El 10 de diciembre de 2010, el artículo 147 de la Ley 065, de Pensiones, estableció que la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo —en reemplazo de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y BBVA Previsión—, como una empresa pública estratégica de derecho público, bajo tuición del Ministerio de Economía. Van 10 años y la institución no comienza aún operaciones.
Ya el 14 de enero de 2015, el Gobierno definió mediante decreto supremo la constitución de esta entidad, que debía activarse hasta el 15 de julio de 2016. Sin embargo, otra norma similar postergó su funcionamiento hasta el 15 de septiembre de 2017. Posteriormente se vino otra extensión del plazo, hasta el 20 de marzo de este año. Y actualmente, el cumplimiento de ello continúa en el limbo, ya que el ministro de Economía, Luis Arce informó que esto se encuentra en evaluación.
La próxima semana, una cita entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) definirá el camino a seguir. Sin duda, es un tema que requiere de certezas, por su importancia para la población que cuenta con una fuente laboral y realiza sus aportes al Sistema, y aquella que pertenece al sector pasivo de los jubilados. Más aún porque la Gestora tendrá una misión que las AFP no cumplieron con buenos réditos: mejorar la rentabilidad de los aportes de los trabajadores para su jubilación.