En Bolivia, el Ministerio Público tiene presencia en apenas tres de cada 10 municipios, según reveló a este diario el Fiscal General del Estado, quien anunció que se ha solicitado un incremento en el presupuesto de esta instancia a fin de incrementar su personal y su presencia en todo el país, para posibilitar la implementación, entre otras, de la Ley de Abreviación Procesal Penal.
Las estadísticas muestran que son 312 los fiscales que atienden casos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; entre todos ellos atendieron 199.829 casos durante 2018, dato que por sí solo explica la falta de eficiencia que tanto se le reclama al Ministerio Público. Según los datos revelados por el Fiscal General, la mora procesal actualmente es de 236.000 causas pendientes, con el 82% de los casos en las jurisdicciones de los tres departamentos antes anotados.
Los datos también muestran que, por ejemplo, en Santa Cruz, un Fiscal debe atender un promedio de 777 casos cada año; en La Paz la carga es de 637 casos; y en Cochabamba, de 294. A fin de superar este obstáculo, está en marcha un proceso de fortalecimiento institucional y de gestión administrativa que, previsiblemente, demanda mayor presupuesto, ojalá que para asegurar su presencia en todo el territorio nacional.
La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la Ley de Abreviación Procesal Penal, que todavía se discute en la Asamblea Legislativa, propone la desaparición de los tribunales de sentencia en materia penal y da paso a la conformación de juzgados unipersonales; cada uno de esos juzgados deberá tener fiscales que ayuden a atender cada uno de los casos.
Asimismo, el todavía proyecto de ley, propuesto en la Cumbre de Justicia realizada en 2016, dispone nuevas causales de improcedencia para la detención preventiva, entre otras: cuando la persona acusada tenga más de 65 años de edad o sea un mujer embarazada o cuando la pena sea menor a cuatro años. En caso de proceder la detención, el o la Fiscal es quien debe informar sobre los plazos del proceso.
Considerando que el artículo 225 de la Constitución Política del Estado establece que “el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública”, es evidente que el Estado, a través del Gobierno, tiene grandes responsabilidades respecto del correcto funcionamiento de este órgano de la justicia.
Por su parte, el Ministerio Público debe realizar grandes transformaciones a fin de cumplir a cabalidad su mandato constitucional. Más allá de merecer un mejor presupuesto o, incluso, un nuevo marco legal acorde con la política criminal que el país necesita, debe transformar las prácticas de sus fiscales y administrativos en busca de verdadera eficacia y compromiso con la justicia. Esos son los verdaderos retos de la Fiscalía.