No hace falta que un equipo de expertos extranjeros venga al país a decirlo para reconocer que hay todavía muchas falencias, de carácter estructural, en el sistema de administración de justicia penal para casos de feminicidio. Sin embargo, la investigación de un equipo de especialistas en derecho y derechos humanos de una universidad estadounidense ayuda a precisar dónde hay que intervenir.
Se trata del estudio Justicia para mí. Feminicidio e impunidad en Bolivia, elaborado por un equipo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, sigla en inglés) de la Escuela de Leyes de Harvard; el mismo grupo de profesionales que impulsó y ganó la acción civil en EEUU contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por los hechos de octubre de 2003.
Según explicó el encargado de la investigación, Thomas Becker, la metodología incluyó, además del análisis de ocho casos representativos de contextos diversos en los que se produce e investiga este tipo de crímenes, entrevistas “con activistas, abogados, oficiales, fiscales, jueces, congresistas, para entender lo que está pasando”. Los resultados muestran al menos seis aspectos muy puntuales donde falla la prosecución de quienes asesinan a mujeres por cuestiones de género.
El primero de los obstáculos para la Justicia está en los errores propios de la etapa investigativa: cuando faltan las pericias apropiadas, no se realizan las autopsias de ley o éstas son incompletas. Concomitante con esta causa, se identificó que los investigadores carecen de materiales básicos para hacer su trabajo; los cuales deben ser comprados o pagados por los familiares de las víctimas.
También se identificó prácticas orientadas a provocar retardación de justicia; deficiencia que existe a raíz de las condiciones en las que trabaja el Estado, y que se agrava con las argucias de abogados de malas intenciones. También entre los administradores de justicia a cargo de estos casos se identificó ausencia de especialización en la temática, que demanda mínimamente una mirada sensible a los asuntos de género.
Se agrega a este punto el machismo, que no solo es ciego a las miradas diversas, sino también muchas veces adversario de éstas. Igualmente adversa a la Justicia es la práctica de la discriminación, evidente en las instancias judiciales, particularmente con quienes menos recursos económicos y culturales poseen.
Probablemente se trata de uno de los asuntos más importantes para la sociedad contemporánea: ya no solo la salud o el bienestar de las mujeres, sino su vida. El poseer una de las más avanzadas legislaciones en materia de violencia contra las mujeres obliga al Estado boliviano poner a sus instituciones a la misma altura, lo cual exige mucho más que recursos e infraestructura en el corto plazo. Urge una nueva sensibilidad, que no caiga en maniqueísmos ni victimismos. Urge que la sociedad entera dé curso a un debate renovador.