Voces

Tuesday 31 Jan 2023 | Actualizado a 00:34 AM

Impulso empresarial

El empresariado debe tener una voz relevante en el debate de los desafíos macroeconómicos y productivos.

/ 16 de marzo de 2019 / 04:12

El empresariado privado es un actor imprescindible para el de-sarrollo de cualquier país. La creación de empleos y el impulso a la innovación precisan de un tejido vibrante y dinámico de emprendedores. En ese sentido, la reactivación de un diálogo entre los gremios del sector y las autoridades que genere resultados tangibles debiera ser una prioridad.

El proceso de elección del nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) generó un saludable debate sobre el rol que ese sector debe asumir en la vida nacional y su relación futura con el Gobierno y con otros sectores de la sociedad. Como era previsible, el reto de los afiliados de esta institución consistió en construir un delicado equilibrio en la representación regional y los variados puntos de vista que coexisten en su seno. Luis Barbery, el nuevo representante del empresariado nacional, tiene ahora el de- safío de articular esa valiosa diversidad y desplegar una agenda que contribuya al crecimiento económico y a la convivencia democrática.  

Le toca a este nuevo liderazgo encarar esta tarea en un momento políticamente complejo, relacionado con las naturales incertidumbres que caracterizan a los periodos electorales. Pero también en un periodo crucial en el que se deben perfilar los nuevos retos de la modernización económica del país, con miras a consolidar el crecimiento y la reducción de la pobreza logrados en el último decenio. El empresariado debe tener una voz relevante en la discusión de los desafíos macroeconómicos y productivos que la actual y la futura administración tendrán que resolver en los próximos años.

Esto acontece, además, después de un año complejo en el que la relación entre la CEPB y el Gobierno se ha visto tensionada por varias decisiones que no fueron del agrado del sector empresarial; pero en el que, por otra parte, cristalizaron inéditas alianzas público-privadas en torno a la industria del etanol o la apertura de nuevas vías para el comercio exterior en el oriente. Equilibrar estos elementos pasa necesariamente por renovar los contenidos a tratar y quizás también las formas en las que se realiza el diálogo entre ambos actores.

Lo cierto es que el futuro del país no podrá construirse sin una cooperación entre actores privados y el Estado. Tal objetivo requiere pragmatismo, creatividad, generosidad y realismo para resolver los problemas. Seguramente no es posible alcanzar todos los objetivos que unos y otros se plantean, pero al menos se debería converger en un conjunto de acuerdos básicos, que desate las energías de los cientos de miles de emprendedores que invierten, producen y crean empleos en todo el país. Sin este impulso, el esfuerzo de mejoramiento de las infraestructuras básicas y de las condiciones de vida de los que tanto se enorgullece la actual administración podría verse mermado.

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Mitos y realidades sobre la deuda pública

/ 30 de enero de 2023 / 01:48

La deuda es una obligación adquirida que se debe cumplir pagando el monto prestado según las condiciones pactadas. Su creación es un proceso natural de la actividad económica que permite financiar e impulsar el crecimiento económico.

Así como una persona que tiene un salario se presta dinero para comprar o construir una vivienda, o un empresario que acude a un crédito para ampliar su negocio, un país se endeuda para crecer, ampliando su capacidad productiva e infraestructura, crear nuevas empresas que le permitan generar nuevos recursos para el Estado.

Durante las últimas semanas, analistas, economistas ortodoxos y hasta políticos, señalaron erróneamente que la deuda pública del país crece en forma descontrolada y se dedican a aterrorizar a la población, con mitos y predicciones apocalípticas irresponsables, sin haber realizado un cálculo y análisis correctos de la deuda pública total, obviándose aspectos metodológicos relevantes, como el “neteo o consolidación” de las cifras, que consiste en reducir la deuda intrasector entre entidades públicas, a fin de evitar el “error de doble contabilización”, según recomienda el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

En efecto, de las interpretaciones incorrectas sobre deuda en artículos de opinión y declaraciones, me he permitido identificar y describir algunos mitos y verdades sobre la deuda pública del país, que describo a continuación: Mito:

“La deuda pública del país supera el 80% del PIB”.

Realidad: Según cifras oficiales de las entidades encargadas de administrar la deuda del país (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia), la deuda del sector público en 2021 fue de 46% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente, a octubre de 2022, se encuentra en un nivel similar (45,6% del PIB).

Mito: “La deuda pública de Bolivia se encuentra entre las más elevadas de la región”.

Realidad: A octubre de 2022, la deuda pública total de Bolivia representó 45,6% del PIB y se ubica entre las más bajas de América Latina y el Caribe, inferior a economías como Brasil (88,2%), Argentina (76%), Costa Rica (67,6%), Uruguay (61,2%), Colombia (61,1%), México (56,8%), entre otras.

Mito: “Si la deuda pública supera el 90% del PIB será insostenible a futuro”.

Realidad: Japón, desde hace muchos años, tiene una deuda pública superior al 200% de su PIB y no ha tenido dificultades. En los últimos 250 años, Inglaterra ha tenido una deuda pública promedio del 100% del PIB, con muchísimos años llegando al 200% y tampoco presentó problemas.

Mito: “La implementación de una verdadera austeridad permitirá acelerar la reducción de la deuda”.

Realidad: Para aminorar la deuda pública, se requiere contar con superávit público, situación deseable pero irreal en el contexto actual, mismo que empeoró con la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Países de la Zona Euro, como España, Alemania y Gran Bretaña solo han tenido superávit público y muy pequeño, en tres de los últimos 22 años. Francia, Italia y Estados Unidos, casi nunca. Por tanto, el camino más rápido para reducir la deuda en porcentaje del PIB debería ser aumentando el denominador, es decir aumentando el PIB.

Mito: “El Gobierno solo habla de deuda externa y se olvide incluir la deuda interna”.

Realidad: Si observamos las cifras oficiales del BCB publicadas en su página web, se tiene que la deuda externa llegó a 30% del PIB a octubre de 2022 y si a éste añadimos la deuda interna con el sector privado que representa 16% del PIB en el mismo periodo ( fuente MEFP) —es decir, la emitida en el mecanismo de subasta y en donde las AFP voluntariamente y por libre decisión invierten—, la deuda del sector público totaliza 46% del PIB. Por tanto, la deuda pública oficial incluye todo lo que debe contabilizarse, tal cual establece el proceso de “neteo o consolidación” de cifras fiscales.

En síntesis, Bolivia, al contar con una deuda pública de 46% del PIB, todavía tiene un margen de endeudamiento público, si se lo quiere comparar con los límites referenciales de organismos internacionales, como la Comunidad Andina (50%) y el Tratado de Maastricht UE (60%), aunque muchos países, como se señaló anteriormente, dejaron de cumplir esos límites. La sostenibilidad de la deuda dependerá de para qué se usen los recursos: si para fomentar la producción y el empleo, o para costear gastos de funcionamiento.

Elio Alberto Colque es economista.  

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Masacres en los Andes

/ 30 de enero de 2023 / 01:41

La equivalencia territorial y cultural de la sierra peruana es el altiplano boliviano. Sus habitantes aymaras y quechuas no solamente forman parte de un mismo espacio territorial: los Andes, sino un mismo espacio étnico, inclusive comparten el lago más alto del mundo: el Titicaca. Estos hombres y mujeres de tez morena se desplazan naturalmente por esas planicies frías que unen a estos dos países andinos, ni siquiera la fragmentación republicana que configuró una frontera nacional para hacerlos bolivianos a unos y peruanos a los otros, les quitó de sus venas esa sangre combativa que se remonta a las luchas anticoloniales.

Ambos comparten la misma herida colonial, quizás la más dolorosa: las masacres. La memoria de la resistencia indígena de los Andes está marcada por genocidios perpetrados con sangre y fuego por los ejércitos realistas contra los pueblos de indios que osaron sublevarse al orden colonial. Así, al líder indígena Túpac Amaru, en el caso peruano, luego de ser prisionero, le cortaron la lengua y, finalmente, fue descuartizado Y Túpac Katari, en la Bolivia de hoy, fue capturado y, posteriormente, desmembrado. Esa simbiosis simbólica se refleja en la plaza Túpac Amaru de Juliaca — una de las ciudades del epicentro de la resistencia de los indios en el sur peruano—, donde se levantó una esfinge de hierro recordatorio al líder indígena, que en lo alto de su pedestal tiene escrita la frase atribuida a Túpac Katari: “Volveré y seré millones”. Este par de ejemplos se convierten en una especie de metáfora que representa la señal de escarmiento que lanzó el poder colonial para apaciguar los ánimos y, sobre todo, para castigar a los sublevados indios aymaras/quechuas.

Esta lógica represiva de cuño colonial, aún hoy persiste. Hace poco en Bolivia, en 2019, y hoy en el Perú, las masacres a los indios se vuelven a repetir. A las masacres en los Andes fácilmente se las puede tipificar como genocidio: asesinato malsano y colectivo a gente pobre con tez morena con apellidos indígenas. Quizás, es el acto más racista que existe. Es la expresión de la negación del otro al cual se lo estigmatiza como “bárbaro” o “terrorista” para vaciar de contenido su lucha, y así deshumanizarlos: “Nos dispararon como animales”, expresó una campesina quechua, en 2019, a propósito de las masacres en Bolivia, pero fácilmente puede expresar a miles de indígenas aymaras y quechuas peruanos que hoy lloran por sus muertos que rebasan el medio centenar. Pero los sectores oligárquicos y sus medios de comunicación son heraldos de la estigmatización racial: El Alto fue en Bolivia y hoy es Juliaca, Puno o Cusco en el Perú, que son referidas, diría Frantz Fanon, como “las emanaciones de la ciudad indígena, a las hordas, a la peste”. En Bolivia, los pobres se levantaron para evitar la restauración oligárquica y defender el Estado Plurinacional y en el Perú, para exigir la refundación estatal en clave plurinacional. Luego vinieron como siempre las masacres.

Mientras tanto, el dolor es infinito para los familiares de los muertos. Karen Luque, defensora peruana de los derechos humanos en Perú, escribe: “Miles de corazones se apagaron, miles de lágrimas brotaron, miles de lamentos llegan con el viento arrasador de Juliaca. Oh cerrito de Huaynarroque, guardián celoso de los amores, en tus faldas nuevamente lloramos y reclamamos justicia, en tus faldas reposamos y pedimos consuelo”. O como diría el poeta peruano Manuel Scorza: “En los Andes las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones/En el mundo hay cuatro; en los Andes cinco: primavera, verano, otoño, invierno y masacre”.

Yuri Tórrez es sociólogo.

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Soberanía tecnológica

/ 30 de enero de 2023 / 01:36

La capacidad de decidir sobre los recursos tecnológicos que una persona, un gobierno, un colectivo o una empresa usan es central para la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los seres humanos y generar riqueza.

Sin embargo, esa toma de decisiones — como cualquier otra— requiere información acerca de las opciones existentes, pero no cualquier información porque una cosa es decidir entre comprar un celular Samsung o un iPhone que elegir entre comprar un software privativo con hardware de licencia que contratar unos desarrolladores de software libre. Para ambas decisiones se requiere información, pero una es menos compleja que la otra y una exige más conocimiento posterior para operarla que la otra.

Por tanto, por el simple hecho de tomar una decisión tecnológica cualquiera no se puede pretender que se están tomando decisiones que dan soberanía tecnológica. No es lo mismo tomar una decisión tecnológica soberanamente o libremente que tomar una decisión de soberanía tecnológica.

En realidad, las preguntas que debemos hacernos acerca de la tecnología es si tenemos acceso al código de programación y es posible que lo cambiemos a nuestro gusto sin intervención de la empresa que lo vende, o si tenemos acceso a los datos que una aplicación o un dispositivo extraen y si es posible cambiar los términos de uso (contrato) que firmamos cuando accedemos a una aplicación, hardware o software. Si alguna de estas preguntas se responde con un No, pues las decisiones que estamos tomando son ilusiones, no promueven la autonomía tecnológica sino, todo lo contrario, incrementan la dependencia tecnológica de empresas que usualmente están en el norte del mundo.

¿A qué viene todo esto? A que el Secretario General de Naciones Unidas ha lanzado ya hace varios meses una invitación abierta a debatir y definir una agenda digital global —que recibe el nombre en inglés de Global Digital Compact— que definiría los temas centrales alrededor de las tecnologías digitales y me parece que el tema de la soberanía tecnológica de los pueblos, los países y las personas como requisito para generar un desarrollo más equitativo, está en el centro del debate.

No podemos debatir las políticas públicas globales acerca de los temas digitales sin preguntarnos a quién le pertenecen esas tecnologías, quién decide sobre ellas y a quiénes benefician.

Si están interesados e interesadas en ser parte de esa conversación global, solo hay que buscar ese nombre en internet e involucrarse, vale la pena hacerlo porque se está debatiendo acerca de algo tan cotidiano y cercano como los celulares que portamos a diario y las preguntas de fondo deberían ser las relacionadas a la soberanía tecnológica.

 Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com

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El litio, los peligros y la economía

/ 30 de enero de 2023 / 01:30

Los lapidarios informes sobre el cambio climático están induciendo a que la tecnología y la lucha contra este fenómeno vayan de la mano para evitar la catástrofe mundial de tener un planeta contaminado y que sea fuente de diferentes enfermedades. El futuro ya llegó, porque para 2030 las constructoras de automóviles solo producirán autos eléctricos, por lo que la industria automotriz está en un proceso acelerado de transición hacia el uso de tecnologías totalmente eléctricas, donde el litio será sencillamente esencial, es decir, se constituirá en un mineral estratégico, clave para la transformación de la matriz energética mundial.

La producción masiva de vehículos eléctricos es una carrera desenfrenada donde ya están dando pasos importantes Tesla, Dacia, Fiat, y otros, que tendrá enormes repercusiones en la demanda de litio, además de níquel y cobalto.

En este escenario, con una demanda cada más creciente los precios tienden a incrementarse; pero, veamos el lado de la oferta, la producción de litio.

El negocio del litio no es la venta del litio sin procesar, el mineral, sino las baterías de iones de litio.

Como se sabe, en el mundo existen 80 millones de toneladas de reservas identificadas, de acuerdo con estimaciones hasta 2019. Bolivia tiene las mayores reservas con 21 millones de toneladas, Argentina con 17 millones de toneladas, Chile con 9 millones de toneladas, Estados Unidos con 6,8 millones de toneladas y Australia con 6,3 millones de toneladas.

Con esta gran cantidad de litio, el país se constituye en un lugar apetecible para las grandes transnacionales —que conjuntamente a sus gobiernos— pretenden entrar al negocio del litio, lo que implicaría que las ganancias se vayan al exterior vía transferencia de utilidades, transferir ganancia al exterior, una forma de Hood Robin —un Robin Hood al verres—.

En esta carrera los gobiernos de los países desarrollados, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya iniciaron su arremetida, pues el Fondo en su documento de la Consulta del Artículo IV de 14 de septiembre de 2022, dice que se necesitan reformas por el lado de la oferta para promover la inversión en hidrocarburos y minería, para lo cual “las leyes de minería deben revisarse para fomentar la inversión privada en el sector de lito, entre otros.” Y, más adelante, Bolivia puede “acelerar el desarrollo de los recursos del litio en el país”. El FMI, como un portavoz de las empresas multinacionales, tiene claro por dónde ir tras el litio: es restaurando el orden neoliberal. Y esto tiene mucho que ver con los neoliberales de Bolivia, especialmente de Santa Cruz.

Los Estados Unidos, a través de Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, al tener una mínima parte de las reservas de litio, mira con mucho interés el triángulo del litio —conformado por Bolivia, Argentina y Chile—, que considera a esta zona como un elemento de mucho interés para su seguridad nacional y, de acuerdo con sus intereses, incluso para las democracias de la región.

Por donde se lo vea se viene un tiempo de bonanza económica con una magnitud importante de excedente económico que será amplificado por el lineamiento y el buen manejo del Modelo Económico Social Comunitario.

La producción de litio, con los resultados que pueda arrojar como excedente económico en Bolivia, que tiene la propiedad de las reservas de litio, ahora tiene la capacidad de iniciar una nueva época de crecimiento económico y, también, por qué no, de desarrollo económico, con el destino del excedente económico direccionada adecuadamente. Sabida es la asimetría existente entre el periodo de bonanza económica y la caída, una vez que se termina la magnitud del excedente económico, por lo que los resultados de la explotación del litio deberán destinarse, basados en una orientación orgánica, a favor de la sociedad boliviana.

Efraín Huanca Quisbert es economista.

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Oposición no se escribe en singular

/ 29 de enero de 2023 / 01:31

Se dice que la calidad de un gobierno depende de la calidad de la oposición. Es un aserto de dudosa pertinencia, pero lo invoco para hacer algunas reflexiones sobre la relación entre oficialismo y oposición. El MAS-IPSP controla el gobierno desde 2006, exceptuando un breve interregno (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) bajo el mando de la oposición. En ese lapso, “la” oposición —en singular— fue un eufemismo porque después de lograr un objetivo común —la caída de Evo Morales y el desplazamiento del MAS-IPSP del gobierno— los actores institucionales (partidos) y extrainstitucionales (comités cívicos, iglesias, “plataformas”) que formaron parte de una coalición circunstancial optaron por actuar en solitario bajo el supuesto de que, sin Evo Morales, el MAS-IPSP sería irrelevante en las elecciones. Pagaron caro ese error analítico que se reduce a utilizar el vocablo “populismo” para explicar(se) todo y nada. Por eso postularon media docena de candidatos/ as como si se tratara de una disputa interna en las filas del campo opositor pero, ante las circunstancias —y las encuestas— varios se salieron del ruedo para evitar — vano propósito— la victoria del MAS-IPSP en octubre de 2020.

Esa fue la coyuntura ideal para que las fuerzas opositoras se agrupen en torno a una candidatura única y traduzcan su victoria política en noviembre de 2019 en supremacía electoral en los comicios de 2020. Empero optaron por la dispersión y, como consecuencia, los partidos con más trayectoria y consistencia organizativa (Unidad Nacional y Demócratas) quedaron marginados del espacio legislativo y fueron reemplazados por frentes electorales (Comunidad Ciudadana y Creemos) que tienen un derrotero incierto. Hubo remoción de siglas pero se mantuvieron los rasgos de la oposición tradicional: antimasista y neoliberal. Ahora bien, con los resultados de los comicios municipales y departamentales de 2021, el campo opositor se tornó más complejo por la irrupción de fuerzas ajenas a la oposición tradicional y que forman parte del campo nacional-popular (Eva Copa, Damián Condori y los aliados del MTS) o que asumen posturas equidistantes a la polarización entre oficialismo y oposición (vgr. Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández).

En esas circunstancias, ¿qué sentido tiene la convocatoria del cabildo de Santa Cruz para que la oposición (tradicional, supongo) encare un plan de “unidad” para enfrentar al MAS-IPSP en los comicios de 2025? Por ahora, esa convocatoria tiene un carácter meramente reactivo porque no está basada en una propuesta programática. Como dijo Rómulo Calvo: “Queremos una sola candidatura para derrotar a la dictadura. Una sola candidatura para recuperar la libertad y devolver la paz y la justicia”, es decir, se repite la fórmula discursiva de 2019 —libertad vs. dictadura—, pero esa interpelación no es eficaz porque ya no es verosímil y eso explica por qué el “cabildo nacional” se limitó a una región que —unas semanas antes— había aprobado resoluciones referidas a “replantear la relación política de Santa Cruz con el Estado”. En todo caso, resulta positivo que las élites cruceñas opten por transitar del “replanteamiento” a la disputa electoral y que convoquen a la formación de una coalición de la oposición tradicional porque, así, se alejan del rupturismo y apuestan a lo institucional, aunque deben comprender que sus posibilidades electorales no pueden depender del simple rechazo al MAS-IPSP sino de una propuesta alternativa de proyecto político que no sea mero anacronismo. Empero, el tiempo pasa (Pablo Milanés dixit).

Fernando Mayorga es sociólogo.

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