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domingo 3 jul 2022 | Actualizado a 19:18

Para aprender a decidir

Un referéndum debería ser el momento supremo de la democracia

/ 20 de abril de 2019 / 13:05

Van y vienen, se van, no se vienen, no se van. Los británicos no consiguen decidirse, no saben qué quieren y qué va a ser de ellos. Europa tiembla, Inglaterra ruge y rechina los dientes, también tiembla. Millones decidieron algo y ahora querrían decidir otra cosa. Su Gobierno no sabe cómo hacer realidad las propuestas que les prometió. Los británicos vacilan y se preguntan si deben respetar su propia decisión. O si realmente han decidido eso. La zozobra del brexit ha vuelto a poner en el tapete la cuestión de quién decide, cómo, qué… O, dicho de otro modo: para qué sirven, qué valor tienen las consultas populares.

Estoy a punto de confesar algo inconfesable: todavía me cuesta decirles referéndums. Cinco años de latín adolescente no se deshacen fácil: me enseñaron que el plural de un neutro terminado en “um” es “a”, y que, por lo tanto, el de referéndum es referenda. Pero también sé que la inmensa mayoría de los hispanoparlantes dirá referéndums; que no tienen por qué conocer ni reconocer ese plural latino; y que, aunque se equivoquen, de algún modo tienen razón, porque son más y el idioma termina por adaptarse a ellos. ¿Entonces, qué decir? ¿Debo aceptar un error mayoritario? Ese es el tema de los referéndums. O, incluso, de los referenda.

Un referéndum debería ser el momento supremo de la democracia: cuando aquellos que siempre delegan su poder de decisión lo retoman y ejercen. Como tal, debería ser reivindicado por los verdaderos demócratas. Y, sin embargo, últimamente desconfían: las decisiones que han tomado los referéndums recientes juegan en contra. El plebiscito por la paz en Colombia (que ganó la guerra) o el citado del brexit les provocaron molestia y desconfianza. Para explicarlo quedan dos opciones: o el mecanismo no sirve o los pueblos son más reaccionarios que lo que imaginamos.

Pocos demócratas se atreven a vocear la vieja máxima que pretende que el pueblo —casi— siempre se equivoca; así que se refugian en los problemas técnicos. El primero es la manipulación informativa: lo que ahora llaman feic nius, el ejemplo de Cambridge Analytica y de cómo se manejan conciencias mediante propaganda dirigida y esas cosas —pero lo mismo se puede hacer en cualquier votación—.

Entonces critican sobre todo que los plebiscitos plantean las cuestiones en términos binarios, blanco o negro, hipersimplificadas. Suele ser cierto; el problema es la continuación del argumento: que la gente no puede entender esas cuestiones complejas y que, por lo tanto, los que deben decidirlas son los que pueden analizar todos sus matices (que vienen a ser esos técnicos especializados que llamamos políticos). Lo cual sirve para seguir concentrando las decisiones en manos de unos pocos, defender la idea de la política como un saber específico, privilegio de los enterados.

El gran invento de la modernidad fue postular que el Gobierno no debía seguir monopolizado por reyes y marqueses y favoritos varios, sino que concernía a todos los ciudadanos. Es lo que podríamos llamar la utopía democrática, central en nuestra idea del mundo. Dos siglos después, no hay sociedad que esté contenta con su sistema de gobierno. Si algo define a estos tiempos es la ola de insatisfacción hacia esos sistemas y sus representantes visibles, los políticos. Millones en cada país los desprecian, se niegan a votarlos, buscan figuras nuevas, se decepcionan pronto. Sucede en todas partes y, sin embargo, nos empeñamos en pensar que en cada caso es un problema particular, de hombres y mujeres que no están a la altura, de partidos que necesitan renovarse, de cositas. No queremos suponer que lo que falla es el sistema.

Y entonces nos gobernamos —nos dejamos gobernar— por esos mecanismos creados hace más de dos siglos, levemente mejorados. Ningún otro aspecto de nuestras vidas —salvo quizá la religión— cambió tan poco desde fines de 1800. Sin embargo, no parece que la búsqueda de formas nuevas esté a la orden del día. Nos da miedo, supongo: hasta ahora, las alternativas a la democracia fueron tan nocivas que nos refugiamos en ese cliché de que es “el mejor de los sistemas posibles” y nos dimos por vencidos. Uno de los principios fundadores de la democracia es que toda sociedad debe tratar de ser mejor; en nombre de la democracia, lo hemos abandonado.
Si conseguimos retomar esa búsqueda, el referéndum —en alguna de sus formas— debería ser uno de sus ejes. La idea de delegación —“el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”— era inevitable en tiempos en que las personas no tenían modo de comunicar su voluntad: si el Presidente de Francia, digamos en 1876, debía consultar sobre un nuevo impuesto o la educación laica o la expulsión de extranjeros a los vecinos de Rennes, Toulouse, Niza y Pétaouchnok-sur-Oise, la decisión podía demorar años. Por eso, supuestamente, aquellos ciudadanos enviaban sus representantes a la Asamblea de París. Ahora esa voluntad se puede manifestar en un momento: la delegación ya no tiene excusa técnica.

Pero sigue sirviendo a la vieja causa de la concentración del poder en manos de unos pocos. Es cierto que el reparto del poder de decidir tiene problemas. El principal: que, para confiar en la decisión mayoritaria, realmente democrática, se necesitan ciudadanos mucho mejor instruidos, mucho más enterados y más interesados que los actuales. Los beneficiarios de su distracción —nuestros gobernantes— los prefieren más bobos, y hacen lo posible. Por ahora les va bien.

Nos toca elegir: si vamos a seguir quejándonos de nuestros políticos o vamos a crear las formas de gobierno que, al acabar con la delegación, los hagan de algún modo innecesarios. No es algo que vaya a decidirse en unos años; es, quizá, la decisión más importante de las próximas décadas. Y sospecho que será de las que te hacen preguntarte cómo, antes, podían vivir sin eso. Como cuando se piensa, un suponer, que hace menos de un siglo las mujeres no votaban, o había reyes.

Es periodista y novelista. Su libro más reciente es la novela “Todo por la patria».

Nació en Buenos Aires, vive en Madrid y es colaborador regular de The New York Times en Español.

© New York Times News Service, 2019.

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Los poderes de un virus

El problema central, el que seguiremos repasando por décadas, es este dilema de hierro entre salvar vidas y salvar dinero

/ 18 de abril de 2020 / 07:36

Te dicen que es una guerra y no es una guerra. Una guerra es el resultado de las decisiones del hombre. La epidemia del coronavirus lo es, si acaso, de sus indecisiones. Y no es fácil decidir frente a algo tan extraordinario. Ahora unos pocos políticos gobiernan, deben administrar la crisis como pueden, improvisando, sin manuales ante lo extraordinario. Los demás se dedican a la caza de culpables. Los gobiernos hablan mucho de la crisis global, para exculparse; las oposiciones hablan mucho de la crisis local, para inculparlos.

Pero es cierto que lo que está en crisis es el mundo: nunca hubo una crisis tan general. Aunque sus soluciones, parece, serán locales, nacionales, y sálvese quien pueda. Las situaciones extremas, te dicen, te ponen frente a la verdad. Es bonito: una manera elegante de decir que las situaciones normales la esquivan. No es difícil: contamos con un conjunto de mentiras habituales, las que nos hacen vivir todos los días. Pero ahora no funcionan bien; hay que crear mentiras especiales, que sirvan, como sirven todas, para engañarnos o consolarnos, o engañarnos y consolarnos, o solamente anestesiarnos. El opio, le decían.

Y hay una que circula con bríos: que China pudo contrarrestar mejor el virus porque es una dictadura, que pudo cerrar sus ciudades y obligar a sus ciudadanos porque es un régimen autoritario. La noción se ha transformado en uno de esos lugares comunes que aceptamos y adoptamos, esas afirmaciones que nos gusta repetir sin repensar. Yo creo que no: que pudo contrarrestarlo mejor porque es más rica.

El obstáculo para establecer cuarentenas extremas en las “democracias occidentales” no fue la libertad. Nada indica que millones de personas se habrían negado a encerrarse: el trueque de libertad a cambio de salud funciona perfectamente en estos días, y puede ser un gran problema en el futuro. El problema de estas democracias es la economía: tenían —y tienen— miedo a cerrar todo porque se pierde demasiada plata. China es más grande y más rica. Con más reservas, puede dejar de ganar durante unos meses. Por eso, creo, pudo aplicar enseguida las medidas que muchos países occidentales rechazaron durante semanas (que, ahora sabemos, fueron fatales para muchos).

El problema central, el que seguiremos repasando por décadas, es este dilema de hierro entre salvar vidas y salvar dinero. Es como si todo esto sirviera, al fin y al cabo, para poner en escena la contradicción básica entre dos formas de ver el mundo. Tan desnuda: la bolsa o la vida. Claro que la opción no se presenta cruda: ninguno de los que claman por la economía quiere ponerla en esos términos. Entonces te dicen que salvaguardar la economía significa salvar vidas en el futuro, que serían afectadas por la crisis económica, y proponen sacrificios que nunca son suyos.

Vivimos en sociedades de la abundancia, donde hay mucho más que lo que se necesita, solo que concentrado sin vergüenza. Entonces la caída de la economía es, efectivamente, un problema contable para unos pocos, un problema vital para muchos. Son los que sufrirán porque tienen tan poco que no pueden tener menos. Pero los políticos y empresarios que enarbolan esa amenaza para clamar contra las cuarentenas no suelen ofrecer la solución más obvia: que los que tienen mucho repartan una parte. Te hablan de la guerra, decíamos, y la pandemia no es una guerra, no es el enfrentamiento entre dos ideas. Pero en su solución sí hay una guerra, ese enfrentamiento. Que tiene ganadores distintos en distintos países: todos sabemos lo que hacen Trump y Bolsonaro (lo que quiso hacer Johnson).

Los Estados son los instrumentos de redistribución que conocemos. Su herramienta se llama impuesto: es la manera de tomar la riqueza donde está y colocarla donde no está, a través de subsidios directos o de servicios de salud, sanidad, educación, seguridad, vivienda. En esta crisis los Estados se fortalecieron. Ha quedado claro que son los únicos que pueden manejar los momentos extremos; que, en esos momentos, el famoso mercado puede ser un obstáculo. Habrá que ver si ese paso al frente de los Estados se mantiene cuando la crisis pase. Los mercados van a contraatacar. Habrá que ver con cuánta fuerza, cuánto éxito. Eso depende, claro, de las ganas y voluntades de los ciudadanos (que van a ser distintas en cada país: para eso sirven los países).

Se habla tanto de los cambios que la crisis traerá, de futurología. Una crisis no cambia nada por sí misma. Lo cambian las fuerzas que pelean a partir de la crisis (y que la crisis puede cambiar). Habrá sectores que tratarán de restablecer el reino del mercado, habrá otros que intentarán mantener más presencia del Estado y, según la potencia destructiva de la crisis, según cómo se cuente/lea, más o menos personas apoyarán a unos u otros. Ahora, con el miedo, se dicen (e incluso se hacen) muchas cosas. La cuestión será ver qué se hace cuando el miedo pase. O cuánto miedo quedará y cuánto cabreo. Algunos dicen que será como el principio del Estado de bienestar europeo. Que empezó tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial pero no por el desastre; porque sus conductas durante ese desastre habían hecho que la izquierda creciera y la derecha se hundiera, y el comunismo amenazaba.

Ahora tampoco alcanzaría con el desastre; tendría que suceder, como entonces, que se produjera la tasa de cabreo social necesaria para empujar a los gobiernos en esa dirección. Que quedara claro que esta pandemia no habría sido igual sin la destrucción de la sanidad pública por las fuerzas del mercado, y que la salud desigual no les sirve ni siquiera a los que pueden pagarla porque los bichos no respetan barrios ni chequeras. Y que, además, los ricos necesitan que los ciudadanos sigan sanos para consumir; en cuanto se avistó la epidemia, las Bolsas se derrumbaron, por si acaso.

Hay sectores insospechables de cualquier socialismo que lo creen. El gesto político más significativo de estos últimos días fue el editorial del Financial Times, portavoz habitual de “los mercados”, cuando escribió que, tras la pandemia, “para pedir un sacrificio colectivo uno debe ofrecer un contrato social que beneficie a todos”. Y que para eso, “será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que reviertan la dirección principal de las políticas de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un rol más activo en la economía. Deben considerar los servicios públicos como inversiones y no como pasivos, y buscar las formas de hacer menos inseguros los mercados laborales. La redistribución volverá a la agenda; se cuestionarán los privilegios de los mayores y los ricos. Políticas que hasta hace poco se consideraban excéntricas, como la renta básica y los impuestos a la riqueza, tendrán que entrar en la mezcla”. Pero nada sucederá si millones y millones de personas no lo exigen.

Si alguien hubiera querido ofrecer una gran lección sobre el Antropoceno, nuestro destrozo de la Tierra, jamás habría podido imaginar nada mejor que estos días de retirada de los hombres y regreso de plantas y delfines y cielos azulitos. Ahora resulta aún más obvio que es nuestra presencia la que crea esas perturbaciones, y que tenemos que buscar la forma de combinar esa presencia con la menor tasa posible de perturbación (sin llegar a la tontería común de suponer que somos malos y los animales buenos. La naturaleza también es el virus. Llevamos 10.000 años tratando de moderar sus efectos y lo hemos conseguido bastante bien; de vez en cuando se planta y nos mata con un tsunami, un terremoto, una corona). Quizás estemos aprendiendo, en estos días, que gastamos mucho más que lo que necesitamos. Que hemos armado sociedades que despilfarran en tantas tonterías en lugar de invertir en lo que importa: cuidarnos a todos. Ojalá salgamos de estas semanas de austeridad forzosa convencidos de que no era necesario gastar tanto. Que no vale la pena correr y correr, que no vale la pena acumular: que se puede vivir de otras maneras, que todo puede deshacerse en un bichazo. Lo sabíamos, decíamos que lo sabíamos, pero no. Hoy lo estamos viviendo.

Martín Caparrós es periodista y escritor, colaborador de The New York Times en español. © 2020 The New York Times Company.

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Alberto Fernández y el hambre en Argentina

Es fácil decirle a cada uno lo que espera oír; es mucho más complicado contentar a todos

/ 13 de enero de 2020 / 06:31

Puede parecer banal y hay quienes tratan de olvidarlo: ahora la Argentina es un país pobre, un país que tiene más del 40% de su población bajo la línea de pobreza. Dos de cada cinco argentinos son pobres; tres de cada cinco niños argentinos son pobres; uno de cada 10 argentinos pasa hambre. Más allá de dimes y diretes, idas y venidas, tales y cuales, pactos y pactitos, eso es lo que define.

Por esa pobreza Mauricio Macri perdió las elecciones. El día que asumió, hace exactamente cuatro años, prometió “pobreza cero” y pidió que lo juzgaran por cuánto reducía la cantidad de pobres. El balance es preciso: hoy hay casi 5 millones más que entonces. Semejante catástrofe social pudo producir cualquier efecto. En un continente en llamas, es casi milagroso que uno de sus países más inflamables no se haya incendiado. Lo salvó, supongamos, la combinación de dos elementos: un nivel de desazón y desesperanza extremo, que hizo que tantos creyeran que no había salida cercana, por un lado. Y por otro, unas elecciones que permitían enfocar las escasísimas expectativas en una dirección precisa (que para eso, finalmente, sirven estos actos).

Por esa pobreza una opción política que hace cuatro años parecía terminada, que desde 2013 venía perdiendo elección tras elección, que sufrió el juicio y la condena de algunos de sus dirigentes por corruptelas varias, ha vuelto a gobernar. O quizá no: ese es, ahora, un punto en debate. Porque, por esa pobreza, millones votaron a un raro rejunte de figuras políticas que hace unos meses estaban todas peleadas entre sí (y se decían cosas horribles), y que ahora se aliaron para hacer aquello que los peronistas hacen como nadie: conseguir poder. Por esa pobreza un abogado porteño sesentón, que acaba de contar en una entrevista que en abril su mayor aspiración política era ser embajador en España (“para descansar” y “dejar lugar a los más jóvenes”), fue nombrado candidato a presidente por su vicepresidenta y ahora tiene unos meses para mostrar qué tiene.

Alberto Fernández es un peronista clásico: uno que trata de quedar bien con todos los que puede, que intenta integrar a cuantos más mejor. Comparado con la rispidez de los discursos kirchneristas, su tolerancia y amabilidad funcionaron como un bálsamo, y así consiguió navegar con cierta calma la transición hacia su presidencia. Pero ya no será suficiente; es fácil decirle a cada uno lo que espera oír; es mucho más complicado contentar a todos cuando hay que definir qué se hace y qué no.

Por la pobreza, entonces, por la crisis, el nuevo Gobierno empieza con tres necesidades principales: devolver cierta esperanza a los que la perdieron, conseguir pronto algunos resultados económicos y sociales, y mantener la unidad de un frente interno muy complicado.

Sobre el frente interno se escribe sin parar: cada movimiento de cada Fernández (Alberto y Cristina) se lee, se relee, se interpreta con una meticulosidad digna de los divanes que supieron asolar Buenos Aires. Parece que es el aspecto que más atrae a los analistas políticos habituales; no parece ser el aspecto que más influirá en la vida de esos millones de argentinos en problemas. Los Fernández y los suyos se pelearán, se disputarán lugares, cada cual ganará y perderá espacios y poderes, y es probable que esas pequeñas victorias y derrotas no cambien gran cosa de las grandes cosas.

Si alguien todavía quisiera entender (¿por qué querría?) el sistema discursivo del kirchnerismo, la construcción de su identidad política, le alcanzaría con escuchar extractos de esta deposición de la nueva vicepresidenta, días atrás en uno de sus juicios. Ante el tribunal, Cristina Fernández, iracunda, desdeñosa, repite con creces una frase célebre de la izquierda latinoamericana: allí donde Fidel Castro decía “la historia me absolverá”, ella dice “a mí me absolvió la historia”. Pero, sobre todo, allí donde Castro la usaba para justificar su alzamiento en armas contra una tiranía, Fernández la usa para explicar el desvío de ciertos fondos del Estado. Las palabras se parecen, los hechos ni un poco —y ahí está la clave—.

Pero en esas peleas de palacio no se decidirá el rumbo económico y social de la Argentina próxima, lo que realmente importa: esos resultados que urge conseguir para sofocar posibles fuegos. Junto con la pobreza, otro efecto del gobierno Macri fue la constitución de una deuda externa desmesurada (solo este año vencen más de $us 60.000 millones) que el país debe encarar de algún modo. “No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar, hay que crecer primero”, dijo Fernández en su investidura, confirmando la hipótesis dominante: que piensa pagar, pero no sabe cuándo, y eso es lo que le ha ofrecido al FMI.

Antes que nada, el nuevo Gobierno necesita recuperar la actividad económica. La crisis actual es despiadada. Algunas cifras permiten atisbarla. Unas son macro: el PIB argentino bajó en los dos últimos años un 11%, y la inflación de 2019 superó el 50%; otra, muy micro: en 2019 se publicó un 45% menos de libros que en 2016. Y otra, más decisiva: el consumo de alimentos bajó un 15,1%. No hay dinero, no hay actividad, la necesidad aumenta.

Por eso el nuevo Gobierno anuncia medidas para “poner plata en el bolsillo a los sectores más golpeados”. Se trata de reactivar el consumo con pequeños aumentos de las pensiones y los sueldos bajos para aliviar a los más apretados, dar sensación de que la crisis pasa, y conseguir que la economía vuelva a funcionar. El problema, como siempre en la Argentina, es cómo lograrlo sin disparar la inflación. El Ejecutivo dice que sabe cómo hacerlo; todos los anteriores también lo decían.

Queda entonces, mientras tanto, el tercer punto: la administración de la esperanza. El nuevo Presidente ha demostrado, por ahora, ser bueno para eso: su oratoria funciona. Los hechos, queda dicho, se le complican más. Un ejemplo reciente: aunque habla mucho de igualdad de género, su nuevo gabinete, con 17 ministros y cuatro ministras, no la cumple ni un poco; se parece bastante al viejo patriarcado peronista.

Pero, como suele pasar con los nuevos gobiernos, una buena parte de los argentinos está dispuesta a esperar que les mejore la vida. En este, por peronista, confían más los que más necesitan. Al peronismo siempre le resultó más fácil aplacar a los más urgidos: para eso sirvió, históricamente, desde sus principios. Sindicatos y barriadas le toleran más que a ningún otro. Pero esta vez la mayoría de las organizaciones que suelen ocupar las calles de las ciudades argentinas ya dijeron que su tolerancia con este Gobierno será breve.

La cuestión es —sigue siendo— esa pobreza: dos de cada cinco argentinos, la urgencia más brutal, y los millones de personas que no comen lo que necesitan. Por eso el nuevo Presidente habló mucho de esa necesidad: “Sin pan, no hay presente ni futuro (…); sin pan no hay democracia ni libertad”, dijo, y anunció el pronto lanzamiento de una gran campaña contra el hambre. Todo consiste en que ese plan consiga dejar atrás el asistencialismo clientelar y humillante que suele acompañar, en la Argentina, a estas iniciativas: que no vuelva a repartir limosnas.

Empieza un tiempo diferente; es una incógnita. El crédito del gobierno de los Fernández es limitado. Si no lo usan rápido y bien, la Argentina, un país pobre, puede dejar, más temprano que tarde, de mirar la hoguera sudaca desde afuera.

Martín Caparrós 

Es periodista y novelista. Nació en Buenos Aires,

vive en Madrid, es profesor en la Universidad de Cornell y

colaborador regular de The New York Times en español.

© The New York Times Company, 2020.

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El peronismo vuelve

Para que el hombre consiga gobernar, el peronismo debe terminar de imponerse al kirchnerismo.

/ 9 de noviembre de 2019 / 02:50

Un hombre frente al espejo, esta mañana. El hombre se mira la cara; los hombres mayores tratan de no mirarse mucho, esquivar los estragos del tiempo en sus caras. El hombre mira, sin embargo, hoy (hay algo extraño) por más tiempo esa cara que ya no es su cara: que se ha reproducido en miles de afiches, millones de boletas; el hombre mira la cara que en unos días va a estar en miles de retratos en miles de oficinas, cuarteles, hospitales. El hombre, en unos días, va a ser el presidente de un país.

El hombre lo cree y no lo cree. Hace unos meses era un político semirretirado que pocos recordaban. No hay muchos casos de aparición tan súbita, tan inesperada. El hombre va a mandar un país. El país está en crisis; el hombre debe estar lleno de sí, lleno de ideas, lleno de temores. El hombre, un suponer, está apurado: en un rato debe ir a ver al Presidente y, poco después, van a abrir los mercados. “Los mercados” es el eufemismo que se usa en la Argentina para nombrar a la Bolsa, los bancos y los grandes cambistas que rigen, a golpes de maniobras financieras, la vida del país, las vidas de sus ciudadanos.

Alberto Ángel Fernández, un abogado porteño de 60 años atildado y sonriente, recibió los votos de más de 12 millones de compatriotas (el 48%), que hicieron innecesaria la segunda vuelta. El mérito no fue completamente suyo: tras cuatro años de gestión errática, que terminará el año arañando el 60% de inflación y el 40% de pobreza, el rechazo contra Mauricio Macri, su adversario, fue una razón de peso. Sin embargo, su resultado fue menor que lo esperado: cuando los pronósticos auguraban 15 o 20 puntos de diferencia, fueron menos de ocho. En los últimos días, el miedo u odio al peronismo, la reivindicación del orden institucional y el recuerdo de las corruptelas le permitieron al macrismo repuntar y perder casi de manera digna.

Y aguarle la fiesta a su adversario: Fernández se imaginaba triunfador en todo el país, una fuerza de unificación avasallante, pero los resultados no acompañaron esa idea. Macri, pese a todo, le ganó en los cinco distritos más ricos: la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. La división sigue firme: los resultados son un mapa de las clases sociales argentinas, provincias pobres peronistas, liberales las acomodadas.

Es cierto, además, que la derrota de Macri sigue el modelo latinoamericano actual: muy pocos líderes, estos últimos años, lograron reelegirse. Los partidos gobernantes pierden elecciones porque millones de ciudadanos están insatisfechos y, sin muchas más opciones, caen en el ida y vuelta: votan a un partido, no funciona, votan a su rival, tampoco, votan de nuevo al primero, menos todavía. Hasta que, a veces, salen a la calle. Estos días en Chile, por ejemplo, el proyecto del presidente Sebastián Piñera (la “versión exitosa de Macri”) se derrumbaba en calles y avenidas.

Así que ahora en la Argentina la opción kirchnerista, que hace cuatro años parecía acabada, ha vuelto con renovados bríos. O quizá no. No se sabe, y es la gran intriga. Porque Alberto Fernández basó su campaña, breve y terminante, en convencer a millones de que lo que volvía no era el kirchnerismo, sino el peronismo. Son cosas muy distintas. El kirchnerismo es una forma política que se fue aislando cada vez más: se quedó con los incondicionales y fue excluyendo a todo el resto. El peronismo es, en principio, lo contrario: el arte de incluir más allá de cualquier lógica aparente.

El peronismo, que siempre derrota a los que intentan definirlo, es una máquina de concentración y conservación del poder que lleva 75 años dominando la escena política argentina; su metáfora básica es la bolsa de gatos. Ya lo decía su fundador, el general Perón: “Los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen gritar, creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo”.

Su gran arte consiste en mantener a los gatos en la bolsa. La potencia peronista siempre estuvo en la coexistencia inverosímil de todo tipo de variantes; el kirchnerismo no lo supo entender y por eso (y por sus descuidos con el dinero ajeno) perdió dos o tres elecciones seguidas y estuvo a punto de desaparecer. Macri, con su incompetencia y su maquiavelismo de moqueta, le hizo el favor de mantenerlo a flote, pero fue el peronismo “albertista” el que le dio la posibilidad de volver al poder con su silogismo ya casi famoso: “Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza”. La frase sintetizaba dos hechos concurrentes: que la expresidenta retenía 30 o 35% de los votos, que la otra mitad de los votantes jamás la elegiría.

Alberto Fernández es un hombre que, a lo largo de su vida, cambió muchas veces de ideas. Hace tiempo encontró por fin este lugar donde casi cualquier idea puede encontrar el suyo. Y ha dedicado su campaña a tratar de convencer a cuantos más mejor de que está con ellos, prometerles lo que quieren oír: que él es uno de ellos, aunque también tiene que hablar con todos los demás para que sus proyectos salgan adelante.

Fernández sabe hacerlo y lo ha hecho en estos días con banqueros, sindicalistas, empresarios, luchadores sociales, terratenientes, obispos, cultureros varios. Pero es cierto que en campaña es, relativamente, fácil; la cosa se complica cuando el prometedor tiene que gobernar. Entonces debe tomar medidas efectivas y esas medidas favorecen a algunos, perjudican a otros. Por eso, por si acaso, Fernández insiste en que quiere empezar su gobierno con una especie de gran acuerdo nacional: todavía nadie sabe en qué consistiría, aunque se habla de precios y salarios y potenciar el papel del Estado y mejorar la situación de los más pobres.

Pero es cierto que no ofrece nada muy estentóreo. Sus propuestas intentan ser más o menos razonables, mesuradas; hay quienes se lo critican. Pero, frente a la gritería reciente, eso sedujo o tranquilizó a muchos. Mientras tanto, su proyecto económico no está nada claro (además, en la Argentina los proyectos económicos duran meses, semanas, hasta que la siguiente sacudida obliga a buscar otro).

El hombre, en su camino hacia la quinta presidencial donde lo espera el Presidente, recibe los primeros datos: el dólar no se disparó y, siguiendo la tendencia de los últimos días, la bolsa resiste. Parece que, por el momento, los capitales lo apoyan, confían en él (o que ya habían descontado su triunfo). No sabe cuánto puede durar; nadie lo sabe. Mientras, el hombre se maravilla de cómo ha cambiado su destino: ahora, pase lo que pase, estará en los manuales de historia. Hace unos días decía que su aspiración era modesta: “Devolver la Argentina a la normalidad, terminar con el ciclo de crisis tras crisis”. Parece poco y no hay nada, en verdad, más ambicioso: muchos ya fracasaron intentándolo.

Esta mañana, en cualquier caso, empiezan sus mejores días, sus peores. En este mes y medio de poder sin gobierno que le queda hasta la asunción podrá armar pactos, repartir promesas, conceder mercedes sin tener que confirmarlos en los hechos. Mientras tanto, el que pronto será su gran opositor seguirá en el Gobierno sin poder, capeando crisis, dividido entre su deber de sostener el país y su tentación de complicarle las cosas al enemigo que acaba de vencerlo. Para volver, eventualmente, Mauricio Macri depende de algo que, en la Argentina, siempre fue una buena apuesta: que al siguiente también le vaya mal. O sea: que al país le vaya mal. Es su única opción.

Antes, el 10 de diciembre, el hombre recibirá un bastón de mando, un sillón, vivas y vítores y abrazos y un país siempre a punto de quebrar. Entonces tendrá dos problemas principales. Deberá, para empezar, consolidar su poder dentro del peronismo: gobernadores, jefes sindicales, sectores económicos, caciques varios. Es fácil, en principio, para un presidente que maneja la mayoría de los botones; parece más difícil cuando se recuerda que quien lo nombró fue su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para que el hombre consiga gobernar, el peronismo debe terminar de imponerse al kirchnerismo, su idea incluyente a la práctica excluyente de su vice, la componenda a la pelea.

El hombre, ahora, no quiere pelea; los argentinos, ahora, se diría, no la quieren. Para evitarla, el hombre debe mantener a todos los gatos satisfechos en la bolsa. En cuanto vacile, en cuanto falle, ese reino de taifas ambiciosas que es el peronismo respetará sus tradiciones y se alzará en su contra. Quizá pueda evitarlo, pero no será fácil. Si lo logra, solo le quedará el otro problemita: la Argentina.

* Periodista y novelista nacido en Buenos Aires y radicado en Madrid. Su libro más reciente es la novela "Todo por la patria. Es colaborador regular de The New York Times en Español. © New York Times News Service, 2019.

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Más allá de la tumba: la exhumación de Franco

Está claro que la historia de un país es lo que los pueblos, y sus poderes, deciden. La muerte del dictador abrió, hace ya 44 años, la transición española hacia la democracia.

/ 25 de octubre de 2019 / 23:39

El 24 octubre, el Estado español sacó los despojos mortales de quien lo manejó durante 36 años, el generalísimo Francisco Franco, “Caudillo de España por la gracia de Dios”, de su tumba oficial en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Allí los había depositado, el 23 de noviembre de 1975, días después del anuncio de su muerte, el rey Juan Carlos, su heredero; allí estuvieron, en terreno sagrado y estatal, durante todos estos años.

La basílica es un adefesio monumental, coronada por una cruz de 150 metros que es, dicen, la más grande del mundo, y se ve a 40 kilómetros de distancia. La hizo construir el generalísimo en 1940 para agradecer a su dios su victoria sobre la República, y usó para eso mano de obra semiesclava: miles de prisioneros políticos tardaron casi 20 años en terminarla. El régimen de trabajos forzados era brutal; muchos presos murieron y fueron enterrados allí mismo, en tumbas colectivas y anónimas.

La muerte del dictador abrió, hace ya 44 años, la transición española hacia la democracia. Eran tiempos inciertos, y aquellos políticos decidieron que la posibilidad de caminar hacia adelante valía la pena de no mirar atrás. Todos, incluidos socialistas y comunistas, los grandes derrotados de la guerra y la represión posterior, decidieron dejarlas de lado. Los Pactos de la Moncloa suelen citarse como ejemplo de superación de rencores históricos; otros los consideran un triunfo cobarde del olvido.

Durante décadas nadie lo rompió: cientos de miles de víctimas de la guerra civil española seguían en fosas comunes y tumbas ignoradas, y el dictador, en la suya pomposa, y nadie decía nada. Hasta que, a fines del siglo pasado, descendientes de los muertos republicanos empezaron a preguntar, a buscarlos. No eran muchos; se inspiraron, en general, en los deudos de las dictaduras sudamericanas de los años setenta, con diferencias fuertes. En América, las que buscaban a los desaparecidos eran sus madres; en España, si acaso, sus nietos. En América habían pasado cinco o 10 años; en España, 50 o 60. En América, en general, los gobiernos militares habían dejado países más pobres, descontentos; en España, en cambio, había una sociedad más rica y satisfecha que prefería no pensar más en todo aquello.

Así que esos pactos del olvido tuvieron el apoyo de grandes mayorías. Es un caso interesante: ¿qué pasa cuando el derecho a la verdad histórica y la identificación de los restos choca con la convicción mayoritaria de que no conviene sacudir el avispero? ¿Qué tiene prioridad en democracia, la justicia o la voluntad general?

En 2007, un gobierno socialista promulgó la Ley de Memoria Histórica, que aceptaba las reivindicaciones de los deudos y prohibía los nombres y símbolos franquistas en calles y plazas, pero el caudillo siguió en su basílica. Eran pocos los que insistían en que los despojos de un dictador no podían reposar en un monumento público; nadie les hizo mucho caso. Hasta que hace poco más de un año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió el poder con una maniobra parlamentaria y formó un gobierno provisorio.

Su posición era precaria: no tenía la mayoría ni la voluntad necesarias para producir cambios significativos, y decidió apelar a los símbolos emocionales: anunció que sacaría el despojo de Franco de su gran mausoleo. Su partido había gobernado 22 de los 41 años de la democracia española sin intentarlo nunca.

Hubo reacciones. La familia del dictador buscó —y obtuvo— el apoyo de la Iglesia católica para oponerse. Ambos pelearon para mantener a Franco bajo la cruz gigante. El proceso parecía detenido hasta que, hace unos días, el Tribunal Supremo dio por rechazados todos los recursos y habilitó la retirada del cadáver y su traslado al panteón familiar de El Pardo, junto a su esposa, en las afueras de Madrid: un lugar lo suficientemente retirado y controlable como para que no se vuelva un centro de peregrinación.

El partido socialista se precipitó sobre la ocasión: no podía llegarle en un momento más propicio. El 10 de noviembre tendrá que enfrentar nuevas elecciones generales —las cuartas en cuatro años— porque no quiso o supo formar gobierno tras su módica victoria de abril: aunque lo había prometido en la campaña, se negó a armar una alianza a su izquierda. Así, decepcionó o enojó a muchos votantes de ese sector; el retiro de los restos de Franco puede servirle para recuperar a algunos. Quizás aquí también el modelo fue latinoamericano. En Argentina, por ejemplo, los presidentes Kirchner utilizaron la condena de la dictadura para lavar sus pasados dudosos y mejorar sus alianzas presentes: para darle a su gobierno un barniz de izquierda que le sirvió para legitimarse y ganar votos.

Son los problemas de la “memoria”, como se llama en castellano sudamericano al recuerdo de las atrocidades cometidas por un régimen dictatorial. No hay nada más legítimo que recuperar y revisar esas historias; no hay nada más fácil, para ciertos gobiernos, que usarlas como material simbólico, con muy poco riesgo concreto, con muy pocos efectos sobre las realidades más estructurales.

España tiene muchos problemas —la degradación de la salud y la educación públicas, el desempleo de los jóvenes, el aumento de la pobreza, la incesante crisis catalana, la inacción del Gobierno— que esta administración no ha mejorado casi, pero ahora el presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, podrá decir que ha terminado con una injusticia histórica. Será verdad. También será verdad que, a esta altura, es un símbolo vacío de realidad.

Pero produce discusión, enfrentamientos. Franco llevaba 44 años muerto y enterrado entre sus mármoles y pocos se inquietaban: casi todos lo habían olvidado. Ahora, de pronto, se ha transformado en un tema de debate. Nada es más variable que el pasado. Está claro que la historia de un país es lo que los pueblos —y sus poderes— deciden, en cada momento, recordar. Y que esas decisiones son, siempre, un resultado del presente.

Incluso las estrategias planeadas con más cuidado pueden fallar. Si el Gobierno español no consigue resolver la crisis en Cataluña —y, al menos por el momento, no ha hecho nada al respecto—, la “Operación Franco” se perderá en este presente caótico tan complejo que es imposible apaciguarlo solo con maniobras políticas.

* Periodista y novelista argentino. Su libro más reciente es la novela ‘Todo por la patria’. Es colaborador regular de The New York Times en Español. © New York Times News Service, 2019.

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Las palabras tampoco

Las palabras están hechas para engañar, para que cada quien escuche y lea lo que quiera

/ 29 de septiembre de 2019 / 00:00

Pensé escribir “hay palabras que engañan” y me encantó mi ingenuidad: las palabras engañan. Las palabras están hechas para engañar, para que cada quien escuche y lea lo que quiera, escriba lo que pueda, se enrede en ellas. Sabemos que las palabras engañan pero son lo que tenemos, las usamos. Y sabemos que todas lo hacen, pero algunas más o mucho más.

Las que más engañan, probablemente, son aquellas que alcanzan la cima y se transforman en lugares comunes. Definamos: se entiende por lugar común algo que se escucha sin pensar, que se acepta sin más reflexión. Nunca las palabras engañan más que cuando se transforman en lugares comunes: cuando, a fuerza de repeticiones, se convierten en un envase en el que cabe todo y cualquier cosa, una manera de decir nada para que cada quien escuche lo que quiera.

En eso se basa la política en tiempos de democracia encuestadora, que algunos llaman demagogia o populismo. Embarrados en una discusión política más confusa que nunca, más inquietante que nunca, creo que habría que empezar por repensar las palabras que usamos, cómo, para qué. Empezar a ponernos de acuerdo sobre ciertos sentidos. O, por lo menos, a cuestionar los que damos por ciertos.

Es un trabajo inmenso, por supuesto, que “excede los límites —otro lugar común— de este trabajo”. Pero hay ejemplos que lo muestran. Todos proclaman, por ejemplo, su férrea voluntad de construir “una sociedad mejor”. Hubo tiempos en que muchos creían saber cómo debía ser una sociedad para ser mejor: igualitaria, justa, abierta, decían, y algunos incluso la llamaban socialista. Tenían proyectos, los discutían, los proponían. Cuando las experiencias que se pusieron ese nombre terminaron de fracasar en Europa Oriental o en el Caribe americano, los que querían cambiar las estructuras de su sociedad se escondieron con el lugar común: queremos hacer una sociedad mejor, trabajamos para una sociedad mejor. Y los que no quieren cambiarlas descubrieron que no les costaba nada decir que querían una sociedad mejor, ya que nadie les pregunta cómo lo sería.

Así que seguimos escuchando a pusilánimes acomodaticios —lo que en política llaman “oportunistas” o “políticos”— que dicen que quieren construir una sociedad mejor sin ofrecer la menor explicación sobre sus rasgos, y seguimos sufriendo a descuidados que los siguen votando sin pedirles esa explicación. Lo prometo: al primero que se suba a un banquito y anuncie que quiere hacer una sociedad peor me lo llevo en andas por toda la ciudad. Pero no es probable que suceda.

A veces la palabra “sociedad” es reemplazada por la palabra “mundo”: queremos hacer/construir/conseguir un mundo mejor. La falacia se mantiene o crece: ya no es solo el orden social el que será confusamente optimizado; también lo será el mundo en su conjunto y, quién sabe, algún planeta próximo.

Del mismo orden es el uso de “la gente”. Se dice “la gente” —que algunos socarrones han transformado en un concepto y ahora escriben “lagente”— para no tener que definir quiénes integran ese colectivo. Lagente es otro refugio reciente; se podría definir como “un conjunto amplio y voluntariamente vago de personas que deberían compartir intereses y opiniones”. A diferencia de otros conjuntos sociales, lagente no tiene un proyecto propio. En realidad, es la depositaria de ese sistema de ideas que los medios y los políticos de la derecha suelen llamar la falta de ideología. Los medios y políticos de la derecha postulan que “ideología” es aquello que piensan sus enemigos, habitualmente situados más a la izquierda; lo que ellos piensan no lo es.

A lagente le pasaría lo mismo. Lagente no tiene “ideología”; tiene, por supuesto, ideas: el sentido común; lagente piensa lo que se puede pensar sin pensar. Lagente no tiene, tampoco, pertenencia política precisa. Lagente deberíamos ser todos, más allá de nuestra posición social; por eso los intereses de un patrón y su empleado serían los mismos: son parte de lagente. Aunque lagente también sabe excluir: en general, los marginales —los pobres de los barrios precarios, los delincuentes, los adictos varios— no forman parte.

Como lagente es un todo confuso, sin un proyecto claro, se le pueden atribuir tan variadas ideas y emociones. Lagente es el lugar común donde se pueden colocar todos los otros: el lugar común de los lugares comunes. Es un triunfo sin fisuras. Lagente, sin dudas, quiere “una sociedad mejor” (siempre que se parezca a ésta).

Y hay otros mecanismos. Están esas palabras que cuyo abuso no consiste en hacerlas vagas, exageradamente amplias, sino, al contrario, en reducir su significado para beneficiar al sector que lo consigue. Mi mejor ejemplo es “redistribución”. Se habla mucho de la necesidad de hacerlo, de redistribuir los bienes, las riquezas de un mundo ahogado en injusticias y en necesidad. Lo que nunca se dice es que hay una redistribución que sucede todo el tiempo, incesante, avasallante: que desde hace décadas los bienes y las riquezas del mundo son redistribuidos en beneficio de los que tienen más, que las grandes fortunas consiguen más fortunas, que si algo decisivo ha pasado en estos años es precisamente esa redistribución que no llamamos redistribución para que no se note.

Y algo semejante pasa con la inseguridad, otro tema central en estos días. Millones de mujeres y hombres asustados, sobre todo en América Latina, claman que necesitan más seguridad y dan sus votos a quienes podrían dársela —y encumbran dinosaurios, trilobites, triceratopos, trogloditas varios—.

La palabra inseguridad ha sido secuestrada por los violentos que pululan y, así, cuando se habla de inseguridad no se habla de la inseguridad de un trabajador que no está seguro de si conservará su empleo, la inseguridad de un padre o una madre que no están seguros de si alimentarán a sus hijos, la inseguridad de un ciudadano que no está seguro de si su gobierno le permitirá vivir como querría. Todas esas inseguridades se quedan sin palabra, tapadas por la inseguridad —horrible— de la persona que teme que la asalten o la maten. Y, así, nos convencen de que lo peor de nuestras sociedades no es ese desempleo o esa hambre o esas represiones, sino el crimen: que eso es lo que nos hace vivir inseguros, que ese es el principal flagelo de lagente.

Son, insisto, ejemplos: llamadas de atención, llamados a extremar la atención a las palabras. Que son, sabemos, herramientas de poder; vale la pena, en estos tiempos de poderes cada vez más extremos, tratar, al menos, de conocer sus herramientas, de mellarlas. Como decía el otro: si no podemos cambiar el mundo, empecemos por cambiar la conversación. Para eso, antes que nada, hay que pensar qué dicen las palabras.

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