Los edificios son un reflejo de lo que sucede en cualquier sociedad. Por un lado, están aquellos condominios donde nada está reglamentado y por lo tanto cada quien debe resolver los problemas como mejor pueda, por ejemplo está el tema de seguridad, si no hay portero aumentan los peligros de robo, de ataques, etc. Igualmente, la ausencia de cámaras imposibilita controlar la entrada de extraños, de ver al que ingresa y causa destrozos. Si no hay administrador, nadie cobra ni reparte las expensas, el edificio se deteriora y baja su valor comercial. Si no hay directiva nadie vigila la más mínima convivencia, las relaciones se deterioran día a día, terminan por establecerse bandos que no pueden dialogar entre sí, menos encontrar soluciones a los problemas que se presentan.

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Por otro lado, hay edificios, aunque sea difícil de creer, que han encontrado consenso para un reglamento, pagar unas expensas que les permitan mantener el edificio en condiciones de habitabilidad, lo que hace posible que las relaciones no se deterioren, que se eviten las peleas domésticas de un piso al otro que suelen ocasionarse por filtraciones en los baños o el área de la cocina, que no se abuse con ruidos molestos o fiestas con la música a todo volumen en horas de descanso, que las mascotas no se paseen por los pasillos para dejar sus “gracias” en las puertas de los vecinos. Que existen este tipo de viviendas múltiples, existen.

Por supuesto que hablar de esa convivencia idílica se debe conseguir en el 10% de las viviendas multifamiliares. No hay edificio donde a pesar de la buena administración, de la admirable directiva, del estupendo estatuto, esté la presencia del vecino gruñón que no saluda, con el que nadie quiere toparse en el ascensor. O el que siempre arguye cientos de pretextos y no paga las expensas desde hace años y ve crecer su deuda, sin que esto le inhiba reclamar cuando un foco está quemado en su pasillo.

Sin embargo, de todo lo citado en el anterior párrafo, tener estatutos, portero, administrador y una directiva ayuda a la buena convivencia. Evita que se comentan abusos, que los problemas de deterioro se queden sin solucionar y que existan mediadores en los conflictos que de uno u otro modo se presentan entre las personas que deben compartir un mismo espacio a pesar de las paredes o pisos que las separen. La clave son las reglas claras, los consensos mínimos, aunque siempre existan desacuerdos y ante todo que prime el bien común trabajando cotidianamente para que se entienda que cada quien tiene derechos, pero el otro también. 

(*) Lucía Sauma es periodista

Desde junio se puede ver una familia indígena del oriente viviendo en la avenida Ballivián de Calacoto de la ciudad de La Paz. Se trata de una adulta mayor, que podría ser la abuela del clan, una pareja de unos 25 a 30 años, dos mujeres jóvenes que no pasan de los 20 años y varios niños, desde un bebé que no debe llegar a los ocho meses hasta infantes de uno, tres, cuatro y siete años. Cuando uno los ve en la cuadra del Automóvil Club se pregunta cómo es que se establecieron allí con cartones a modo de camas, muchos bultos donde deben guardar todas sus pertenencias, están tan apostados en la acera que uno no puede dejar de pensar que allí viven, que pasan todo el día como en una reunión familiar, igual a la que tiene cualquier persona dentro de su casa alrededor de su mesa o acomodados en el sillón de su sala. A esta familia de indigentes se los ve sentados en rueda, llaman la atención por la cantidad de miembros, porque hablan muy fuerte entre ellos, no parecen ebrios, ríen a carcajadas, los adultos y sobre todo los niños están muy sucios, con las ropas viejas y todos con alpargatas.

Esta escena se puede ver en varias otras ciudades del país. Es indudable que el número de indigentes se ha incrementado notoriamente. Antes de la pandemia las calles se llenaron de familias venezolanas pidiendo limosna de muchas maneras, con lisonjas, de rodillas, llamando madre o padre a quien tenían por delante. Hoy estamos observando a bolivianos y bolivianas en grupos familiares que se apostan en las calles para “vivir” en ellas.

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¿Qué entidad del Estado debería ocuparse de estas personas? ¿Las alcaldías? ¿Las defensorías porque hay niños y adultos mayores? ¿Dejar que las iglesias hagan su obra de caridad? ¿No deberían ser parte de una política pública que trabaje en serio por la disminución de la inocultable pobreza extrema?

Tenemos leyes que pensamos son las más avanzadas en América Latina, pero en su aplicación estamos a años luz de distancia, al igual que en la traducción de esas leyes y su reglamentación en acción e intervención directa del Estado, que vele por la mejora en la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,4 millones de bolivianos viven en extrema pobreza. Esta cifra puede tener mucho impacto o ninguno según se aprecie, pero lo que en realidad cuenta es lo que se puede ver en las calles, en las pasarelas, debajo los puentes, en las puertas de mercados, restaurantes, callejones, donde de forma muy sintomática se agrupan personas para vivir en la calle.

(*) Lucía Sauma es periodista

Dicen que parlamentarios “soplaron” las respuestas correctas a los postulantes a magistrados para las elecciones judiciales. Vergüenza debiera darnos este tipo de noticias. Si fuera cierto (aunque no fue comprobado), se trataría de un acto aberrante de parte de quienes hubiesen obrado de esa forma, pero es peor aún, más grotesco y pueril, la forma en que se lanzó la acusación. Ambas acciones son una muestra de la mediocridad con que se manejan las cuestiones de Estado y la política partidista en general, es decir que la irresponsabilidad prima ante cualquier decisión que se tome, sin importar la gente, ni el país.

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En el mismo tema de las elecciones judiciales, por lo menos a más de un postulante se escuchó impugnar las preguntas por estar mal formuladas o denunciar que las respuestas consideradas correctas están erradas. Esta es una muestra de que la tarea está mal hecha porque no debería haber dudas, ni observaciones de tal dimensión, nada que empañe la elección de nuevos magistrados, de otro modo, todo el proceso se ve empañado porque otra vez la desconfianza precede la reforma judicial que tanto reclama la ciudadanía. Error tras error.

Las polémicas que se arman tras estas acusaciones son de muy bajo nivel y lastimosamente quienes tengan argumentos válidos terminan enmarañados entre la gresca absurda, poco inteligente, comparable con una pelea callejera. Si hay alguien que tiene pruebas demostrables de aquello que acusa, puede ser que no tenga suficiente palestra en los medios de comunicación o no sepa, o no quiera mezclarse en el chismerío de las redes sociales; entonces termina olvidado, perdido en el tumulto que se crea en el embrollo de las mentiras o, peor aún, de las medias verdades que envuelven estos hechos.

La mayoría de estos líos se armaron por los mensajes que se difunden por redes sociales, donde tranquilamente la fuente puede permanecer en el mayor de los anonimatos, sin presentar pruebas o creándolas con absoluta irresponsabilidad. Muchas veces detrás de estas acciones, quien las realiza solo tiene la intención de sembrar dudas o enlodar a quien se le antoja, allí no se miden las consecuencias para las personas, ni para el país. Finalmente, dañar la integridad moral de las personas o la institucionalidad del Estado sin ningún argumento verdadero son delitos que no deben quedar en la impunidad, existen lo medios para verificar quién difunde mensajes vía internet, por Facebook o WhatsApp.

(*) Lucía Sauma es periodista

“Golpes eran los de antes”, se escuchó decir luego del último golpe fallido del general Juan José Zúñiga. Por decenas aparecieron los nostálgicos que relataban las asonadas militares de los 60, 70 y 80. Sus recuerdos les hicieron decir que los golpes no se dan a plena luz del día, que el golpista ingresa al Palacio y toma preso al Presidente, que deberían escucharse disparos de armas de fuego, que si estaban pocos o muchos militares, que la tanqueta era muy pequeña, que duró muy poco, que si entraron o salieron y quiénes lo hicieron… etc., etc. Todos se convirtieron en expertos en golpes, hablamos de los mayores, porque los jóvenes se remitieron a preguntar a sus abuelos, padres, tíos.

Consulte: Propuestas indecentes

Seguramente esta es la anécdota, pero detrás de ella está el hecho preocupante y vergonzante de que tanquetas y tropas ocuparan la plaza Murillo y tuvieran en vilo al país, chocaran la puerta del Palacio Quemado, impidieran el paso libre de las personas y crearan caos en la gente que se volcó a supermercados y gasolineras, que se cerraran las oficinas; la incertidumbre se reflejó en el silencio que reinó en las horas posteriores que siguieron al asalto.

Después, quienes digitaron la acción militar y seguramente aún cumplen con su estrategia, sumieron a la opinión pública en un inútil debate de si fue autogolpe o golpe, mientras en las calles los precios de los alimentos volvieron a incrementarse. Los negociantes de dólares y otras monedas extrajeras se embebieron en un festín que aún continúa, ellos mantienen los dedos cruzados para que no pare semejante orgía de especulación, la que se realiza a vista y paciencia de las autoridades, quienes no frenan al aumento de casas de cambio, que de manera improvisada surgen como hongos en cualquier espacio, con personal que, como en una película muda, digita en una calculadora el precio del dólar para la compra o para la venta.

Es necesario decir, sobre todo a los jóvenes, que tanques en la plaza Murillo, tanques en las puertas de los regimientos de El Alto, ambiente enrarecido, desasosiego ciudadano, incertidumbre económica no están nada bien, no son normales, estas situaciones no nos hacen bien. Las imposiciones, los gobiernos dictatoriales, el enfrentamiento armado, no son la solución, ninguna de esas condiciones significa bienestar para la población, mejora económica y mucho menos avance en la calidad de vida de las y los bolivianos.

Como una paradoja, este 9 de julio el presidente argentino, Javier Milei, todo eufórico participó del Día de la Independencia de su país, trepado en un tanque de guerra  junto a su vicepresidenta, al mejor estilo guerrero donde solo faltó la esvástica para completar la escena.

(*) Lucía Sauma es periodista

El municipio de La Paz ha propuesto cambiar las placas de los vehículos. Justifica esta medida arguyendo que así se evitaría la clonación de autos chutos. Asimismo, ha dado una serie de especificaciones sobre las nuevas placas, por ejemplo que tendrán medidas de seguridad visibles e invisibles. Entre las que se verían a simple vista están el contorno con una línea azul para vehículos privados y roja para automotores del servicio público, así como un “holograma personalizado adherido a la placa”. Entre las invisibles estaría el contorno del escudo de Bolivia que solo podría verse bajo la luz ultravioleta. ¿Cuál será el costo de cada placa? La respuesta parece una broma: $us 40 por placa. Nadie se atrevió a preguntar: ¿A qué tipo de cambio?, porque entonces la broma se tornaría muy pesada.

Consulte: Mire la calle

En la propuesta a nivel nacional presentada por las autoridades municipales paceñas, también se dio un dato interesante que nos pone a multiplicar: el parque automotor de todos los municipios de Bolivia tiene registrados a dos millones cuatrocientos setenta mil motorizados en el padrón de contribuyentes legalmente establecidos. Multipliquen esa cantidad por 40, a cualquier tipo de cambio, la cantidad siempre será jugosa.

Arguyen que es necesario cambiar las placas para evitar la clonación de las mismas. ¿Qué clonación necesitan las placas inexistentes? Vaya usted por donde vaya, calle, avenida, suburbio, ciudad grande, intermedia o pequeña, póngase a contar cuántos vehículos pasan sin placa. No se asuste, ni piense que contó mal. La realidad es muy dura: de cada 10 autos, minibuses, colectivos que circulan, por lo menos cuatro no tienen placa.

Antes de cambiar placas vigilen que los motorizados que circulan a vista de las autoridades tengan este sistema de identificación vehicular. Que las tengan adelante y atrás. Que estén debidamente colocadas. Hace unos días vi que a las motocicletas se les ha dado por colocar la placa de costado, en uno de los pedales, otra la llevaba a un lado sobre su caja de delivery. Cada vez son más los minibuses que no tienen la placa de atrás, otros la colocan en cualquier otra parte, menos en el lugar indicado, siendo muchos más los que tienen la placa borroneada a propósito. Nadie vigila, nadie controla esta falta. Antes de proponer cambiar placas, controlen que los vehículos las porten y las coloquen donde deben estar.

Como nota final y con un toque de advertencia y pícara curiosidad pregunto a los contribuyentes: ¿Quién pagará las placas? ¿$us 40, a qué tipo del cambio?

(*) Lucía Sauma es periodista