El reciente anuncio de que, una vez más, la Administradora de Pensiones aplaza el inicio de su gestión me ha quitado el sueño. Y es que, junto con más de 2 millones de bolivianas y bolivianos, he depositado mis expectativas de una vejez digna en mi jubilación. Comprenderán que, como activa miembro de una clase media vulnerable, cualquier incertidumbre en torno a los ahorros de toda mi vida laboral me pone los nervios de punta.
Por los años que llevo en el mercado de trabajo ya he sufrido el trauma de la primera reforma de pensiones. El antiguo sistema se sostenía en los depósitos que realizaban los aportantes en beneficio de los jubilados, y nuestra expectativa era retirarnos con el 70% de nuestro salario. Sin embargo, durante la década de los 90 se discutía la eminente insostenibilidad del Sistema de Reparto, ya que cada vez se contaba con menos trabajadores aportantes frente a una mayor masa de jubilados. El problema se agudizó porque cada sindicato elegía a sus dirigentes para que administraran dichos recursos y se conocieron bochornosos casos de corrupción que terminaron quebrando el sistema. Al Estado no le quedó otra que asumir este desastre financiero para no generar un problema social mayor.
Buscando una solución para no comprometer los fondos estatales, en 1996 se creó el Sistema de Capitalización Individual. En ese momento, el sentido común predominante era que la solución a toda mala gestión del Estado se resolvía transfiriendo el negocio a manos privadas. Así, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) empezaron a manejar todo el sistema, en el marco de un contrato con el Gobierno. Al inicio nuestra percepción como contribuyentes mejoró con una aparente transparencia del destino de nuestros ahorros. Recibíamos cada cierto tiempo un informe detallado de nuestros aportes y celebrábamos cómo —en el papel— crecía nuestro “seguro para la vejez”. Sin embargo, la rentabilidad de estas empresas, que al principio generaban ganancias de casi un 14%, hoy en día se ha desplomado bordeando dividendos de tan solo 2%.
A esto debemos sumar que, al momento de intentar recibir la renta, nos enfrentamos con oscuros cálculos financieros que nos asignan promedios de vida inverosímiles (110 años). Con el uso de estas Tablas de Mortalidad, inadecuadas a la realidad boliviana, las AFP “confiscan” cerca de un 10% o 20% de nuestro dinero. Así las cosas, y con la suerte de mantener un buen empleo de manera permanente, lo más seguro es que lleguemos a jubilarnos apenas con el 20% de nuestro último ingreso. Lo que es peor, para administrar este exiguo desempeño de mi dinero he pagado durante 35 años un 0,5% de mis ahorros a un fondo privado de pensiones.
Con este sentido de injusticia, algunos celebramos el retorno del Estado cuando en diciembre de 2010 se creó la Gestora Pública de la Seguridad Social (GPSS). Si bien recién en 2015 se constituyen y aprueban sus estatutos, desde entonces lleva una serie de retrasos que nos hace dudar de su confiabilidad. Y la confianza de los aportantes es lo más importante en cualquier sistema contributivo. Recordemos que hace cuatro años el Gobierno aprobó el decreto supremo que definió la constitución de la Gestora Pública, donde se establece un plazo no mayor a 18 meses para su funcionamiento. Este inicio fue postergado hasta septiembre de 2017, y en una tercera prórroga se establecieron otros 18 meses de aplazamiento. Ahora, en un cuarto decreto se posterga nuevamente su inicio para 2021. La pregunta que me surge como inexperta aportante es ¿sabrán lo que están haciendo? ¿Mis ahorros estarán seguros en la GPSS? ¿En serio estamos solo ante un problema de software? Disculpen los expertos si expreso de manera tan ingenua mis miedos, pero comprenderán que se trata de poner en riesgo los ahorros de toda mi vida.
* es cientista social.