Desde sus inicios, el Gobierno, a través de sus ministros de salud, hizo diversos intentos fallidos para resolver la dramática situación de salud. Primero, propuso el Seguro Universal de Salud gratuito centralizando y redistribuyendo los recursos de las cajas de seguro; luego, un seguro con limitadas prestaciones básicas; posteriormente lanzó el mega Plan Nacional de Hospitales, junto con los programas “MI Salud”, “Telemedicina”, “Sistema de Emergencia” y otros. Estas medidas estuvieron alejadas de un enfoque sistémico, y probablemente se ejecutaron con el propósito de mitigar la frustración reiteradamente expresada por el Presidente y Vicepresidente del Estado. La centralización, exclusión y la falta de equipos de gestión calificados y estables explican en parte los pobres resultados.
La Ley 1162, recientemente promulgada, no crea un Sistema Único de Salud como todos erróneamente entienden y repiten; lo que se hizo es modificar la Ley 475 para incorporar a todos los bolivianos sin seguro al denominado Seguro Integral de Salud (SIS), que solo cubría a menores de cinco años, gestantes, adultos mayores y población con capacidades especiales. En consecuencia, ahora tenemos un seguro de salud que brindan las Cajas de salud, otro seguro público producto de la ley modificatoria, el Susat tarijeño, el seguro de salud cruceño, el yacuibeño, los seguros privados y otros más que gozan de plena autonomía e independencia. En esas condiciones, resulta desatinado y agotador discutir sobre un Sistema Único de Salud que no existe ni existirá hasta encontrar consensos. Por el contrario, de acuerdo a la ley modificatoria y a los anuncios de las autoridades, la fragmentación e ‘incoordinación’ de los entes prestadores será mayor. Insistimos en que un “Sistema Único” de Salud es en el que todas las instituciones de salud prestan servicios rigurosamente armonizados para asegurar el ejercicio del derecho a la salud de todos los bolivianos.
Sin duda fue una genialidad abandonar la intensión de crear una compleja ley del “Sistema Único de Salud”, tarea muy complicada, y solo modificar algunos artículos de la ley del SIS, dejando la impresión de haber constituido el nuevo SUS. También fue un acierto romper con la ley financial al autorizar que los médicos especialistas puedan trabajar medio tiempo más, sin entrar en incompatibilidad y pudiendo superar el salario del Presidente. De esa manera, se extinguió el fantasma de las 8 horas y se incrementó en 50% la disponibilidad de especialistas. Finalmente, la tercera gracia fue abrir a la medicina privada la posibilidad de favorecerse sin límites de la venta de servicios al seguro público. De cualquier forma, lo que no puede dejar de reconocerse es que con la ley modificatoria todos los bolivianos están irreversiblemente asegurados, aunque sea en diferentes instituciones, que funcionarán con liberalidad e independencia naturales al no existir un auténtico sistema.
Estas acciones dejaron desconcertada a la dirigencia del Colegio Médico, que presentó su propuesta de “Sistema Boliviano de Salud”, y ahora están a la espera del fracaso en la implementación de la Ley 1162 para reiniciar movilizaciones. El riesgo de que esto ocurra es muy alto si el Gobierno no hace el esfuerzo efectivo para incorporar en los espacios de decisión y coordinación a los principales corresponsables del sector; necesita lograr consensos y acuerdos sinceros con municipios y gobernaciones, que son imprescindibles para hacer viable este proyecto de país que debe unirnos a todos. Siempre habrá tiempo para las rectificaciones beneficiosas, que podrían lograrse reconociendo con humildad que en vez de imponer es mejor concertar. Por último, debe quedar claro que por ahora no hay un SUS, sino un nuevo seguro público de salud independiente de los otros seguros.
* Exdecano de la Facultad de Medicina, UMSA.