La respuesta del Estado a los sucesos violentos en la comunidad San Rafael, en el Chapare, debe ser oportuna y severa. Hay que hacer el mayor esfuerzo para evitar que se produzcan peligrosas articulaciones entre grupos delincuenciales y algunos segmentos de las comunidades en los lugares en los que se están desarrollando estas actividades.
La experiencia internacional ha mostrado que a medida que la delincuencia organizada crece en ciertos territorios, ésta tiene el potencial de contaminar e involucrar a diversos componentes del entorno social de esas regiones. Cuando esos procesos se aceleran, nadie está a salvo, las redes criminales logran construir bases de apoyo social, que a veces se confunden con genuinas organizaciones sociales, e incluso infiltran a la política y a los poderes públicos locales.
El narcotráfico o el gran contrabando terminan, en esos casos, colonizando a todas las estructuras sociales e institucionales de un territorio, con el objetivo de proteger más eficazmente sus negocios. Se transforman en un factor de poder real local que no se puede soslayar.
Desalojar a los criminales de esas zonas se vuelve una tarea extremadamente compleja pues requiere no solo de una acción represiva o legal, sino también de una recuperación institucional y una labor de reconstrucción de la relación con las propias comunidades. En tales contextos, la acción puramente represiva puede incluso llevar a situaciones de conflicto exacerbadas. Este tipo de fenómenos se pueden observar en ciertas partes de Centroamérica, México y Colombia.
En esos casos, todo se vuelve más difícil, violento y sin solución rápida. En consecuencia, hay que hacer lo posible para no replicar estos escenarios en Bolivia y se debe desactivar a tiempo cualquier articulación entre grupos delincuenciales y estructuras sociales locales.
En nuestro país, no parecería que estos procesos se hayan enraizado o expandido masivamente, pero hay señales inquietantes de que podrían estar apareciendo situaciones riesgosas en ciertos departamentos. La elevada frecuencia de ataques violentos a autoridades aduaneras en las localidades fronterizas con Chile, en la que a veces se ven involucrados vecinos de esos pueblos, o la participación de campesinos en tareas de protección del narcotráfico en algunas zonas con cultivos ilegales de coca, no deberían ser subestimadas.
Cuando esto sucede, se espera una acción ejemplar y rápida del Estado, que debería evitar dar señales de tolerancia ante esos comportamientos. Sin embargo, de igual manera, hay que reflexionar seriamente en una acción complementaria de intervención, no solo represiva, sobre las condiciones sociales que estarían facilitando esa infiltración novedosa del delito. La experiencia de otros países latinoamericanos nos enseña que no es solo con la fuerza que se desactivan esos nuevos escenarios de la delincuencia.