La estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico se basa esencialmente en el control social a la producción de la coca. Su aplicación limita la oferta en función del consumo legal, bajo la premisa de evitar su desvío con fines ilícitos. Y si bien es una estrategia aún perfectible, demuestra que las políticas de apoyo son mucho más efectivas que las coercitivas. Tales resultados nos inducen a considerar que otras políticas públicas sobre sustancias controladas deberían basarse en este enfoque de apoyar en lugar de castigar.
En 2018 se vio un avance con la Ley 1005, abrogada por tensiones políticas que dificultaron una lectura algo más objetiva acerca de lo que se planteaba con relación a las drogas. Pequeños pasos como la despenalización del consumo y del microtráfico de drogas fueron pasos esperados por la sociedad civil progresista. Sin embargo, la falta de socialización del documento y la desinformación llevaron a que la población confunda la despenalización con el “fomento al consumo”. Y es en este punto que se deben dejar en claro algunos criterios.
La despenalización implica que un delito (que antes era sancionado) deje de ser penado. En cambio la tipificación de la descriminalización pasa del ámbito penal al no penal, sigue siendo una infracción, pero ya no es un delito. Con legalización una conducta otrora proscrita pasa a estar permitida. Entretanto, la regulación plantea que el Estado controle la producción, comercialización y venta de una sustancia, mediante normas específicas.
Estos conceptos responden a procesos muy diferentes; y entender su significado legal puede ayudar a la solución más pertinente para tratar el fenómeno de las drogas. Si me dieran a elegir entre uno de los cuatro procesos antes mencionados, me decantaría siempre por la regulación de las sustancias ilegales. La legalización puede servir si se la entiende como un paso dentro de un proceso; pero no tendría mucha trascendencia si apunta a una política pública de regulación que le haga frente al problema del narcotráfico, pues este negocio se alimenta de la ilegalidad y de la falta de control del Estado.
Me considero siempre una optimista y creo que Bolivia, país que algún momento fue cuna de pensamiento político, lucha y reivindicación del sur, no debe detenerse en la búsqueda de soluciones a sus problemas por temas políticos o conflictos de intereses. Campañas como la de “Apoye, No Castigue”, que fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, son sencillamente brillantes, al sobresaltar que un cambio de enfoque lo es todo en cuanto se trata de derechos humanos, justicia y buen vivir con relación a las drogas.
* es miembro de la Fundación Acción Semilla.