En las últimas semanas se ha estado hablando mucho acerca de la Subasta Electrónica, un mecanismo que, a decir verdad, ya tiene un año de vida utilizándose en el Estado, el cual permite a las entidades públicas la adquisición de bienes y servicios generales mediante una competencia entre proponentes que, para ganar, deben ofrecer el precio más bajo de entre todos.

Lo novedoso ahora, luego de evidenciar los ventajosos resultados en ahorro y eficiencia durante una primera fase, es que se ha ampliado la cobertura de la subasta para la contratación de servicios generales y el método de selección y adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo.

Entre las particularidades de la Subasta Electrónica podríamos señalar, en primera fila, la transparencia y equidad en la operación, puesto que en la etapa de puja la entidad pública no conoce la identidad de los proponentes ni ellos se conocen entre sí, lo que reduce formidablemente la posibilidad de que se dé un cohecho (conocido también como soborno o coima), colusión (pacto ilícito entre los proponentes para manipular el proceso de contratación), concusión (exigencia de pagos o contribuciones ilegales), o un tráfico de influencias. Para que la información proporcionada por los proponentes se mantenga reservada, el sistema aplica algoritmos de encriptación (se oculta a simple vista el contenido).

La economía también se ve bastante favorecida, pues los proponentes deben ofertar un precio competitivo de mercado para procurar la adjudicación, el cual esté por debajo del precio referencial establecido por la entidad pública, desconociendo a su vez el precio propuesto por los otros participantes; el sistema informático, en la etapa de la puja, da a conocer mediante un semáforo informativo de color verde si en ese instante el proponente tiene la oferta más baja, o de color rojo si no, para que decida si continúa con un lance más económico. Hay ganancia también a la hora de conclusión de la etapa de puja, pues de manera aleatoria y sin comunicarla, el sistema adiciona un tiempo extra de hasta 10 minutos a la misma, de tal manera que en ese periodo crucial los proponentes logren un lance ganador, bajando a tope su oferta económica.

La agilidad en los procesos de contratación realizados por el Estado ha sido también alcanzada por los beneficios de la Subasta Electrónica, la más perceptible es la del tiempo de duración de los mismos que repercuten en la economía de los participantes; además, se habilitó la posibilidad de que la garantía de seriedad de propuesta a ser presentada por los proponentes, sea mediante depósito bancario electrónico (o en ventanillas del banco), evitando tener que gestionarla ante una entidad de intermediación financiera o una empresa aseguradora, con la ventaja de que la devolución se realiza al día siguiente de dejar de necesitarla; de igual forma se habilitó la recepción de documentación firmada digitalmente, o manuscrita y remitida electrónicamente.

En cuanto a controles y calidad de la información, gracias a mecanismos de interoperabilidad entre sistemas, se verifica en línea que la información proporcionada por el proponente sea consistente con la existente en otras instancias, por ejemplo, su matrícula de comercio, Número de Identificación Tributaria (NIT), impedidos de participar en procesos de contratación con el Estado, etc.

La Subasta Electrónica ha alcanzado también a la adquisición de bienes y medicamentos de producción nacional, que se realizan con convocatoria pública y que se encuentran disponibles en el Catálogo Electrónico-Compro Hecho en Bolivia, del cual hablaremos en otro momento.

El tiempo es activo, produce. ¿Qué produce? Produce el cambio, decía Thomas Mann, a lo que colegimos, en tiempos de cambio, la pasión y la perseverancia con la que uno se entrega a éste es la que hará el cambio.

Javier Álvarez es consultor internacional senior en el sistema presupuestario público.

Mucho se habla y escribe acerca de la esperada eficiencia en el sector público; la propia normativa desarrollada para su desenvolvimiento la establece en principios, disposiciones, criterios y recomendaciones. Pero resulta que el medio ambiente en el que se desenvuelve un servidor público tiende a estar fomentado por pautas y códigos que conceptualizan la cosa pública como un bien ajeno, considerada como un bien común, pero del resto, de un resto que no revisa, no cuida, se conforma y se resigna; y por tanto, sin un dueño a quien responder.

Más aún, las viejas estructuras organizacionales jerárquicas que rigen el aparato estatal suelen dar lugar a verdaderos jerarcas de la cosa pública, quienes hacen y deshacen sin que medien cuestionamientos ni críticas. Porque el servidor público subordinado está perfectamente condicionado para la obediencia, la repetición y el trabajo, como diría Herbert Marcuse, por estímulos aversivos como su desvinculación o aislamiento.

Respirando ese ambiente, solo es cuestión de tiempo para que los rasgos y conductas de personalidad de la mayoría de los servidores públicos se asimilen como propios en el resto. Y este mecanismo de defensa, conocido como “introyección”, se acelera en esquemas procedimentalistas y altamente burocráticos como los que rigen hoy en día en el quehacer público nacional; y mucho más si descartamos o relegamos el aprendizaje y experiencia organizacional.

La alternativa pasa por desarrollar una gestión pública orientada a la satisfacción de expectativas y necesidades ciudadanas, adoptando prácticas innovadoras y métodos orientados a la humanización de la prestación del servicio público al ciudadano, como destinatario de toda la actividad estatal. A lo cual se debe sumar la generación y el desarrollo de competencias y valores institucionales basados en la contribución de los servidores públicos, mediante la transmisión de sus propios valores, fundados en su identidad, convivencia, experiencia y creencia. Y por último, pasa por aplicar las competencias laborales, la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo en una situación real, movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión obtenidos no solo a través de la instrucción, sino también (y en gran medida) mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.

Puesto que no existen mecanismos de introyección ni de homologación de valores para aplicarlos en la práctica, así como principios éticos propios que sean accesibles y sentidos por los servidores públicos, debemos cimentar el desarrollo de una nueva gestión pública en el hecho de que las personas se fundamentan sobre la solidaridad con sus semejantes, dando paso al compromiso con el servicio público, permitiéndole que se deba a la comunidad mediante su contribución. Esto conllevaría a la generación de una sinergia en favor de acciones de gestión que respondan a las expectativas de la comunidad, verificando los resultados bajo condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad.

* Es servidor público.

En días pasados, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizó un discurso de inauguración por un hospital de segundo nivel en el que, seguramente a su entender y por sus palabras, quiso mostrarse como un ejecutivo clarividente y caritativo. Al parecer, olvidó el hecho de estar ejerciendo la gestión pública.

Será entonces oportuno contextualizar el tema, señalando que nuestra normativa de gestión pública cuenta con el Sistema de Planificación Integral del Estado, de cuya aplicación, por los diferentes niveles de gobierno y con participación y en coordinación con los actores sociales, resulta la planificación de largo, mediano y corto plazo, con un enfoque integrado y armónico.

Hablamos de una gestión pública cuyo horizonte está definido y pactado con la sociedad civil organizada, que determinaron metas, resultados y acciones a lograr y para cuyo propósito y consecución, se deben priorizar y asignar los recursos públicos en los próximos años.

Esta normativa de gestión, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, y con la concurrencia de acciones por parte de todas las entidades públicas, determina la directriz para llevar adelante la gestión pública, en el marco de metas y resultados comunes.

En consecuencia, se trata de un instrumento de gestión cuya aplicación tiene carácter imperativo. Por tanto, toda acción institucional desarrollada en el sector público debe encontrarse ya determinada, articulada y coordinada con los diferentes sectores de la sociedad, en directa correlación entre las necesidades colectivas y la calidad del gasto público.

Entonces, en la entrega del hospital manifestaciones como “ (…) podíamos haber pavimentado media ciudad, pero si tengo que elegir entre esto y la salud, voy a elegir la salud de nuestros vecinos. Vamos a elegir siempre lo que es prioritario para nuestra población (…)” desnudan una forma de gestión, donde la priorización para la asignación de recursos no se guía por la planificación institucional y comunitaria, sino por la arbitrariedad de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, distorsionando la lógica de una gestión pública planificada y prestándose a maniobras con afanes proselitistas.

Cuán constructivo resultaría que las y los funcionarios estatales visionaran el servicio público como elemento motor de la realización individual y colectiva, dándose a la comunidad mediante su contribución, y haciendo del individuo un ser para el otro y a la colectividad un ser al servicio de los individuos.

Parecería que ando contra corriente respecto a un sentimiento popular, cuando me refiero así a los gestores o propietarios de las entidades bancarias y financieras de nuestro país, intentaré transmitir mi motivación. Hasta hace poco, quienes hemos tenido que lidiar con la banca para acceder a préstamos, bien para la compra de vivienda o su anticresis, bien para el emprendimiento de un negocio, recordamos la odisea que representaba; un sinnúmero de requisitos, elevadísimos porcentajes en tasas de interés, exagerada solicitud de garantías, en fin… Era lo que uno debía aceptar para lograr el recurso, sin que nadie pusiera límites a estos excesos, arbitrariedades y atropellos.

Hoy, quienes se acercan a la banca con idénticos propósitos ya no padecen “en exceso” de tales atropellos y ello tiene una razón: el establecimiento de metas intermedias anuales que las entidades de intermediación financiera deben cumplir en sus carteras de crédito, destinadas al sector productivo y a viviendas de interés social, hasta alcanzar mínimos definidos para un quinquenio, lo que los obliga a flexibilizar de manera progresiva la exigencia de determinadas garantías y exigencias anodinas, así como competir por la fidelidad de sus clientes con moderadas tasas de interés y la prestación de servicio de calidad y con calidez.

Es ilustrativo recordar que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a principios de año, estableció dichas metas, representantes de la banca privada se manifestaron desconfiados de poder alcanzar tan elevadas cifras so pretexto de una inadecuada coyuntura económica y temerosos de una tergiversación del mercado (favorable particularmente a ellos) que incrementaría el riesgo crediticio. Diez meses han pasado de la incomprendida norma y los resultados hablan por sí solos, 15 de 17 bancos, no solo alcanzaron la meta, sino que la superaron y los dos restantes están a un paso de cumplirla.

El acierto de esta clase de políticas de Estado va más allá porque permiten encaminar el desarrollo de la economía, priorizando la atención a determinados sectores bajo la orientación del nuevo modelo económico social comunitario y productivo.

Para el caso, el impacto que esta regulación está logrando hasta el momento se verifica en más de dos decenas de miles de familias que concretaron su sueño de contar con una vivienda, así como en la colocación crediticia de más de 5.000 millones de dólares en el sector productivo. Para la mayoría de estas familias y emprendedores, sino simpáticos, los banqueros de hoy  son tratables, y esperemos que concluido el quinquenio, muchísimos más podamos referirnos a ellos como: nuestros queridos banqueros.