado, las políticas de Estado se definían para favorecer a las élites en desmedro de los trabajadores.

/ 1 de abril de 2019 / 11:02

La frase “vuelve otra vez la burra al trigo” es muy usada para mostrar los errores cometidos en el pasado y la poca predisposición para aprender de éstos. Como se señala en página www.aulafacil.com, a la persona que con sus opiniones “vuelve la burra al trigo” la comparamos con el animal que regresa una y otra vez al campo de trigo y lo destroza, por muchos desvelos y esfuerzos que ponga su dueño para evitar que incurra en esta acción una y otra vez, pues en su terquedad no aprende ni aprenderá.

Me permito usar esta frase a propósito de la opinión vertida en un medio de prensa por el señor Boris Santos Gómez con el título “Visión para una economía vibrante y próspera”. En su artículo propone recetas simples para generar bienestar en una sociedad moderna y compleja, identificando 10 puntos con un enfoque neoliberal, a tiempo de rechazar la intervención activa del Estado en la economía, priorizando el libre mercado.

En el primer punto plantea menos impuestos y facilidades para liquidar las empresas. Esta política ha sido aplicada en Argentina por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, a título de mayor competitividad en las empresas privadas. Sin embargo, esta política no ha tenido éxito; al contrario, las empresas están cerrando y dejando en las calles a miles de trabajadores en condiciones de extrema pobreza.

El reducir los impuestos a las empresas implica una menor recaudación para el Estado, aspecto que perjudicaría de forma directa a los municipios y universidades, ya que percibirían menos recursos por coparticipación tributaria. Por tanto, no tendrían los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades de gasto. Por otro lado, menores ingresos obligarían a eliminar las inversiones, así como las políticas sociales implementadas en beneficio de la población más vulnerable.

Para compensar esta reducción de ingresos, la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda crear impuestos al salario en desmedro del trabajador. Recordemos que esta medida fue aplicada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, teniendo desastrosos resultados en “octubre negro”, donde se causó luto a las familias bolivianas y se desmanteló la economía nacional. Por tanto, la reducción de impuestos a las empresas implica sacrificar más a los trabajadores que ponen el hombro al país. Esta medida propone quitar los ingresos de las familias bolivianas, para reducir su capacidad de consumo y afectar al dinamismo de la economía nacional.

Una mayor flexibilidad en los contratos laborales implica crear normas en favor de los empresarios, perjudicando a los trabajadores. Esta medida permitiría a los empleadores despedir masivamente a sus trabajadores de manera injustificada. Por tanto, la propuesta del señor Santos está orientada a generar una masacre blanca. Esta política neoliberal también está siendo aplicada en Argentina con malos resultados, toda vez que el 47,2% de los trabajadores tienen empleos precarios. Se tiene previsto una tasa de desempleo para el 2019 del 10,9%, por lo que esta precariedad continuaría.

En suma, las dos primeras políticas planteadas por Boris Santos Gómez son medidas neoliberales orientas a limitar la participación del Estado y priorizar el libre mercado, para que los ricos tengan mayores ingresos y vivan muy bien a costa de los trabajadores, cuya calidad de vida disminuiría; además de generar desempleo, pobreza y recesión económica. En este sentido, la población boliviana debe analizar muy bien las propuestas que nos plantean algunos opinadores que quieren que regresemos al pasado, cuando las políticas de Estado se definían para favorecer a las élites privilegiadas que concentraban los recursos del país, explotando a los pobres y retribuyendo a los trabajadores con salarios miserables, empleos precarios y sin protección del Estado. 

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