El martes quedó sin efecto el acuerdo que desde 2003 les permitía a los dirigentes del transporte de pasajeros de La Paz quedarse con el Bs 0,20 de los peajes de los vehículos livianos cancelados en la autopista La Paz-El Alto. Esta determinación, dictada desde la presidencia, surge luego de que saliese a la luz pública que estos recursos, un acumulado aproximado de Bs 16 millones desde 2003 hasta 2018, nunca fueron destinados para el propósito para el cual fueron concebidos, la creación de un seguro de salud en favor de los afiliados de la Federación Departamental 1˚ de Mayo.
En su lugar, habrían sido destinados para gastos de representación, administrativos y “alguna farra”, en palabras de uno de los dirigentes. Aunque también cabe la posibilidad de que hayan ido en beneficio de la economía “doméstica” de los encargados de administrar estos fondos, pues los dirigentes jamás rindieron cuentas ni al Estado ni a sus afiliados, como se esperaría tratándose de recursos estatales. Además, los fondos eran depositados de manera directa a sus cuentas privadas. Razones más que suficientes para anular este convenio.
Además de aclarar el destino de los fondos e investigar la legalidad de este polémico acuerdo, resta aclarar el rol en este embrollo de Vías Bolivia, la empresa estatal encargada de administrar los peajes del país que actuó como agente de retención de los Bs 0,20, no sin antes recibir un porcentaje (5%) por esta “transacción”, sin tener la competencia ni los atributos legales para realizar esta labor. .