Con sentencias de entre 8 y 30 años de prisión, cuatro maestros fueron condenados en Oruro por delitos de abuso sexual a sus alumnas. Considerando que eran 29 los procesos penales interpuestos por las mismas causas entre 2018 y 2019, se infiere que únicamente en el 14% de los casos se hizo justicia con las víctimas, mujeres y menores de edad.
No obstante que el marco jurídico presume la inocencia de un acusado, los alcances de dichos procesos reafirman la constatación de que el sistema judicial boliviano es lento, burocrático y que pocas veces ejerce justicia; lo que sucede en Oruro no es más que un triste reflejo de la realidad nacional. No en vano solo el 1,13% de todas las causas seguidas por violencia contra la mujer entre 2015 y 2018 —vejaciones y violencia familiar y doméstica entre otras— obtuvieron fallos condenatorios.
El número de denuncias fue en ascenso, lo que se explica ya sea por toma de conciencia sobre esta aguda problemática o porque el Estado mejoró los mecanismos para querellarse contra los agresores. El fenómeno en el ámbito escolar es similar: con la intervención de las Defensorías de la Niñez y las juntas escolares, muchos de los abusos han salido a luz. Pero, la Justicia no da señales de mejorar sus índices en la resolución de procesos.
El que un niño amedrentado revele que es víctima de abusos se constituye en una primera batalla; que los familiares denuncien al acosador y lo sometan a un proceso penal es otra conquista; por tanto es de esperar que el sistema judicial obre conforme al anhelo y los derechos de las víctimas honrando su misión, es decir hacer justicia.