Luego de reiterados pedidos y alertas por parte de entidades de los medios de comunicación en el país, y tras auspiciosos encuentros con autoridades del Gobierno, se acordó suprimir la obligatoriedad de difundir mensajes gratuitos en diferentes materias, y postergar el inicio del llamado “apagón analógico”. Estos importantes acuerdos serán expresados en reformas normativas.
Desde el decreto reglamentario (enero de 2011) de la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, sucesivas normas establecieron que los medios deben elaborar y difundir de manera obligatoria “productos comunicacionales propios” con mensajes vinculados con derechos. La difusión, con una cuota mínima mensual, tiene que hacerse en horarios y espacios preferenciales. Al principio parecía razonable, pero hoy se compromete la salud financiera de los medios, ya que las leyes superan la decena.
La norma más reciente que impone la difusión de mensajes es la Ley de Organizaciones Políticas (septiembre de 2018). Si bien su naturaleza es distinta a las otras leyes, pues hay obligatoriedad solo cuando se reciben contratos por concepto de propaganda electoral, el principio es el mismo: horarios y espacios gratuitos, en este caso destinados a los partidos y candidatos de las elecciones en el marco del “fortalecimiento público”. El mecanismo parece interesante, pero debilita a los medios.
En cuanto al “apagón analógico”, según el plazo establecido en el Plan de implementación de televisión digital terrestre, el primer apagón en siete ciudades del eje central debía realizarse el 31 de noviembre de este año. Luego habría aplicación progresiva hasta completar el territorio nacional en noviembre de 2024. Se trata de un salto tecnológico ya adoptado en otros países, que mejora sustantivamente la calidad y amplía la cobertura. Se acordó con el Gobierno postergar este apagón inaugural.
Estamos entonces ante una buena noticia para los medios de comunicación en el país, que ciertamente tendrán menos restricciones en materia de publicidad. Ahora corresponde que una comisión de trabajo defina la ruta normativa para suprimir la difusión gratuita de mensajes (hoy vigente en 12 leyes y un decreto supremo) y analice técnicamente la nueva fecha del apagón analógico. Sobre esta base, corresponderá a la Asamblea Legislativa la modificación de las leyes que sean pertinentes.
En ese marco, es fundamental reafirmar la responsabilidad de los medios en la promoción de derechos. Aunque ya no habrá obligatoriedad, los medios debemos producir y difundir por convicción contenidos en contra del racismo y la discriminación, contra la trata y tráfico de personas, a favor de derechos lingüísticos, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en apoyo a personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otros; además de impulsar el voto informado en democracia.