Este parece ser el peor año en la historia institucional de la Policía Boliviana. Si a inicios de año el hallazgo de una red de tráfico de influencias que cobraba miles de dólares por garantizar el ingreso a la Academia Nacional de la Policía (Anapol) puso en cuestión el honor mismo de la institución, el caso de dos oficiales vinculados con el narcotráfico está provocando un terremoto.
Todo comenzó con publicaciones de medios de comunicación que evidenciaban una relación entre el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz y otro oficial de alto rango con un narcotraficante buscado internacionalmente desde 2015. El Ministerio Público cruceño anunció que investigaría de oficio a falta de una denuncia de la Policía o del Ministerio de Gobierno.
El caso, que abrió en ese mismo momento una fuerte polémica respecto a la idoneidad e integridad de los oficiales de Policía, se complicó cuando, días atrás, el Ministro de Gobierno confirmó la relación entre los dos oficiales y el narcotraficante (de quien se dijo que huyó al extranjero usando documentos de identidad falsos), y —para más humillación de la institución “verde olivo”— que el ahora prófugo fue condecorado por la Policía en dos ocasiones.
También saltó a la luz que sobre el narcotraficante pesa un pedido de extradición de Brasil desde 2015, y que la Interpol tenía alerta roja para dar con su paradero. El caso ha provocado el cambio del 100% del personal de la FELCC cruceña y el inicio de auditorías en la Interpol en esa ciudad. Además, en días recientes, tanto el Comandante General de la Policía como el Ministro de Gobierno anunciaron drásticas medidas para transformar el orden disciplinario en la institución llamada por la Constitución a velar por el orden interno y luchar contra el crimen y la delincuencia.
Previsiblemente, políticos de oposición tomaron el caso para poner en cuestión al Gobierno y su incapacidad de controlar la conducta institucional de la Policía. Algunos diputados pidieron la renuncia del Ministro de Gobierno, quien manifestó estar dispuesto a ser investigado; y el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana afirmó que el desastre de la Policía tiene base en la “injerencia” gubernamental sobre la institución.
Los dos casos aquí citados no son más que la muestra más reciente de una interminable lista de defectos en la Policía Nacional; y junto con cada uno de los escándalos desatados en el pasado, llegaron las promesas de sanción a los “malos efectivos” y de transformación de la moral de la institución, sin que tal cosa haya sucedido.
Es tiempo, pues, de hacer una verdadera transformación en la Policía, a riesgo de que de no hacerlo, el cáncer de la corrupción termine por afectar de manera seria a las autoridades del Órgano Ejecutivo, que quedarán para la historia como personas que sabiendo que había un problema no supieron o no pudieron resolverlo.